En la Venezuela de Nicolás Maduro, nadie está a salvo

El conductor de noticias de la señal Univisión, Jorge Ramos, fue detenido junto a su equipo, en el palacio presidencial de Nicolás Maduro, en Venezuela, el pasado lunes por la mañana. Luego de que Ramos inquiriera a Maduro en relación a temáticas vinculadas con fraude electoral y abusos contra los derechos humanos, y exhibiera al líder del régimen venezolano un video que exhibiera a ciudadanos hurgando en la basura por comida, los matones de Nicolás Maduro confiscaron su equipo técnico y detuvo a los periodistas.

A posteriori, fueron liberados y expulsados del país, pero ya sin su equipo y material fotográfico y fílmico, obtenidos durante la entrevista. Con la meta de eludir la responsabilidad por el hechoel ministro de propaganda de Maduro, recurriendo a argumentos ridículos, afirmó que Univisión y el Departamento de Estado del presidente estadounidense Donald Trump escenificaron la detención. Ramos y los miembros de su equipo son ciudadanos estadounidenses y, para el régimen venezolano, el solo hecho de haberlos detenido, certifica otro aspecto de su desaprensión.

Aún con toda la atención mundial depositada hoy en Venezuela, Nicolás Maduro y sus matones continúan comportándose con impunidad.

Pero Ramos no es el único ciudadano de los Estados Unidos a quien Maduro ordenó detener. Durante más de un año, seis estadounidenses, empleados de la firma Citgo, fueron encarcelados ilegalmente en Venezuela. El arresto de los Seis de Citgo se exhibió como una demostración de poder de Maduro, a criterio de designar al primo del difunto Hugo Chávez como presidente de la compañía.

El comportamiento sádico de Maduro se extiende incluso a su propio pueblo. El presidente interino Juan Guaidó exigió la entrega de asistencia humanitaria crítica a los Estados Unidos de América y a otros aportantes de Occidente. Guaidó y sus simpatizantes planificaron el ingreso pacífico de embarques de alimentos y medicinas a Venezuela. En lugar de darse esa situación, la zona fronteriza se precipitó en el caos. Nicolás Maduro Moros bloqueó numerosos puentes, y puso fin a las relaciones diplomáticas con la vecina Colombia, desde donde se ideó el ingreso de los cargamentos.

Los paramilitares leales a Maduro, conocidos como 'colectivos', y las fuerzas armadas venezolanas, según se informó, incendiaron camiones repletos de las muy necesitadas medicinas y alimentos. Un buque de bandera estadounidense, procedente de Puerto Rico, y que transportaba ciudadanos estadounidenses, también recibió amenazas por parte de la armada de Maduro. A la postre, los colectivos y las fuerzas armadas terminaron hiriendo a 287 personas, deteniendo a más de cincuenta, y asesinando a catorce, en oportunidad de las escaramuzas.

Tras los eventos registrados en la frontera, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos implementó una serie de sanciones específicas contra cuatro gobernadores de provincia alineados políticamente a Maduro, por no haber permitido el ingreso de la asistencia humanitaria. Para los Estados Unidos, el régimen de Maduro no personifica exclusivamente una amenaza contra los ciudadanos de Venezuela, sino también contra aliados regionales de Washington, y contra sus intereses regionales. El escenario es particularmente tenso con la vecina República de Colombia. La frontera entre Venezuela y ese país es la más extensa, siendo Bogotá un aliado importante para los Estados Unidos, y el principal receptor de asistencia externa americana en América Latina.

La destrucción que Maduro Moros perpetró en perjuicio de la economía venezolana dio lugar a una catastrófica crisis humanitaria. A su vez, esa variable condujo a la peor crisis migratoria conocida en la historia de Latinoamérica, con más de 3.3 millones de venezolanos huyendo de su país. Colombia, por caso, ya ha recibido a 1.5 millones de aquéllos. De no producirse una transición hacia la democracia en Venezuela, las condiciones que han dado origen a la crisis migratoria muy probablemente empeoren. Aún a pesar de la aguda impopularidad que caracteriza al régimen de Nicolás Maduro, sus lealtades controlan numerosos resortes de poder en la nación. Adicionalmente, su Estado policial, manufacturado por La Habana, es la envidia de los dictadores alrededor del mundo.

No debe permitírsele a Nicolás Maduro Moros permanecer en el poder. Estados Unidos y más de cincuenta naciones que reconocen a Guaidó como legítimo presidente, deben mantener una estrategia que se respalde en el incremento de la presión.

Los socios de la coalición deberían seguir los pasos de los Estados Unidos de América, implementando también sanciones contra funcionarios del régimen de Maduro; en rigor, éstos son criminales, no políticos, y deberían ser tratados como tales. La comunidad internacional no puede decepcionar a Venezuela, cuyos ciudadanos se han visto gravemente privado de libertades.

Artículo original, en inglés, aquí