Argentina: la Gestión Macri y el mito de la restauración liberal

De todas las numerosas formas que los gobiernos han tomado a los largo de los siglos, de todos los conceptos e instituciones que se han ensayado, ninguno ha logrado mantener al Estado bajo control.

Murray N. Rothbard

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Es probable que el temerario lector que se anima a seguir estas reflexiones haya asistido a la discusión -erudita o simplemente coloquial- emparentada con el grado de intensidad del liberalismo encarnado en la gestión del Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Y es aún más probable que, desprolijo y caótico, el debate concluya con la ratificación de las respectivas convicciones derivada del nulo esclarecimiento del objeto de discusión.

Conforme el problema nos amenaza desde su particular complejidad, hemos optado por reunir las piezas del puzzle, y avanzar hasta que algún elemento del paisaje nos acerque la cercanía de nuestro objetivo.

1. La piedra angular del liberalismo económico (que influye y articula con las facetas políticas y sociales del sistema) ha sido, desde siempre, la aversión a la injerencia del Estado en la economía, provisto que conspira contra el requisito de transparencia de un ámbito no monopólico en el que una miríada de ofertantes y demandantes determinan el precio de bienes y servicios. Este precio es considerado siempre 'justo', esto es, resultado de un mecanismo ciego (ajeno a privilegios y prebendas), escenario donde el mercado reparte premios y castigos objetivamente.

El Estado que recibe la actual Administración en 2015 presentaba, entre otros, los siguientes rasgos:

a) La cifra de empleados públicos que en 2003 era de 484 mil había escalado hasta alcanzar los 779 mil, incremento del 61% que, a su vez, representaba el 20% de la población económicamente activa. Cuatro años después, la nueva gestión no ha podido modificar las relaciones indicadas. Los cargos políticos se dispararon en un 25%, incluyéndose ministerios, secretarías y direcciones. Desde 2003 a 2015, el gasto público había crecido del 21% a un monstruoso 38% del PBI. Hacia las postrimerías de 2018, el Banco Interamericano de Desarrollo estimó que el gasto público argentino se situaba en un 35% del Producto Bruto Interno.

El caso emblemático de un Estado-empresario torpe y ruinoso para el erario público parece ser Aerolíneas Argentinas, ejemplo que es lícito citar, conforme explicita cabalmente una conducta anti-liberal paradigmática.

De cara a un quebranto de más de U$S 200 millones anuales, el Presidente afirma: 'No es justo que el 95% que no usa aviones tenga que pagar para que Aerolíneas Argentinas funcione'. Las autoridades de la citada compañía han reconocido, en oportunidad de desarrollarse el último coloquio de IDEA que, a lo largo del año en curso, el déficit será aún mayor, a consecuencia del aumento registrado en el precio de los combustibles y los insumos, tras la megadevaluación registrada. Durante la gestión anterior, se destinaron en subsidios a la firma más de US$ 5 mil millones, lo cual consigna un aporte estatal de U$S 100 por cada pasaje (si hemos de aferrarnos a las sentencias compartidas por el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich). Así, pues, Aerolíneas Argentinas emplea 1,4 empleados por cada mil pasajeros, cuando Latam y Avianca reportan un promedio de 0,8. De acuerdo a un informe de la Auditoría General de la Nación, durante 2018, la compañía aérea ha retornado una de las tasas de productividad de su tripulación más bajas del mundo.
 

No resulta contrario al ideario del liberalismo que el Estado fomente, vía subsidios, servicios útiles que no conciten el interés privado. Aplica aquí el principio de subsidización,

el cual  autoriza la gestión oficial en ausencia del capital de los particulares. Se trata de un remedio excepcional con aspiraciones a la solución perentoria. Amén de la discusión vinculada a las condiciones políticas que permiten reformas estructurales, se advierte una confesa predilección por el status quo que, en la práctica, posterga el conflicto y lo legitima con argucias dialécticas.

b) La intervención del Estado en el mercado es ponderada como un indicador de libertad económica precisamente mensurable y susceptible de comparación entre las naciones. El Fraser Institute de Canada ha publicado su Indice de Libertad Económica 2018, en el que se aprecia que, sobre 162 países evaluados, la República Argentina ocupa el puesto 160, sólo superada por Venezuela y Libia. Al mensurarse el nivel de intromisión del Estado en la economía y la fortaleza del sistema de defensa del derecho de propiedad, nuestro país se sitúa, del mismo modo, en el escalafón 160 del ránking. Otras mediciones del informe revelan :1) moneda sana: puesto 155; 2) tamaño relativo del Estado: puesto 155; 3) Marco normativo o regulatorio: 152; 4) libre comercio: 160 (la totalidad de las comparaciones, se insiste, ha sido desarrollada sobre un total de 162 naciones).

2. Del cuadro general de la economía argentina de hoy, emerge una evidente limitación creciente del ámbito de la autonomía de la voluntad para contratar. La no implementación de medidas enérgicas con miras a que el espacio de gestión de los particulares resulte ampliado en comparación con el modelo antecedente redunda, finalmente, en una amputación del modelo original en torno al cual se diseña cualquier sociedad de mercado. En consecuencia, renunciar a la faena de ampliar el campo de aplicación del dogma liberal que promueve el 'intercambio voluntario' certifica inconsistencias entre el discurso verbalizado y la administración de los recursos políticos y económicos derivados del Poder aceptado como carga y compromiso ético. En el terreno de las relaciones entre el capital y el trabajo, la convalidación -por inercia- de una regulación estatal cuasi-total, construye serias limitaciones para la autonomía de la voluntad. Al ratificarse el precepto que distingue una parte fuerte y otra débil en la relación laboral, en los hechos se confirma el principio marxista de la apropiación patronal de la plusvalía (o, si se quiere, de la utilidad marginal) generada por el trabajador. Algún lector de buen criterio habrá observado, a estas alturas, que el gobierno no hace todo lo que quiere, sino todo lo que puede. Esta objeción podría resultar sensata, a condición de que se pruebe en los hechos que, efectivamente, se ha echado mano de toda la energía disponible a los efectos de concretar la segunda parte del enunciado. Nuevamente, en la práctica, el imperativo de ensanchar la base electoral de la Administración ha impulsado una táctica de iniciativas tímidas y de consensos tan trabajosos como precarios, que han dejado fastidiados por igual a las fuerzas propias y a las que el coqueteo pudoroso intentó seducir.

3. Del intercambio voluntario, se deriva una relación que llamamos precio. La injerencia estatal crea condiciones tan atractivas como fraudulentas, cuando se trata de promover el consumo. Subsidiar el financiamiento de la compra de ciertos bienes (como ser: artefactos para el hogar) introduce un factor espurio en la relación oferta/demanda. Se crea, así, la imagen fantástica de que el Estado se hace cargo del costo marginal derivado de una facilidad de pago incompatible con una economía estructuralmente inflacionaria, imprevisible y anárquica como la argentina. Se disimula (o bien se disfraza) el dato ¡duro de que será la sociedad y, muy en especial, los sectores aparentemente beneficiarios del programa quienes sostendrán la alteración de las reglas de mercado, por vía del impuesto inflacionario, conforme en nuestro país, y más allá de toda retórica populista, el experimento concluye con la emisión fraudulenta de dinero. Una observación de Milton Friedman, teórico insoslayable de esta escuela de pensamiento económico, arroja luz sobre el análisis: 'Si un intercambio entre dos personas es voluntario, no tendrá lugar, a menos que ambas partes crean que se beneficiarán de él. La mayoría de las falacias económicas derivan de perder de vista esta simple reflexión'.

En la actual Administración, un puñado bien identificado de funcionarios han afirmado que la inflación generada por la remarcación de precios es producto de un afán desmedido de lucro. Incluso el actual titular del Banco Nación supo afirmar, al conceder una entrevista, que resultaba 'inexplicable' que no se hubiese registrado un descenso en el precio de las propiedades raíces, tras una fuerte devaluación como la padecida en el bimestre abri-mayo de 2018. Una vez más, se abandonan las bases teóricas del liberalismo económico y se ponen en práctica principios que suelen sostener sus más encarnizados detractores, es decir, que la codicia y el afán de lucro exacerbado empujan el índice de inflación. Es que, precisamente, los fundadores del sistema han enseñado -hace doscientos años ya- que es el apetito de ganancias (en un contexto de conductas lícitas) el medio que deriva en el bienestar general de la sociedad. En lugar de reconocer la impericia en la aplicación del remedio adecuado, la perspectiva gubernamental busca explicar el desmadre copiando los argumentos de los enemigos del sistema. En condiciones de transparencia del mercado, con precisa exclusión de todo monopolio u oligopolio -tanto de oferta como de demanda-, los precios, en su rol de vectores resultantes sujetos a mutaciones controladas por el propio mecanismo inmunológico del sistema, deberían considerarse sagrados.

4. El liberalismo como concepción filosófica abarcadora del plano económico, social y político, exige -como condición sine qua non- la implementación efectiva de una condición que uno de los más lúcidos mentores del sistema ha sintetizado de esta manera: 'La igualdad ante la ley no es un hecho sino una exigencia basada en una decisión moral. Y es totalmente independiente de la teoría (probablemente falsa) de que todos los hombres nacen iguales' (Karl Popper; 'La ética que debería aceptarse como principio jurídico'). Es decir que la evaluación de una sociedad de mercado, la cual reposa -como ya dijimos- en el intercambio voluntario, no es válida si no existe un régimen que garantice la igualdad de oportunidades. Contra la simplificación con frecuencia malintencionada, que equipara régimen liberal con ausencia del Estado, se hace necesario recordar el rol crucial de éste en la equiparación de chances como piedra angular del mecanismo. Precisamente, la generación del ochenta cumplió el precepto y el mandato sarmientino de que la educación popular obligatoria y gratuita constituía el medio idóneo para equilibrar las ventajas de la herencia material y el prestigio artificial del exhibicionismo social. Hoy, toda evaluación del nivel educativo argentino arroja resultados deprimentes, y esta defección es un objeción insalvable a la hora de mensurar la calidad de vida contemporánea.

5. No constituye un dato menor el hecho de que la Argentina integre un grupo minúsculo en el que los sindicatos brinden asistencia médica. Se ha naturalizado el hecho por décadas de aplicación, pero resulta, a todas luces, un compromiso de las organizaciones de los trabajadores teórica y prácticamente insostenible. En 1026, el Estado argentino adeudaba a los obras sociales sindicales la escalofriante suma de AR$ 27 mil millones. La Superintendencia de Salud de la Nación giró, en el transcurso de este año, AR$ 2.700 millones en efectivo, AR$ 8 mil millones a la cobertura Universal de Salud del sector público, AR$ 4.500 millones para el fondo de emergencias, mientras que ha decidido crearse un fondo especial en el que AR$ 14 mil millones han sido colocados en fondos públicos (ver en Internet: Chequeados; 'Cómo se financian las obras sociales y por que son importantes en la puja sindical'). El gobierno, copiando a un liberal como el ex presidente Barack Obama, acaso debiera postular un Sistema Unico de Cobertura de alcance nacional que optimizara la administración de recursos materiales y humanos que hoy se superponen y que, en su anárquica distribución, redundan en servicios de la peor calidad, salvo honrosísimas excepciones. No obstante, y una vez más, la negociación que persigue la meta de mantener controlados los niveles de conflictividad social concluye en la eternización de las conducciones y en la inaccesibilidad de auditorìas de las cajas, de las que suelen desprenderse recursos para garantizar la presencia sindical en cada comicio nacional. La ausencia de resultados en este asunto es de tal magnitud que, en pocas otras, resulta tan ocioso el esfuerzo crítico.

6. El 20% de la población económicamente activa (PEA) cumple funciones en el aparato estatal. Bélgica, Canadá y la Gran Bretaña exhiben proporciones similares, pero la sustancial diferencia de calidad en términos de servicio y asistencia es marcada, de tal suerte que el ratio local resulta escandaloso. Dos naciones con economías sólidas y con gravitación mundial como Corea del Sur y el Japón ocupan el 6 y el 7% respectivamente de su PEA.

7. Por estos días, desde algunos sectores se intenta descalificar a la gestión gubernamental, tildándola de neoliberal. Desde el punto de vista de cierto progresismo, el macrismo constituye una maniobra gatopardista para enmascarar la instauración de un sistema destinado a asfixiar a la revolución proletaria. Poco o nada de asombroso tendría esta defenestración, si no coincidiera con la crítica, de signo diverso, que portan los apóstoles del liberalismo genuino o auténtico, para quienes el prefijo 'neo' representa una traición a los postulados esenciales de la filosofía original del sistema. A la postre, Mauricio Macri personificaría un experimento de estatismo de alta intensidad, como deriva aggiornada del desarrollismo de los años sesenta, y enmarcado todo el aparato naturalizador en las recomendaciones de Lord John Maynard Keynes. Este, a su vez, en instituciones de análisis económico serias -aunque eventualmente polémicas- es considerado como un enemigo del liberalismo; o al menos así lo refiere la Escuela Austríaca. El énfasis puesto casi exclusivamente en la obra pública -especialmente en el área vial, como herramienta dinaminizadora de la economía- aporta argumentos a los simpatizantes de aquella objeción. Voces calificadas que respaldan a la actual Administración también abominan del vocablo: 'Decir neo-liberal equivale a decir "semi" liberal o "pseudo" liberal, un puro contrasentido. O se está a favor o "pseudo a favor" de la libertad (...) La fórmula no ha sido inventada a criterio de expresar una realidad conceptual, sino con el objeto de devaluar semánticamente con el arma corrosiva de la irrisión, la doctrina que simboliza, mejor que ninguna otra, los extraordinarios avances de la libertad en el largo transcurso de la civilización humana' (Mario Vargas Llosa, 'El liberalismo Entre Dos Milenios').

Una idea, que ha venido imponiéndose, declama que gestiones como la macrista adoptan preceptos del liberalismo histórico entendido como genuino, pero que lo acotan aceptando excepciones determinadas por el tiempo (como época y como plazo disponible políticamente) y el intervencionismo mínimo imprescindible, con lo que se abra la puerta a la fijación autoritaria del costo del dinero y de las mutaciones cambiarias, entre los ejemplos más notables de injerencia estatal. Al optar por un sendero intermedio entre el socialismo y la sociedad de mercado en su versión no-contaminada, el macrismo corre el riesgo de exhibirse como una etapa superadora del kirchnerismo. Es factible que la vacilación a la hora de adoptar un modelo no-híbrido remate en el desprestigio del experimento y de sus adláteres.

7. Una frase de fina ironía, atribuida a Milton Friedman, sentencia: 'Ningún almuerzo es gratuito' (en inglés del original, 'There's no such thing as a free lunch'). Cuando, hace ya décadas, se proyectó para Tierra del Fuego un régimen especial de desgravamiento de importaciones tendiente a fomentar fábricas de armado de artículos de electrónica, se argumentó recurriéndose a las siempre ambiguas razones de la ciencia de la geopolítica. Un repaso del costo fiscal del programa arroja cifras espeluznantes. En 2017 y 2018, representó AR$ 26.845 y AR$ 31.081 millones de pesos, algo así como el 0,26% del PBI argentino. Hacia 2019, el quebranto fiscal ascenderá al 0,32% del PBI, implicando la renuncia a AR$ 59.608 millones. Ningún proyecto conocido estudia, ni por asomo, una sana reconversión del indefendible y ruinoso programa.

8. El presupuesto 2019 a nivel nacional marcará un récord en lo que respecta a los montos destinados a la asistencia social. Lejos de idearse mecanismos que incentiven la responsabilidad personal, al tiempo que corrijan las desigualdades generadas por los privilegios de clase o por cualquier otra razón que los torne artificiales, el sistema convalida el Estado Interventor. Así también, se consolida el dramático cuadro que certifica que las principales fortunas argentinas se amasaron al calor de contratos con el mismo Estado bobo y fuente de corrupción que explica, en gran medida, el enigma del fracaso argentino.