Vox pópuli en el Nuevo Mundo

El presente desmoronamiento político, social y económico que experimentan países como Venezuela, Nicaragua, Cuba y también Bolivia -aunque en bastante menor medida-, las miradas se posan sobre la República Federativa del Brasil. Este país optó por una suerte de 'Nunca Más' que puso en jaque a los regímenes de izquierda de la América del Sur.

Todo lo cual tiene lugar cuando, en simultáneo, emerge en España una organización política que comúnmente es calificada por sus detractores como 'de extrema derecha'. Con todo, el núcleo VOX (que remite a la expresión latina, y significa 'Voz') ha comenzado a adueñarse del proscenio, contando con un presidente y un secretario general que se ha desempeñado en las fuerzas armadas. Curiosamente, ofreciendo margen para una comparación con el caso de Jair Messias Bolsonaro en Brasil. 

Francisco Ortega Smith -secretario del partido-, además de ser de profesión Abogado y dirigente político, porta doble nacionalidad. Es de padre español y madre argentina y, observando lo que sucede en nuestra región, es lícito prestar atención a las principales tres líneas estratégicas de VOX: el rescate del nacionalismo, las restricciones a la inmigración y la defensa de la familia tradicional.

En paralelo, los jefes de Estado de siete naciones sudamericanas (Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Paraguay y Ecuador) y los dignatarios diplomáticos de otros cuatro países (Guyana, Bolivia, Uruguay y Surinam) se han reunido en marzo pasado, en la República de Chile, a los efectos de crear el Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR). La iniciativa persigue como meta el sepultar definitivamente a la ideologizada UNASUR, hacieno a un lado a las naciones de la región que no respeten el sistema y los valores democráticos, los derechos humanos ni las libertades individuales fundamentales. El novedoso órgano incorpora, además, una serie de convenios relacionados con Defensa, Seguridad y combate contra el crimen organizado, en tanto su agenda también abarca cuestiones vinculadas a la soberanía y la integridad territorial.

Ambos escenarios, por un lado, el reverdecer de un sólido nacionalismo propiciado por Jair Bolsonaro, con un marcado respaldo del presidente estadounidense Donald Trump y, por otro, un esfuerzo democrático de no pocas naciones sudamericanas que persigue aislar no solamente a Venezuela, sino también a Cuba y Nicaragua -y emitir un alerta a Bolivia-, coadyuvan a la construcción de un nuevo bloque geopolítico en la región, a la hora de hacer frente a las recurrentes amenazas personificadas en el narcotráfico y en organizaciones paramilitares que hoy prosperan al amparo de la izquierda. Amén de esta circunstancia, lo que está teniendo lugar puede vincularse, sin más, a una creciente descalificación y llamado de atención a la cada vez más ineficiente Organización de las Naciones Unidas (ONU). En síntesis, he aquí un grupo de países que se ha propuesto ponerle el cascabel al gato. Un gato viejo, flojo, lento, inoperante, con evidentes problemas de sobrepeso, y que cada día es más amigo de los ratones. Se ha llegado al inconfesable extremo de no saber qué hacer con el felino; pero lo cierto es que ahí está y es preciso alimentarlo día a día.

 

Al cierre, y repasando los contenidos de un paper oportunamente elaborado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) en febrero pasado, resulta alarmante el hecho de que la Madre Patria nos sitúa en el 'barrio de la coca'. Lo cierto es que nadie se salva, y por algo será. El estudio de referencia ejercita una división subregional, reuniendo a las naciones del orbe sudamericano en tres destacados grupos. Un área andina, integrada por Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Un Frente Atlántico-Caribeño, integrado por Venezuela y Brasil y un Cono Sur, integrado por la Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. El factor común del análisis es la comercialización del clorhidrato de cocaína. Unos, como los tradicionales productores otros, como los grandes corredores que permiten el tráfico entre distintos países, y ahora, le agregamos los flamantes grandes consumidores, como el caso de Chile.

Complementariamente, el informe alerta frente a la problemática del tráfico de armas, la explotación ilegal de la minería, la trata de personas, el tráfico de vehículos robados y de combustibles, y el rubro de la comercialización de ropa falsificada (falsificación marcaria). En el conjunto de los países mencionados se observa el aumento del crimen organizado, de la descarada corrupción política de personas de gobierno, y también, el surgimiento de entidades foráneas que, enmascarándose en fachadas ficticias, se relacionan con el terrorismo fundamentalista islámico.

Al respecto, pareciera ser que la escasa presencia del Estado en zonas geográficas de difícil acceso, lo que en Chile conocemos como Fronteras Interiores y que muchas veces no sólo se trata de un problema de conectividad, sino también de decisión política, al aceptarse que en las grandes urbes existan barrios y poblaciones a los que no llega ley ni autoridad alguna, favoreciéndose allí la radicación de grupos que operan con un sistema paralelo de autoprotección y sometimiento a partir del terror para consolidar sus intereses delictivos -como sucede fundamentalmente en Brasil, con el accionar de organizaciones paramilitares o milicias integradas por ex policías que ofrecen ilegales servicios de protección. Realidad a la que, aunque en menor medida, ya se asiste en esta subregión.

A la postre, lo anteriormente mencionado no remite a otra problemática que a la abierta incapacidad del Estado, por intermedio del gobierno de turno en cada país, al momento de ejercer un control efectivo del propio territorio y de sus fronteras; sucediendo lo propio a la hora de ofrecer respuestas a la violencia, echando mano de los medios tradicionales otorgados por mandato en la legislación. En el caso de Chile, esa disfuncionalidad se ha trasladado hacia el sur del país, forzando a la actual Administración a decretar el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en las Regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos. La gestión decidió involucrar a las Fuerzas Armadas, particularmente al Ejército, en actividades no-tradicionales. A este esfuerzo se agrega una medida anterior que ordena la implementación de controles en más de un centenar de pasos ilegales en en la frontera chilena con Perú y Bolivia -programa conocido como Plan Frontera Norte.