Argentina: brecha, fragmentación y fractura

Acaso por primera vez desde entrados los años ochenta, los escasos estudios de opinión dignos de atención comparten valiosos datos no ya vinculados a preferencias electorales, sino a los elevados porcentuales de indecisos y de votantes francamente desinteresados en los prolegómenos que hacen al proscenio político.

Puesto en limpio, esas encuestas han comenzado a evidenciar un atendible fenómeno, a saber, que el ciudadano de a pie difícilmente tiene clara la oferta de candidatos, al tiempo que esa ignorancia exterioriza un velado convencimiento de que los aspirantes a puestos electivos nada harán por solucionar sus problemas. A su vez, este concierto exhibe un correlato informativo, que se verifica en el desmoronamiento de los rátings de los programas políticos y noticieros (emitidos tanto desde el cable como en televisión abierta).

En el ínterin, las aristas emparentadas con esa fenomenología terminan desembocando en una realidad adicional, esto es, que la multiplicación de oportunidades para votar no necesariamente se traducen en 'mayor democracia'. Según el distrito de que se trate, muchos ciudadanos se verán forzados -conforme lo tipificado por la legislación electoral vigente- a sufragar no menos de tres veces en todo 2019. Puesta en escena que, naturalmente, incluye al furtivo proceso conocido como PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) -fraguada competencia cuya inutilidad incluso los propios protagonistas subrayan, en tanto consignan el multimillonario gasto para el erario público que aquella representa.

En la teoría, al menos, ese contexto invitaría a la clase dirigente y a los partidos a replantearse mecanismos desde los cuales intentar subsanar el desmadre. Pero, en la Argentina actual, está sucediendo exactamente lo contrario: conforme lo exponen los hechos, la política se exhibe plenamente conforme no solo con un calendario electoral que complota contra su ambición de mejorar su percepción frente a la opinión pública, sino que también se retroalimenta con el sobretensionamiento de la comentada 'brecha'. El consorcio gobernante 'Cambiemos' (que ha dejado de promocionar los propios logros, para concentrarse exclusivamente en denostar sus rivales) agita con frecuencia el riesgo eventual de que el país retome su tránsito hacia un sendero protobolivariano. En contrapartida, el kirchnerismo -nucleado hoy en la entidad conocida como 'Unidad Ciudadana'- reproduce una trillada retórica criptoterrorista, defendiendo al régimen de Nicolás Maduro Moros en Venezuela, y poniendo de suyo a la hora de confeccionar paros generales, fogonear parálisis económica y movilizar activos 'sociales' y 'sindicales' con miras a transformar las calles y la cotidianeidad de los argentinos en un infierno.

El curioso resultado de ese juego de fuerzas, finalmente, consigna que las etiquetas 'Cambiemos' y 'Unidad Ciudadana' configuran un inocultable oxímoron. Las dos ofertas políticas de mayor relevancia en la República Argentina, en rigor, no personifican cambio ni unidad alguna. Sucede, antes bien, lo contrario: esos espacios se muestran satisfechos con la explotación perpetua del conflicto y del enfrentamiento para cimentar la propia cosecha de sufragios. El otrora diálogo político ha mudado de piel; hoy, ese debate recurre como nunca a una batallas sordas entre personajes subsidiarios: un juez militante por aquí; un 'periodista' comprado a base de pauta por allí; malhechores disfrazados de actores sociales o sindicalistas: y así sucesivamente. La pretendida brecha, antes una construcción meramente retórica, ha cobrado sustancia. Es, en simultáneo, abstracta y tangible.

De igual manera, el corolario necesariamente remite a un problema semiológico: cambiemitas y kirchneristas han asumido una presentación que fenece en la 'no-propuesta', por cuanto la identidad partidaria no puede ya asociarse con hechos, sino con una colorida charlatanería.

Mientras tanto, en la 'tercera vereda' representada por el peronismo alternativista/federalista, sucede otro tanto: si los dos espectros políticos antes mencionados se exhiben como sinceros albaceas de lo desconocido, el justicialismo no cristinista carece, fundamental y objetivamente, de rasgos identitarios. En tal sentido, cualquier ciudadano de a pie -aún se trate de un individuo mínimamente informado- tendrá serios problemas a la hora de explicar qué programa o propuesta encarna ese peronismo ni siquiera capacitado para acordar una reunión de cafetín. No le será sencillo trazar un hilo conductor o simbiosis programática que vincule a Miguel Pichetto, Sergio Massa, Roberto Lavagna, Juan Schiaretti, Juan Urtubey y a progresocialistas santafesinos.

Acaso el problema de mayor gravedad resida en el hecho de que la nadería partidaria aquí referenciada y la 'brecha' que de ella se desprende, están contribuyendo a un incremento en la disfuncionalidad de las instituciones en la República, allí donde la administración de justicia destaca por sobre las demás, haciendo gala de un comportamiento esquizofrénico-paranoide, el cual ha llegado a contaminar sin remedio a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A su debido tiempo (y ya la realidad nacional se está ocupando de certificarlo con incontables ejemplos), la brecha comenzará a ceder protagonismo a un modelo de fragmentación política; no necesariamente un proceso de atomización de la cosecha electoral en múltiples ofertas partidarias que se acerquen a la suma cero, sino una arena esencialmente diferente, que arrojaría como resultado la muerte del peronismo y, por supuesto, la del radicalismo. A posteriori, el peligro podría también rastrearse en la eventualidad de que la combinatoria brecha/fragmentación/disfuncionalidad aterrice en un último e infortunado destino final: el de la fractura.

No en vano, hoy el país se debate en una ciénaga compuesta a base de desbarajustes macroeconómicos con persistente inflación, garantías de impunidad (con deleznable y amplia tolerancia ante la corrupción), explícito despilfarro de recursos públicos con el norte puesto en la defraudación pública, crecimiento de la pobreza y proliferación del delito común y organizado, y desperfectos institucionales en todo concepto.

Es cierto que una cuantiosa serie de errores no-forzados habrán de atribuírse a la coalición gobernante pero, en paralelo, será necesario concluir que la República no evidencia hoy la existencia de oposición creíble y respetuosa de la gobernabilidad. Por estas horas, el criterio ordenador de la dirigencia política parece ser la gestión del caos, o bien su amplificación con vistas a consolidar objetivos electorales. El imperio de la ley y el articulado constitucional se han convertido en utopía o superchería.

Si ha de trazarse una proyección estratégica de aquí a diez o veinte años, huelga decir que el horizonte poco tiene de halagador; mucho menos, de auspicioso.