Argentina: la administración de justicia, en su hora más oscura

El Reglamento para la Justicia Nacional, en su Artículo 8vo., comienza refiriendo:

'Los magistrados, funcionarios y empleados deberán observar una conducta irreprochable. Especialmente, están obligados a: …b) Guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados con las funciones de los respectivos tribunales; c) No evacuar consultas ni dar asesoramiento en los casos de contienda judicial actual o posible; d) No gestionar asuntos de terceros ni interesarse por ellos, salvo los supuestos de representación necesaria; e) No realizar actos de proselitismo político; f) Rehusar dádivas o beneficios; g) No practicar juegos por dinero ni frecuentar lugares destinados a ellos…'.

De la lectura respecto de lo tipificado por el citado Reglamento, emerge -con elocuencia- que su violación se exhibe hoy como algo corriente. Así, pues, el documento exige que los magistrados ejerzan una 'Conducta irreprochable'. Sin embargo, ni bien uno repasa este puntual requisito, regresan a nuestra memoria las identidades de jueces cuya sola mención pareciera exhibirse como el brutal opuesto de conducta irreprochable.

En otras épocas, seguramente existió algún juez sobre quien se volvió necesario el reprochar su conducta; habría que rastrear esos antecedentes. Pero, en cualquier caso, ese llamado de atención observaba un carácter excepcional. Infortunadamente, por estas horas, pareciera ser que lo reprochable se ha convertido en la norma. A tal efecto, el lector podrá realizar un sencillo ejercicio, repasando la miríada de obligaciones que establece el mencionado Reglamento, tomando buena nota de qué magistrado incurre en su violación ante cada oportunidad. El resultado será el asombro, dada la facilidad con que ciertos nombres pueden fácilmente asociarse a distintas y comentadas circunstancias.

Más aún: sin mayor problema, ciudadanos dedicados podríamos confeccionar un crucigrama que ilustre sobre tales violaciones, aunque su resolución nada tendría de desafiante. Piénsese, por solo citar un ejemplo, en qué magistrados ejercitan (y continúan haciéndolo hoy día) proselitismo en beneficio de algún partido político. En igual sintonía, otro juez bien podría haber evacuado consultas vía WhatsApp a algún letrado amigo, que por cierto representaba a una de las partes. En algún otro capítulo, un juez tal vez no guardó la suficiente reserva de cara a los asuntos en los que entendía su juzgado. Otro notable magistrado quizás sea un asiduo visitante de casinos, o de algún conocido hipódromo. Otros, con toda probabilidad, habrán recibido sobres con beneficios que difícilmente se correspondían con sus salarios declarados. Cualquier mente perspicaz podría prorrogar hasta el infinito este ejercicio -el cual, se insiste, no sería difícil desentrañar.

Hasta aquí, hemos compartido una síntesis que, basándonos en el Reglamento para la Justicia Nacional que, sin mayor preámbulo, descalificarían a un sinnúmero de magistrados a la hora de seguir desempeñándose como tales.

A continuación, quizás sea materia conveniente ingresar en el escarpado territorio de las violaciones al Código Penal. También en este caso, las identidades de jueces emergerán espontáneamente. En rigor, la Argentina contemporánea asiste a una marcada descomposición del Poder Judicial, espectro que, en todo concepto, pareciera haber tocado fondo.

La ciudadanía asiste como mudo testigo al deleznable enfrentamiento entre magistrados. El fenómeno tiene lugar incluso al considerarse jurisdicciones y fueros. Para ilustrarlo, cierto es que pocos son ajenos al aparente duelo entre Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ambos Ministros de la Corte Suprema de la Nación. En la Provincia de Buenos Aires, tampoco devienen en novedosos los eventos que conmueven a la justicia, luego de conocerse las declaraciones públicas del presidente de la Corte bonaerense, el Dr. Eduardo De Lázzari; el mencionado denunció la existencia de causas armadas, lanzando también duros cuestionamientos contra el Ministro de Justicia del Gobierno Nacional.

En semejante contexto, no obstante, el episodio que más atención de los medios de comunicación ha capturado es la puja que mantienen el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla y el fiscal Carlos Stornelli -ejemplificación casi perfecta del triste proscenio judicial general. Ambos funcionarios jamás trepidan a la hora de agraviarse y descalificarse mutuamente -debate en donde las idas y vueltas en torno de la honestidad e idoneidad de uno y de otro parecen no tener fin: ni la opinión pública ni la opinión experta tienen claro a cuál de los dos le asiste la razón. Cualquiera sea el epílogo, de todos modos, una verdad asoma contundente: ni Ramos Padilla ni Stornelli se acercan mínimamente a lo que se entiende por conducta irreprochable; todo ello, por supuesto sin entrar en consideraciones de índole marginal.

Y habrá que consignarlo también: el deterioro de la administración de justicia no es nuevo. Los más conocedores de este cosmos se remontarán a las comentadas servilletas de Carlos Corach, o a los tiempos del ex presidente Raúl Alfonsín. En lo personal, quien esto escribe entiende que sería necesario aportar una cuota de objetividad, yendo bastante más atrás en nuestra historia, refrescando el subcapítulo de los jueces 'mediáticos', verdaderos pioneros en el lamentable fenómeno que hace a la farandulización de la justicia. A partir de aquélla instancia -que hoy parece remota-, nada volvió a ser igual: el retroceso institucional fue categórico, e indisimulable. Y la resultante tampoco sorprende, conforme nadie cree en la justicia, ni en sus representantes, los magistrados. Los ejemplos ya citados certifican un aspecto aún más entristecedor: ni siquiera la propia justicia cree en sí misma. Esto halla su correlato en la extrema desconfianza que rige entre sus miembros, los cuales -como ya referimos- se acusan unos a otros y se niegan, acaso por temor a someterse a proceso. El alcance de la debacle invita a imaginar qué esperanza podría quedar en pie para el ciudadano, alejado de las bondades de pertenecer a esa cofradía.

Naturalmente, no es plausible atribuír a una única causa el oprobio que carcome a nuestro Poder Judicial; corrupción, política e ideología han erigido un combo idóneo para consolidar ese desmoronamiento -contexto en el cual la impunidad no debe hacerse a un lado. De tal suerte que los argentinos solo necesitan repasar los titulares de los matutinos para toparse con un creciente listado de jueces que hacen las veces de rockstars, por cuanto se han vuelto millonarios y protagonistas centrales de la mismísima farándula. Entre sus sospechosas tenencias, cuentan fastuosas casas, onerosos vehículos importados, periplos por geografías paradisíacas, caballos 'pura sangre', e incluso jets privados. En apariencia, los apuntados se han vuelto en caracteres típicos de cualquier juez argentino. Y la ciudadanía bien puede dar cuenta de ello.

Para coayduvar en la infortunada hecatombe, los distintos gobiernos también habrán de hacerse eco de la propia responsabilidad, provisto que no han cesado en su justificación ante la necesidad de contar con 'jueces amigos del poder'; entendiéndose por la misma no a una relación emparentada con el 'Hacéte amigo del juez' del Martín Fierro, sino que todo esfuerzo se ha encaminado a apuntalar al magistrado de naturaleza cómplice y encubridora para con los dignatarios del poder de turno.

Ahora mismo, el espectro político kirchnerista se ha atrevido a justificar primero, para terminar exigiendo transparencia. Sin dudas, celebrando las conmovedoras declaraciones del jefe comunal de la localidad bonaerense de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, quien no ha dudado en exigir que se cuente con 'jueces militantes'. Es así como la ideología, exacerbada siempre por referentes políticos, ha puesto de suyo a la hora de desnaturalizar la esencia de fueros y competencias tan importantes para la vida en sociedad, como lo son el fuero laboral y el fuero penal. En toda perspectiva, el ciudadano percibe -y no sin razón- que la comisión de delito ha dejado de existir y, de ser así, la misma no amerita amonestación ni sanción alguna. El corolario no es otro que una sociedad en franco estado de abandono e indefensión.

Al cierre, la inocultable impunidad que gozan los magistrados en la República Argentina en general, ha sido también otra importante variable central en un deterioro que hoy parecería acercarse a su techo. Numerosos jueces, denunciados y acorralados, han echado mano del viejo recurso de la jubilación para, de esta manera, resguardar el haber jubilatorio de privilegio que les compete aunque, en el ínterin, eludiendo las obvias responsabilidades penales que pudieren amenazarlos.

Ha de subrayarse que, tanto los distintos gobiernos como la propia familia judicial se han comportado como cómplices y facilitadores en este delicado escenario. En tal sentido, el corporativismo que reina en el seno del Poder Judicial ha aportado su condimento para el desquicio. Curiosamente, cada tanto sale a la luz el escandaloso nepotismo que contamina a sectores variopintos del poder. Pero jamás alguien hace mención al meduloso nepotismo que afecta al Poder Judicial. Cualquier entendido en la materia conoce las dificultades inherentes al ingreso como empleado en la justicia. Sin embargo, y paradójicamente, ese obstáculo pareciera simplemente no existir para familiares y cónyuges de los propios magistrados de la Nación. Desde luego sería bienvenido que, en algún futuro cercano, alguien desarrollara una investigación a este respecto.

Nuestra Argentina actual asiste no solo a una administración de justicia colapsada en lo que tiene que ver con el ofrecimiento de respuestas a los justiciables, sino que también es objeto de un grotesco esquema de descomposición que la desnaturaliza como poder creíble y confiable al momento de resolver los diferendos de las personas y, a la postre, resguardar la vida en sociedad.

En el quebranto, esa descomposición solo se agiganta, toda vez que es contrastada debidamente con los privilegios y beneficios que los integrantes del harto cuestionado Poder Judicial disfrutan en materia de impuestos, jubilaciones, vacaciones, y horarios de trabajo. Y no habrá margen para la duda: aún mediando un sincero proceso de recuperación, demandará mucho tiempo el lograr que esta invaluable Institución recupere su extraviado prestigio; y lo propio con el respeto que otrora supo granjearse.

Mientras tanto, la República habrá de prorrogar sus padecimientos, a consecuencia de no contar con un Poder fundamental que equilibre la división de Poderes y ordene la cotidianeidad de los ciudadanos.