EE.UU., Ucrania y el fiasco del impeachment a Trump: Republicanos y Demócratas son manipulados por el Deep State

El problema con el actual embrollo en torno a Ucrania es que la conversación no comienza donde debería. Esta es la síntesis: bajo la Administración de Barack Obama, el gobierno de los Estados Unidos se decidió a impulsar fuertemente un proceso de cambio de régimen en Ucrania, luego de que los comicios desarrollados en ese país durante 2010 dejaron como resultado un triunfo de Viktor Yanukovych, quien buscaba profundizar vínculos con Rusia antes que con Europa, como presidente. La Casa Blanca declaró oficialmente entonces que los resultados de aquéllas elecciones tuvieron un carácter fraudulento, aún contra el desacuerdo de observadores internacionales. Fue entonces que Washington decidió intervenir.

El trabajo le fue encargado a Victoria Nuland -encumbrada referente del Partido Demócrata, pero con relaciones en el neoconservadurismo-, quien había sido designada como Secretaria de Estado Asistente para Asuntos en Europa y Eurasia, en mayo de 2013. Uno podrá recordar que tanto ella como otros intensos rusófobos como el senador John McCain comenzaron a mostrarse en Kiev hacia 2013, ni bien dieron inicio las protestas del Maidán, entregando galletitas y ofreciendo consejo a los disidentes locales, sugiriendo que Estados Unidos respaldaría una revuelta popular. En efecto, la revuelta dio inicio en febrero de 2014, e incluyó a misteriosos francotiradores que dispararon a una multitud de manifestantes; a la postre, Yanukovych fue forzado a abandonar el poder.

De inmediato, Nuland ejercitó un salto al vacío. El 4 de febrero de 2014, una grabación telefónica interceptada por rusos, la cual se dio entre Nuland y el Embajador de los Estados Unidos ante Ucrania, Geoffrey Pyatt -y que tuvo lugar una semana antes de ser dada a conocer al público. En esa conversación, Nuland y Pyatt consideraron los modos a los que recurrirían, con el fin de que su candidato Arseniy Yatsenyuk se convirtiera en el nuevo primer ministro, tras acentuarse el colapso del gobierno. Ambos funcionarios conversaron específicamente sobre lo que había que ofrecer al resto de los candidatos para que queden fuera de carrera, y convinieron un encuentro con líderes políticos para hacer los arreglos pertinentes. La connivencia fue exitosa, y Yatsenyuk se convirtió en primer ministro de Ucrania el 27 de febrero de 2014. En el intercambio telefónico, Nuland descartó a la Unión Europea como eventual mediadora para el gobierno de transición ucraniano. La funcionaria estadounidense dijo 'Que se joda la UE' ( ('Fuck the UE').

Razonablemente, uno podría sugerir que el involucramiento de los EE.UU. en Ucrania, que derivó en una intervención cuyas tóxicas interpretaciones harían palidecer al denominado Russiagate, comenzó durante Barack Obama, aunque el proyecto era de origen neoconservador. Ucrania, en lo que consignó un dramático giro de la situación, se independizó del respaldo de Washington al tiempo que también le dio la espalda a Moscú -desarrollo que, naturalmente, el Kremlin evaluó como una amenaza existencial contra su seguridad nacional, y ello condujo luego a la anexión de Crimea y al recurrente conflicto entre Kiev y Moscú que continúa hasta estas horas.

Joe Biden tuvo la mala fortuna de ser, apenas, el vicepresidente de Estados Unidos cuando todo esto estaba desarrollándose y, desde los inicios, él mismo se interesó en lo que estaba ocurriendo en Ucrania. Ingresa en escena Hunter -hijo de Joe Biden- quien, de alguna manera, y hacia comienzos de 2014, se convirtió en miembro de un 'comité de alto perfil internacional' a efectos de supervisar a Burisma Holdings, principal productora de gas natural en Ucrania. Hunter recibió compensaciones por un total de US$ 50 mil al mes, consolidando un total superior a los US$ 3 millones al momento de registrarse su renuncia, en abril de 2019. Mientras Hunter Biden contribuyó en poco y nada (con la excepción de haber aportado su nombre) a Burisma, los Obama expresaron sus reparos, dado que toda la cuestión despedía -cuando menos- un tufillo a conflicto de intereses.

Luego, la historia se torna lóbrega. En marzo de 2016, Joe Biden tomó parte de las connivencias que rematarían con el despido del principal fiscal del país, Viktor Shokin, quien fuera acusado de entorpecer investigaciones relativas a corrupción. El presidente estadounidense Donald Trump y su abogado personal, Rudy Giuliani, afirman que, en rigor, el despido fue motorizado por el deseo de resguardar a Hunter, impidiendo cualquier pesquisa en torno de actos de corruptela en Burisma Holdings. Hay testimonios que refrendan ambas posturas, pero también se han conocido desmentidas creíbles que ilustran que, en realidad, el hijo de Joe Biden estaba siendo investigado individualmente.

A mediados del mes de julio del corriente año, Trump congeló una asistencia militar de US$ 391 millones, poco antes de una conversación telefónica (que tuvo lugar el 25 de julio) con el flamante presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la cual Trump pudo haber sugerido a Zelensky que el poner en marcha una serie de agresivas investigaciones sobre corrupción en su país podrían comportar beneficios para la relación bilateral. Cualquier oficial de inteligencia, posiblemente de la CIA, que sirviera entonces en la Casa Blanca, bien podría haberse convertido de súbito en informante y llevar el tema a conocimiento público (esto es, transparentando sus conocimientos sobre aquella llamada telefónica), lo cual condujo a exigencias para que los registros sean entregados al Congreso. Luego de conocerse una transcripción parcial de la conversación, y de que la Casa Blanca diera a conocer también algunos documentos asociados al particular, el 24 de septiembre, la Cámara de Representantes inició un pedido formal de impeachment (destitución) contra Trump, con foco en la eventualidad de que el mandatario americano pudo haber utilizado el instrumento de la asistencia financiera a Ucrania con la meta de perjudicar la campaña presidencial de Joe Biden de cara a 2020.

En primer lugar, debería subrayarse que el proceso de destitución probablemente termine convirtiéndose en un clon del que se ejercitara en su momento contra Bill Clinton. La Cámara de Representantes, que hoy cuenta una sólida mayoría Demócrata, recomendará que se proceda con el impeachment, pero el Senado -que deberá registrar un voto con respaldo en dos tercios de la mayoría para lograr ejecutar el procedimiento- muy poco probablemente lo haga, porque está bajo control del Partido Republicano. Siempre y cuando, claro está, no haya más de quince senadores del GOP dispuestos a votar junto a los Demócratas para deshacerse de Trump, a criterio de designar a Mike Pence como presidente; escenario improbable, aunque posible.

Previéndose que el proceso de destitución fracase, es interesante apuntar notas adicionales sobre ciertos aspectos del relato, que están desarrollándose por estas horas. Antes que nada, el drama dio inicio con la queja sobre el informante, presentada por una persona que se desempeña en la comunidad de inteligencia. Los oficiales de inteligencia respaldados por la NSA (Agencia Nacional de Seguridad) o de la Casa Blanca, normalmente son catalogados de espías por sus organizaciones madre, y con justa razón. Existen informes independientes de alta confiabilidad que señalan que, recientemente, las agencias de inteligencia de los Estados Unidos modificaron sus procedimientos sobre informantes para que se habilite la presentación de reclamos con base en relatos de segunda mano, antes que contemplar el acceso directo a comportamientos supuestamente ilegales. Este detalle es significativo, por cuanto pareciera ser que el informante de la Casa Blanca no tenía contacto directo con la actividad que en rigor era la fuente del reclamo original; lo cual podría llevar a pensar que está teniendo lugar otro ataque coordinado desde el Deep State, en perjuicio de Donald Trump.
 

BREAKING: After Joe Biden claimed that he never discussed his son’s foreign business dealings with him,

A photo surfaced, from 2014, showing the former VP and his son golfing with a board member of the Ukrainian company that paid Hunter Biden $50k a month.

This. Is. Corruption. pic.twitter.com/kJX0VY1lUQ

— Students For Trump (@TrumpStudents) October 1, 2019

Los Republicanos insisten en que no existe reciprocidad o quid pro quo en la conversación telefónica de referencia, y que no existen elementos desde los cuales pudiera procederse para determinar actividad ilegal, en términos de lo conversado en la charla. Por su parte, los Demócratas afirman, en contraposición, que el mensaje sobre Biden estaba bien claro, aún cuando no fue explícito. Al respecto del texto parcial que fuera presentado en formato editado, es plausible respaldar a ambas posturas -dependiéndose, claro está, de la postura que cada cual tenga-, aunque sí está claro que los Demócratas están exagerando su jugada. Adam Schiff, titular de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, piensa ahora en exigir que se presente la totalidad de los registros existentes sobre todos los llamados telefónicos de Donald Trump con líderes extranjeros, a efectos de determinar si existió perjuicio alguno contra la seguridad nacional.

Pero la verdadera pregunta remite al modo en que el producto impeachment se comercializará ante la opinión pública, y a la manera en que la ciudadanía reaccione ante el episodio. La narrativa resultante determinará el voto de los senadores, y lo propio con las elecciones presidenciales de 2020. Adicionalmente y por supuesto, también habrá de tomarse nota de que, sin importar el resultado, Joe Biden e hijo saldrán perjudicados. A ambos se los verá como a dos individuos ricos que explotaron los beneficios del servicio público para ganar aún más dinero, si es que no se termina de verificar también que quebrantaron la ley.

Y existen otras consideraciones. La asistencia financiera es, en rigor, utilizada con frecuencia para forzar a otros gobiernos a actuar en formatos deseables por Washington. De tal suerte que, aún cuando Trump haya sugerido vincular a la ayuda financiera con otros comportamientos, ello no carece de precedentes. Lo que sí no observa precedentes es que el objetivo de la pesquisa pueda ser un político de carrera perteneciente a un partido de oposición, aunque Trump podría, plausiblemente, argumentar que el episodio es coincidental, y que su verdadero objetivo era combatir a la persistente corrupción en Ucrania.

También persiste un problema con el informante. Paul Craig Roberts ha observado que, bajo el estatuto 50 del Código Penal de los EE.UU. (United States Code), en su sección 3033, el reclamo debe, necesariamente, involucrar a 'actividades de inteligencia', lo cual claramente no es el caso en la conversación telefónica de Trump. Asimismo, en conformidad con el estatuto en cuestión, 'el accionar del informante (whistleblower) debe involucrar ya fuere a una persona o a una actividad que se encuentre bajo la autoridad del Director de Inteligencia Nacional. No será posible recurrir a este estatuto para ejercitar una acción de informante ante el Inspector General de la Comunidad de Inteligencia, contra un funcionario subordinado al DNI, ni sobre cualquier asunto sobre el cual la DNI no tenga autoridad...'. Entre los asuntos que no se incluyen bajo la autoridad del DNI, se encuentran los llamados telefónicos del presidente con jefes de Estado extranjeros. Finalmente, el informante de la agencia de inteligencia estaba actuando de manera ilegal.

El involucramiento del liderazgo de la comunidad de inteligencia en la certificación del reclamo interpuesto por un informante que no era legítimo en la tipificación de sus obligaciones estatutarias sugiere, nuevamente, la intervención del Deep State americano. Y, por cierto, existe hoy un abundante historial de episodios en los que se ha buscado vilipendiar a Donald Trump, destruyendo su presidencia desde su seno, apenas fue elegido y llegado a la Casa Blanca. A tal efecto, sólo será necesario recordar las identidades de John Brennan -ex Director de la CIA-, James Comey -ex Director del FBI-, y James Clapper -ex Director de Inteligencia Nacional-, todos los cuales conspiraron contra el actual mandatario de los Estados Unidos.

Finalmente, aún si los ciudadanos de los EE.UU. estuvieran asistiendo a una operación del Deep State para quitarse a Trump de encima, también hay material con el cual responsabilizar al presidente frente al modo en que se desempeñó. Uno desearía que el jefe de Estado mantuviera la boca cerrada, permitiendo que los hechos hablen por sí mismos. El atacar a todo el mundo vía Twitter y etiquetar a los opositores de 'traidores' o de 'espías' mientras que hace referencia a la pena de muerte por los pecados de aquéllos, al tiempo que también Trump azuza con el prospecto de una guerra civil en suelo estadounidense, de seguro no aportarán mayores apoyos para un líder bajo ataque.

Sin embargo, todo esto siempre ha sido problema de Trump y, de insistir el presidente en esa senda, podría percatarse de que sus ex amigos han decidido alejarse de él. Lo cual bien podría llevar conducir a su caída.


Artículo original, en inglés, aquí | Traducido y republicado con permiso del autor, y del sitio web The American Herald Tribune (Estados Unidos)