Argentina: cuando, en lugar de disuadir, el derecho penal alienta al delito

En esencia, el derecho penal debe portar un carácter disuasivo. Su función primordial es la de desalentar frente a la comisión de ilícitos.

A tal efecto, se vale -o debiera valerse- de las penas que se asignen para cada tipo penal, que una vez más, habrán de ser lo suficientemente disuasivas con el fin de desalentar en la comisión del delito. Si la meta es que el referido sistema funcione, pues entonces habrá de aferrarse a procesos serios, imparciales y, por sobre todas las cosas, rápidos, habida cuenta de que, como bien es sabido, una justicia lenta nada tiene de justicia. La lentitud de los procesos desvirtúa la aplicación de justicia, para ambos lados del mostrador.

Adicionalmente, es tan o más importante contar con un sistema de prevención que ejerza de contención, previo a tener que llegar a los tribunales. Algo así como la atención primaria en temas de salud, como que el hospital sea la última puerta que tocar. Esta función le corresponde a las fuerzas de seguridad; así funciona en una mayoría de países en el mundo.

Pero la República Argentina tiene, por costumbre, proponerse como una triste excepción. Ya ni siquiera por ideología, sino por una postura adolescente contra sistema, se detecta una resistencia permanente frente al accionar de las fuerzas de seguridad. Una disposición tan simple y tan común en cualquier otro lugar del planeta, cómo es que aquéllas puedan solicitar a ciudadanos que se identifiquen en la vía pública, es aquí de todo tipo de crítica, descalificación y oposición. Bastará con recordar el infortunado episodio de días pasados, en donde Victoria Donda -legisladora de la Nación- impidió y obstaculizó el trabajo de control ejercitado por agentes de policía. Lo hizo, ostentando su cargo de Diputada Nacional, arrogándose el patrocinio legal de un 'cliente' que resultó tener pedido de captura. Lo actuado por Donda multiplicó duras críticas desde la opinión pública aunque, paradójicamente, el espectro político alzó la voz para respaldar a la legisladora.

A pocos días de los comicios generales que definirán al aspirante a ocupar la Presidencia de la Nación, la ciudadanía asiste también a un curioso cambio de postura en los juicios por corrupción que se venían ventilando en Comodoro Py. Prácticamente, y sólo en cosa de días, desde las PASO hasta aquí, recuperaron la libertad todos aquellos procesados que se encontraban con prisión preventiva. Como por arte de magia (magia que algunos en los tribunales anticipan regresará), quienes tienen a su cargo la mayoría de esas causas de corrupción han evidenciado un giro de ciento ochenta grados. Quienes hasta ayer estaban presos correctamente, hoy han recibido -de súbito- el beneficio de la libertad. Es así de contundente: tal es la manera en que funciona el sistema judicial argentino.

Cuando se consulta dentro del ámbito tribunalicio a distintos referentes que explicación le encuentran a este cambio radical de posiciones, todos recurren a la muletilla que refiere que el 'instituto de la prisión preventiva' es una herramienta de excepción; que lo correcto es que el procesado transite el proceso en libertad, porque esa es la regla. Pero, como siempre, no existe peor mentira que una verdad a medias. Esos interlocutores hacen a un lado, acaso adrede, que los procesos duran muchos más años de lo que debieran en la República Argentina. En consecuencia, el hecho de que un imputado transite la totalidad de su proceso en libertad es, lisa y llanamente, garantía de impunidad. La evidencia, sin mayores vueltas, indica que ese procedimiento desvirtúa la mismísima función disuasiva que corresponde al derecho penal.

De tal suerte que bastará con analizar a consciencia las posturas y reacciones de los recientemente excarcelados, a criterio de visualizar esta realidad: ninguno se arrepiente, todos se declaran víctimas y amenazan con redoblar y repetir conductas. A posteriori, si el derecho no disuade el delito y, antes bien, lo cobija, no habrá otro sendero que concluír que el derecho termina alentando a la recurrencia de delito. El público ha de prestar atención a los años que llevan de trámite las escasas causas por corrupción que aún no prescriben, y se comprobará allí que es el propio funcionamiento del sistema el que fogonea la reiteración de conductas ilegítimas. Ejemplos sobran. Solo por nombrar uno de ellos, recordemos lo que ha sucedido con el ex presidente Carlos Saúl Menem.

El mero transcurso del tiempo en materia penal, por ser la prescripción de orden público, juega a favor del perpetrador de conductas delictivas. Por ello es que resulta tan importante que los procesos no se demoren, y se llegue a una sentencia en los plazos establecidos. Sin embargo, la crónica habitual revela que sucede exactamente lo contrario. En la mayoría de los casos, la razón para las dilaciones ni siquiera debe rastrearse en las estrategias de la defensa de los imputados; son los propios magistrados quienes suspenden porque -según dicen- no cuentan con márgenes para disponer la prueba, o por no tener salas disponibles para realizar las audiencias, o porque se pronuncian en favor de la postergación del juicio hasta después de las elecciones...

En cualesquiera de los casos, sólo podrá arribarse a un epílogo, en el que se ha desvirtuado la función del derecho penal y, con ello, sus efectos. En la Argentina contemporánea, quien delinque no se siente perseguido, ni teme a la aplicación del derecho penal; por el contrario, se siente cómodo, e incluso protegido. La opinión ciudadana habrá de reparar en el dato de la 'moda' de los arrestos domiciliarios, en donde delincuentes titulares de fortunas transitan el proceso -o disfrutan de sus condenas- en sus mansiones de lujo, rodeados de familiares o amigos.

Toda vez que nada de lo que se observa parece tener fines disuasivos, también será lícito consignar que las manifestaciones de algunos candidatos a la Presidencia de la Nación no ofrecen mayor margen para el optimismo. Particularmente cuando alguno de ellos comparte sus propias conclusiones frente al delito, sus causas y consecuencias.

La aplicación del derecho penal ha perdido seriedad, y ha ido naturalizando esa descomposición -que hoy el ciudadano de bien percibe y sufre. Es una verdad evidente que la justicia penal ha perdido toda credibilidad, la cual se ha extraviado junto con su sustancia.