América del Sur: golpes y constituciones

Cuando dimos inicio a la publicación de esta columna, en 2006, varias naciones de América Latina estrenaban una constitución, o bien proponiendo redactar una nueva. Recuerdo, durante aquel año, haber leído un artículo del abogado peruano Enrique Ghersi —quien por cierto nos visita esta semana para participar en eventos organizados por el Instituto Ecuatoriano de Economía Política— donde el autor explicaba que lo que había en la región era una “crisis de legitimidad” debido a una nueva modalidad de ejercitar golpes de estado, que él estimaba había sido estrenada por Alberto Fujimori en 1992 con su 'autogolpe'. Ambas cuestiones se exhiben hoy emparentadas: el golpismo y el fetiche de cambiar las constituciones.

Ghersi explica que la legitimidad puede ser democrática o tradicional. La democrática, de carácter ordenado, se deriva de los procesos electorales y el cumplimiento de ciertos procedimientos. La tradicional, en cambio, es la de la 'montonera' desordenada: si quieres gobernar, debes sacar al anterior. La primera puede permitir el desarrollo gradual del Estado de Derecho, la segunda es un claro retroceso hacia formas autoritarias de gobierno.

En otro ensayo, intitulado “¿Es posible el cambio político deliberado?”, el autor subraya que, en América Latina, las constituciones desde nuestras independencias no han sido más que documentos revolucionarios que pretenden imponer un programa de gobierno luego de haberse dado un golpe. No son el resultado de un reconocimiento de las costumbres y actitudes predominantes en la sociedad, que luego son compiladas y codificadas.

El historiador Niall Ferguson y Daniel Lansberg-Rodríguez señalan en un estudio que Latinoamérica se destaca por tener el promedio más alto de constituciones por país: 12, mientras que en Europea el promedio es de 4 y en América Británica 1,5. “En total, cerca de 200 constituciones han sido redactadas en América Latina, más de 100 durante el siglo XX”. Y destacan que casi siempre sale intacto e incluso fortalecido el ejecutivo, olvidando la importancia de limitar el poder de la presidencia. Resulta que de eso precisamente se trata: en América Latina las constituciones no han servido para lo que surgieron en Occidente que es para limitar el poder, sino que más bien han solido ser un reflejo del mismo.

Por esta razón sería una locura lanzarnos a otra aventura constituyente, ya sea en Chile o en Ecuador o en Perú, donde coquetean en mayor o menor grado con hacerlo.

Lo más sensato, dice Ghersi, sería introducir reformas puntuales que introduzcan un mayor grado de competencia en el proceso político, ya que esto es lo que limita el poder del Estado y de quienes lo administran.

El camino a seguir sería emprender un proceso de autonomía o descentralización que le de mayor libertad y responsabilidad a los municipios o regiones del país para buscar soluciones a los problemas públicos. 221 municipios podrían ensayar diversas soluciones a problemas que van desde la seguridad social, hasta la educación, la salud, la electricidad, la regulación laboral, entre otros.

Es urgente emprender este proceso de desconcentración del poder político en países que de lo contrario podrían caer en una espiral de violencia y fraccionamiento, en la que prosperan los autoritarismos y muere la democracia liberal. La iniciativa tiene que venir de los alcaldes.