México: nuevo impuesto podría enfriar a la economía y perjudicar la relación comercial con los Estados Unidos

Un nuevo impuesto, aprobado durante el mes pasado por el partido político del presidente Andrés Manuel López Obrador -espectro que mantiene el control absoluto del Congreso mexicano- otorga al gobierno federal el derecho de confiscar tierras y activos sin mediar proceso legal, ante ciertos casos de evasión fiscal.

Esta novedosas medidas de refuerzo de la ley fiscal podrían perjudicar a las libertades económicas existentes en México, así como también a su crecimiento económico y a la relación comercial con los Estados Unidos de América.

Bajo estatutos federales estadounidenses, la evasión fiscal es un delito de Clase E, el menor entre todos los que hacen a la categoría de felony -justo por encima de las faltas menores de Clase A. En contraste, el homicidio es un delito de Clase A en los Estados Unidos, la más elevada de esas categorías. Más aún, el proceso judicial de todo delito de orden federal deberá llevarse a cabo respaldándose en el debido proceso.

Los opositores a la nueva legislación mexicana, sin embargo, afirman que la evasión fiscal ha sido recategorizada ahora como equivalente a delitos más graves, junto a infracciones más notables, como es el caso de crimen organizado, contrabando de estupefacientes, corrupción, e incluso homicidio. 

En respuesta a la pregunta formulada por un periodista, frente a las preocupaciones que pudieren surgir del particular, López Obrador defendió esas medidas en conferencia de prensa, subrayando: 'Si no hay nada qué ocultar, entonces nada hay qué temer'.

Ciertamente, a López Obrador le asiste toda la razón a la hora de intentar batallar contra la muy arraigada corrupción y contra la evasión fiscal, dos problemas que llevan mucho tiempo de perjudicar al país.

Sin embargo, los líderes de la comunidad de negocios en México han compartido su preocupación ante los amplios poderes que la legislación otorga al gobierno, suspendiéndose la presunción de inocencia, y procediéndose a confiscar activos sin mediar derechos ni garantías.

Aún cuando los simpatizantes del nuevo marco legal afirman que éste sólo será utilizado a efectos de 'procesar a responsables de firmas offshore que emitan recibos falsos, luego utilizables por contribuyentes para reducir el pago de sus obligaciones', quienes se oponen al compacto argumentan que el gobierno contará ahora con la capacidad para perseguir individualmente a ciudadanos o compañías privadas que caerán en desgracia política de las autoridades por lo que, en la práctica, podrían ser meros errores de contabilidad. Ello podría implicar condenas de prisión de cumplimiento efectivo para los damnificados, así como también llevarlos a la ruina económica.

'Bajo estos nuevos criterios, la prisión y la confiscación de activos llegarían mucho antes que la condena firma (...) Este gobierno entiende que la totalidad de la comunidad de negocios son gángsters. Así es como nos tratan', ha declarado Armando Santacruz, jefe ejecutivo de Grupo Pochteca, importante empresa mexicana de distribución de productos químicos.

Reginaldo Esquer, quien dirige el comité sobre impuestos en Coparmex -asociación que nuclea los intereses de firmas privadas mexicanas- ha ido más lejos, señalando en una conferencia de prensa que 'Acaba de iniciarse una nueva era de terrorismo fiscal'. La nueva legislación obsequia absoluta discreción al gobierno, a la hora de evaluar éste a qué ciudadanos o compañías seleccionará para montar una persecución.

Incluso la Comisión sobre Derechos Humanos del gobierno mexicano se ha expedido, criticando la nueva letra de ley, subrayando que la misma no ofrece las protecciones ni garantías mínimamente suficientes para resguardar el derecho de propiedad y el debido proceso. En la perspectiva de los críticos que temen que López Obrador esté transformando a México en un Estado totalitario, el estatuto de referencia comparte una nueva señal al respecto de que el mandatario mexicano está incrementando su control del gobierno federal en perjuicio de la economía, consolidando sus márgenes de poder desde la cúpula del sistema político.

Todo lo cual sólo implica malas noticias para las libertades económicas en México.

En la edición 2019 del Indice de Libertad Económica (desarrollado por el think tank estadounidense The Heritage Foundation, en Washington, D.C.), México ocupó la posición #62, sobre 180 naciones evaluadas, en la variable 'Derecho de propiedad'. Asimismo, alcanzó el puesto #141 en materia de integridad gubernamental. Dependiendo de cómo se implemente finalmente la nueva ley impositiva, ello podría hacer retroceder más todavía al país en ese listado global.

Las debilidades que aquejan a uno de los principales pilares sobre los que se sostienen las libertades económicas -esto es, el Estado de derecho- ciertamente reprimirá el crecimiento económico mexicano.

Las políticas de Estado introducidas por esta nueva ley podría, adicionalmente, consignar otras consecuencias negativas para los indicadores de libertad económica en México, particularmente en desmedro de la libertad para realizar negocios, y de las libertades comerciales.

La otrora sólida economía mexicana ha ralentizado su tasa de crecimiento, registrando un incremento mínimo en la tasa registrada durante 2019. En el tercer ejercicio del año, se espera que el crecimiento del PBI sea el más bajo desde la recesión de 2009.

Las políticas de Estado de Andrés Manuel López Obrador han conducido a un escenario de retroceso, tanto en lo que respecta a la inversión pública como privada.

Y, naturalmente, la salud de la economía mexicana afecta también a la economía de los Estados Unidos. La cifra de comercio bilateral entre los EE.UU. y México totalizó US$ 671 mil millones durante 2018, siendo México el segundo importador de bienes Made in USA más importante en el mundo.

El deterioro del ambiente para los negocios en México, que se sumará al debilitamiento del Estado de derecho, podrían enfriar en modos inconvenientes y comercio bilateral y, potencialmente, incrementar los costos para productos que cruzan las fronteras -en razón de los nuevos riesgos que ahora deben enfrentar las empresas privadas mexicanas.

En contrario, una economía mexicana fuerte crea un ambiente comercial que beneficia a los Estados Unidos de América, pero la agenda anti-crecimiento del presidente López Obrador podría, ciertamente, perjudicar a la economía de su país y a las relaciones comerciales con EE.UU. -que hasta ahora se exhibían recíprocamente beneficiosas.

Artículo original, en inglés, aquí