El caso del Navy SEAL Eddie Gallagher; y la confianza en el sistema de justicia militar como garante de la seguridad nacional

El caso del Navy SEAL y Oficial de Cubierta Eddie Gallagher, que a la postre derivó en el despido del Secretario de la Armada de los EE.UU., Richard Spencer, debió haber sido atendido de diferente manera. 

 

La fiscalía manejó inapropiadamente el caso, el presidente Donald Trump intervino prematuramente, y el secretario de la Armada se vio atrapado entre la postura de intentar hacer lo correcto, un presidente poco ortodoco, y el mantener informado al secretario de Defensa sobre los prolegómenos.

 

El caso subraya una serie de descuidos, cada uno de los cuales hemos subrayado líneas más abajo, mientras que el fiasco consignado por el caso Gallagher ciertamente podría repetirse. No debió terminar así, y debería ser una lección de cara al futuro.

 

Previo a involucrarnos en apartados específicos del caso Gallagher, hemos de comenzar por lo básico.

Bajo el marco constitucional estadounidense, el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas armadas. El control civil sobre los militares es una característica que hace a la fortaleza de nuestra república democrática. El secretario de Defensa, funcionario de rango ministerial designado por el presidente del país, es un civil de carrera en el Departamento de la Defensa, y se ocupa -día a día- de los militares. Los secretarios de Defensa eficientes mantienen un vínculo cercano con el presidente, especialmente en tiempos de guerra o en épocas de operaciones militares, como las que se llevan a cabo en la actualidad.

Conforme lo hemos escrito previamente, los militares existen para defender a la nación. A efectos de cumplimentar con esta misión, los líderes deben asegurarse de que, quien sirve bajo su mando, deben estar listos para el combate y, una vez que éstos han ingresado en un conflicto armado, sean efectivos en ese tipo de operaciones. La manutención de orden y disciplina en las fuerzas armadas es crítico cuando se trata de cumplir con esa misión.

El sistema de justicia militar de los Estados Unidos de América es integral, frente a la misión de los militares. Es único, y lo es por buenas razones. A diferencia del sistema de justicia civil, que existe meramente para reforzar el cumplimiento de las leyes en la jurisdicción de que se trate, y para reprender a quienes quiebren esa legislación, nuestro sistema de justicia militar existe a criterio de asistir a los militares para que tengan éxito en su misión de defender a la nación.

Ha sido estructurado de manera tal, que aquellos en el cargo -comandantes- puedan cumplir con las órdenes de sus líderes civiles. A la postre, ha sido estructurado para combatir y vencer en conflictos bélicos. Y lo hace, en concordancia con reglas y leyes a las cuales Estados Unidos ha dado su acuerdo y beneplácito, de forma que se minimicen las actitudes radicales y los horrendos abusos hacia los cuales la guerra cuenta con la capacidad de empujar a las personas -conforme ya hemos visto en las dos guerras mundiales.

A lo largo de la historia de los Estados Unidos, se han dado a conocer instancias aisladas en las que miembros de las fuerzas armadas en servicio han sido acusados de violar las leyes de la guerra. Por fortuna, esos casos han sido pocos, mientras que una gran mayoría de soldados, marinos, oficiales de fuerzas aéreas y demás ejecuta sus deberes de manera honorable y sigue las reglas, incluso desempeñándose en circunstancias extremadamente difíciles.

Cuando tienen lugar episodios que quebrantan la disciplina o la legislación, suele tener lugar un proceso investigativo. Si la investigación es conducida correctamente, y si existe evidencias potenciales sobre un delito, el miembro en servicio (sobre quien, antes que nada, se presume su inocencia) puede ser remitido a una corte marcial (juicio criminal), pero ello no sucede, hasta tanto no le sea garantizado un defensor gratuito y se respete el debido proceso.

Estos casos son administrados en el seno del sistema de justicia militar, y es raro que lleguen a la atención del presidente. En casos donde predomina el alto perfil, la prensa puede llegar a reportar sobre el tema, y el Congreso puede llegar a interesarse en él pero, en general, y echando mano del método, el sistema de justicia procede, paso a paso, recurriendo al mejor sistema de justicia militar del planeta -el cual incorpora todas las protecciones procedimentales en su constitución esencial.

Cuando el comandante en jefe toma nota de casos que se caracterizan por su alto perfil, ha sido la costumbre de los presidentes el permitir que el proceso siga su curso, conforme no existen garantías sobre su resolución.

En el pasado, los presidentes de los EE.UU. han evaluado conmutar una sentencia u otorgar un indulto a un miembro en servicio, pero suelen esperar hasta que el caso se complete en las instancias judiciales para hacerlo -y por buenas razones. No se le exige al presidente que espere, aunque suele ser prudente que así lo haga, por cuanto envía un mensaje obvio a todos los integrantes del proceso, al respecto de que el comandante en jefe comprende y aprecia la necesidad de mantener un orden y la disciplina correctos en las fuerzas armadas -y que es posible confiar en el sistema.

Esto no equivale a decir que cuando, en el pasado, los presidentes esperaron para luego actuar, que esas acciones hayan sido populares entre los militares -o entre el público, para el caso. La conmutación de la pena impuesta a Chelsea Manning, de 35 años a solamente 7, otorgada por el ex presidente Barack Obama, fue altamente controvertida -y no deseada-, en nuestra opinión.

Manning había sido acusado y sentenciado por un juez militar, por revelar más de 800 mil documentos clasificados a WikiLeaks, espacio que, a su vez, publicó ese volumen de documentos, provocando daños jamás del todo mensurados a la seguridad nacional de los Estados Unidos de América.

Obama afirmó que la conmutación de la sentencia de Manning se debía a que la misma era desproporcionada frente al cúmulo de delitos cometidos por aquél, al comparársela con las sentencias impuestas a otros informantes clandestinos. Tal como en su oportunidad lo escribimos los autores del presente texto, supimos mostrarnos en franco desacuerdo con ese razonamiento, conforme no existió otro informante o filtrador de información de la magnitud de Manning en la historia del país.

Dada la vasta experiencia real en combate acumulada por muchos en el seno de nuestras fuerzas armadas, existe una escasa comprensión en torno de las elecciones increíblemente difíciles que quien toma parte de un conflicto bélico debe tomar. 1) Se presume que estas personas conocen las reglas de combate; 2) se presume que han seguido al detalle esas reglas, y que 3) le es otorgado el beneficio de la duda cuando se encuentran ante una situación límite. Esto es lo que hemos de esperar de la profesión de las armas, a saber, el contar con combatientes experimentados que tomen decisiones prudentes, respaldándose en la información disponible.

Todo lo cual nos lleva al caso Gallagher y a Trump.

Por principio, los SEALS de la Armada son combatientes estupendos. Son extremadamente inteligentes, han sido exquisitamente entrenados, y son operadores especiales portadores de una profunda experiencia. Rutinariamente, los SEALs reciben como encargo el tomar parte de misiones marcadamente peligrosas, de naturaleza fluída, y que requieren fortaleza, inteligencia, resistencia, valentía, paciencia, sagacidad, y trabajo en equipo. Una mayoría de ciudadanos estadounidenses no verían tan sencillo el comprender en toda su extensión los desafíos y las presiones que, a diario, debe experimentar nuestro elemento de los SEALs de la Armada.

Pero, después de todo, los SEALs son seres humanos y, como el resto de todos nosotros, pueden cometer errores. El grueso de esos errores son pequeños, aunque algunos pueden ser significativos. Y, mientras que es comprensible que, en cierto nivel, los errores tengan lugar, la reiteración de las misiones de combate son ambientes caracterizados por un elevadísimo estrés para los SEALs, los SEALs no son inmunes frente a las reglas. Cuando las quiebran, son tomados por responsables.

En 2017, Gallagher -SEAL condecorado- se hallaba en su octava misión o tour de combate en Afganistán cuando, según se ha comentado, cometió una serie de delitos. Gallagher fue acusado de homicidio premeditado, ataque físico agravado, ataque físico con uso de arma letal, uso de sustancias prohibidas, obstrucción de la justicia, y por haber posado para una fotografía junto al cadáver de un miliciano de ISIS -entre otros cargos menores en los que, supuestamente, incurrió en Irak, hacia 2017.

Tras hallar motivos suficientes para llevar el caso a juicio, la autoridad competente en el seno de la cadena de mando de Gallagher tomó el asunto a cargo en 2018, todo un año después de cometidos los supuestos delitos. Para entonces, el caso ya se había enfriado, y no se preservaron evidencias críticas para la realización del proceso judicial.

Para empeorar las cosas, el fiscal original del caso, un comandante de la Armada, fue separado por el juez militar, a partir de verificarse un comportamiento poco ético de su parte. Un fiscal inexperto se hizo cargo del caso, y convocó como testigos a otros SEALs en el proceso contra Gallagher, incluyendo a aquéllos que se hallaban en la escena en la que el combatiente de ISIS perdió la vida y que, por lo tanto, conocían de primera mano lo sucedido.

Uno de esos testigos fue Corey Scott, Operador de Combate Especial de 1era. Clase, a quien la fiscalía otorgó inmunidad a cambio de su testimonio contra Gallagher. El acuerdo de inmunidad le salió por la culata al gobierno porque, durante el juicio, Scott testificó que, a contramano de la declaración que consignaba que Gallagher había apuñalado al prisionero hasta matarlo, Scott en persona había obstaculizado el respirador puesto al prisionero, matándolo en un acto de piedad. 

El jury militar liberó de culpa y cargo a Gallagher por el cargo de homicidio, y por todos los cargos remanentes, a excepción del posar para la foto junto al cadáver -hallándolo culpable en este caso. El jurado, finalmente, lo sentenció a confinamiento por cuatro meses, y lo degradó en su rango y paga. Desde entonces, Gallagher ya había servido 201 días en confinamiento; luego, se le otorgó crédito por el tiempo cumplido, y fue liberado de la reclusión.

Luego de ser sentenciado, Gallagher aún se hallaba en la Armada. El liderazgo de los SEALs debía decidir qué hacer con un marino que portaba consigo una corte marcial y sentencia. En una situación normal, el liderato de la Armada le hubiese impuesto una baja administrativa, y un panel compuesto por tres oficiales de la Armada hubiese decidido despedir al marino del cuerpo, o bien permitirle continuar sirviendo en el Arma. Pero éste no era un caso común y corriente, dado que el presidente, el congreso y los medios se interesaron por el mismo.

El liderato de carrera en la Armada decidió que Gallagher debía presentarse ante un Comité de Evaluación Trident (un panel compuestos por SEALs), que decidiría si acaso mantendría su Tridente, esto es, la insignia en forma de pin otorgada a los SEALs al completar su entrenamiento.

La pregunta se centró en dirimir si acaso la conducta de Gallagher fue lo suficientemente mala como para llevar descrédito a la comunidad de operaciones especiales -a los SEALs en particular- y, finalmente, evaluar su expulsión de los SEALs, aunque no de la Armada.

Semejante decisión no carecía de precedentes. Los Comités Trident ya procedieron en su oportunidad, revisando casos y removiendo Tridentes de más de 150 SEALs en años recientes.

Cuando los miembros del equipo de la defensa legal de Gallagher se percataron de que su defendido podría perder su Tridente, involucraron a los medios, a efectos de cosechar apoyos para él.

Como ávido consumidor de noticieros, especialmente de Fox News, el presidente Trump publicó en Twitter, el 21 de noviembre pasado: 'La Armada NO le quitará su pin de Tridente al Combatiente y SEAL de la Armada Eddie Gallagher. Este caso ha sido manejado muy poco apropiadamente, desde el comienzo. Pónganse a trabajar!'. Este tweet, originado en el comandante en jefe, fue la manera poco ortodoxa de Trump de darle una orden a la Armada: no envíen a Gallagher a un Comité de Revisión Trident.

Probablemente, otros presidentes hubieran esperado para actuar, hasta ver qué resolución tomaba el referido Comité. Los Comités Trident se componen de camaradas SEALs, que juzgan a sus compañeros y deciden si acaso permitirán, o no, que ellos mantengan sus pines, de acuerdo a la mala conducta informada¡.

Pero Trump actuó por instinto, y detuvo al Comité previo a que se constituyera, privando a los SEALs de la oportunidad de evaluar la conducta de su compañero. Algunos ponderan esto como un fallo en la personalidad presidencial, esto es, el hábito de actuar impulsivamente, incluso con desaprensión. Otros lo ven como una acción poco ortodoxa y veloz que proporciona una bocanada de aire fresco; como un presidente que toma decisiones en lugar de demorarlas, o en lugar de involucrarse en tediosos procedimientos burocráticos.

Está claro que Trump creyó, como muchos ciudadanos estadounidenses, que Gallagher ya había padecido suficiente, que ya había sido exonerado de perturbadores cargos, que había servido a su país con valentía y honor durante años, y que había que poner fin a tantos procesos contra su persona.

Quienes esto escribiemos creemos en los procesos ordenados, y que deviene en crítico el mantener el buen orden y la disciplina, siguiendo los procedimientos correctos. Esto es lo que debió suceder.

El accionar de Trump puso a Spencer, el secretario de la Armada, en una posición comprometedora. Como ex Marine, Spencer sabía que el mantener buen orden y disciplina es crítico para contar con una fuerza de combate efectiva, y que los procedimientos importan. Asimismo, entendió que el presidente deseaba que la Armada detuviera la constitución del Comité Trident (y la eventual baja administrativa que le hubiera, eventualmente, dedicado a Gallagher).

Spencer intentó satisfacer a todo el mundo involucrado en el episodio, bocetando un acuerdo con la Casa Blanca, que hubiese permitido a Gallagher retirarse de los SEALs si Trump se mantenía alejado del caso.

El problema es que Spencer le había contado a oficiales de carrera en Defensa, de acuerdo al matutino Washington Post, que estaba pensando en renunciar si Trump forzaba una resolución en el asunto, implicando que el secretario se opondría a la directiva presidencial, a efectos de permitir que el proceso normal siguiera adelante, sin interferencia. Pero este acuerdo subterráneo solo podía interpretarse como que Spencer intentaba poner al presidente en su sitio -mediando una salida elegante para Gallagher-, aún si el Comité se pronunciaba en otro sentido.

Fue, tal como otros lo calificaron, un 'vergonzoso proceso evaluatorio, con un resultado previamente determinado'. Más aún, el convenio subterráneo fue ofrecido en secreto, sin conocimiento del Secretario de Defensa, algo que el actual Secretario Mark Esper no iba a tolerar. Cuando este funcionario tomó nota del convenio marginal pensado por Spencer, obtuvo el premiso del presidente para despedir a aquél.

Cuando Barack Obama conmutó la sentencia a Manning, envió un mensaje contundente, en el sentido de que la revelación de millones de documentos clasificados por parte de WikiLeaks no era un problema serio, aún cuando la publicación de esa información ha sido descripta por oficiales de inteligencia de trayectoria como la más peligrosa revelación de secretos de seguridad nacional en la historia de los Estados Unidos.

Al menos, Obama conmutó la sentencia echando mano de un estilo de vieja escuela: permitió que el proceso llegara a término, y luego actuó. Lo hizo, más allá de las consecuencias.

Gallagher no es Manning, y está muy lejos de serlo. Gallagher no es un criminal de guerra, como alguno ha sugerido en los medios; pero fue sentenciado por fotografiarse junto a un cadáver, luego de una investigación desordenada y una acusación igualmente desprolija. El presidente tiene todo el derecho de involucrarse, permitiendo que Gallagher mantenga su Tridente, especialmente tomándose en consideración cómo el caso fue manipulado desde los inicios.

Pero el modo en que el presidente tomó esa decisión, y otros casos militares recientes, también amerita ser comentado y, en nuestra opinión, criticado. Hubiese sido mucho mejor que el presidente permitiera que los procesos judiciales y de supervisión hagan lo suyo, dejando en claro que el sistema legal de justicia militar es inherentemente bueno y que es merecedor de confianza -aún cuando, en circunstancias excepcionales, tropiece.

De igual manera, hubiese sido positivo enviar un mensaje a los militares, en el sentido de que cada individuo puede ser evaluado a partir de sus acciones, juzgándolas acorde a los estándares esenciales de comportamiento que hacen al buen orden y a los valores que atesoramos como estadounidenses; pero también, haciéndonos responsables cuando corresponde, ante las circunstancias que sobrevengan con la guerra.

Cuando los miembros en servicio que quebrantan el Código Uniforme de Justicia Militar son sentenciados por un tribunal compuesto por sus pares, y sus convicciones son apeladas, uno no 'Respalda a sus militares' indultándolos. Esa acción puede ser interpretada como la condonación de un comportamiento criminal, o como un esfuerzo por comprometer al sistema, o como un intento por erosionar el buen orden y la disciplina en las fuerzas armadas. 

La conmutación de penas para miembros en servicio en las fuerzas armadas debe ser un acto criterioso, sobrio y profundamente meditado; uno que no se vea contaminado por la más ínfima percepción de búsqueda de beneficios políticos privados.

El sistema de justicia militar estadounidense no es perfecto, pero es muy, muy bueno; y cuenta con un extenso historial a la hora de dispensar justicia genuina y equitativa en concordancia con los valores estadounidenses, con protecciones legales, y con el imperativo de contar con unas fuerzas armadas eficientes y disciplinadas en tiempos de guerra.

Este caso en particular fue pobremente administrado, desde sus comienzos. Pero el episodio deberá servir de lección para ilustrar que el buen orden y la disciplina en las fuerzas armadas solo puede lograrse cuando las personas siguen las reglas y los procedimientos.

Si el comandante en jefe desea ejercitar magnanimidad desde su puesto ejecutivo, ello debe hacerse luego de llevarse a cabo consultas serias con oficiales militares de carrera, y luego de que el proceso ha seguido su curso; y sólo cuando la magnanimidad es merecida.