Colombia: Corte Constitucional ilegítima
Desde su independencia, la hoy llamada República de Colombia ha estado marcada...
20 de Diciembre de 2019
No atenderéis en vuestros juicios a la
apariencia de las personas; oíd a los pequeños
como a los grandes, sin temor a nadie.
Deuteronomio 1, 17
- - -
A la Corte Constitucional se le confía
la guarda de la integridad
y supremacía de la Constitución.
Constitución Política de Colombia, Artículo 241
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Para mi querida 'Antígona Vélez' (como diría Marechal)
* * *
Desde su independencia, la hoy llamada República de Colombia ha estado marcada por la mediocridad y la corrupción jurídicas.
Propiamente y, salvo contadas y honrosas excepciones, jamás ha tenido lugar una genuina división de los poderes públicos, lo cual confirma que la democracia moderna ―fallida desde su teorización misma― termina, casi siempre, convertida en una tiranía bajo el gobierno de uno o unos pocos que, desde el ejecutivo, controlan el poder legislativo y judicial a su antojo, recurriendo a sucias artimañas sofísticas para las cuales entrenan al actual técnico en leyes de las universidades en todo el mundo, pues en vistas al enriquecimiento, el ascenso político y la permanencia en las cátedras, no resulta muy conveniente la reflexión seria y honesta sobre lo justo, que es la esencia misma del estudio del derecho. Así pues, son muy pocos aquellos a los que puede darse, con fidelidad a la verdad, el título de abogados, juristas o jurisprudentes, pues esto, más que en un diploma, se verifica en la cultura jurídica cimentada en la filosofía y en el recto ejercicio de la virtud de la justicia, sobre las que muchos han escrito bellas páginas, siendo de gran destaque las de Platón, Aristóteles, San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino.
Pese a mi juventud, conozco bien la historia de Colombia gracias al diálogo con los mayores― fuente de gran sabiduría―, a la lectura juiciosa de autores como José Manuel Groot, Indalecio Liévano Aguirre, Jaime Jaramillo Uribe, Otto Morales Benítez, Luis Corsi Otálora, Pablo Victoria, entre otros, y, especialmente, a la amistad con magníficos historiadores, sobre todo, algunos egresados de nuestra querida Universidad Nacional que, pese a la infiltración marxista, sigue graduando magníficos académicos de talla internacional y reconocido rigor académico y científico. Por tal razón, puedo decir que nunca en la historia de mi país se ha dado tanta corrupción y tanto abuso jurídico como en los dos periodos presidenciales de Juan Manuel Santos Calderón (2010-2014/2014-2018) y, al parecer, uno de sus peores delitos está quedando en evidencia gracias a la demanda de una joven e intrépida abogada antioqueña, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana.
La Dra. Astrid Buitrago fue mi alumna en el curso de Filosofía del Derecho en el segundo semestre del año 2014 y estuvo siempre entre los mejores estudiantes que tuve en los tres maravillosos años que orienté dicha cátedra. Alguna vez, la Dra. Astrid presentó un magnífico ensayo sobre el drama de Antígona que, luego, fue publicado en un reconocido medio de divulgación. En sus líneas pude notar que la historia de esta heroína de la literatura griega le había conmovido profundamente, como ocurre con los abogados con auténtico carisma para esta profesión, que están para algo más que acaudalar una gran fortuna y recibir honores que no merecen. Hoy, la que fuera mi gran alumna hace el papel de Antígona frente a las injusticias y arbitrariedades del Creonte Santos.
A finales de 2018, la Dra. Astrid Buitrago presentó una demanda al Consejo de Estado en la que fundamenta por qué la elección de seis de los nueve magistrados de la Corte Constitucional de Colombia es nula, dado que no se hizo con base en la convocatoria pública que exige el Artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 2015, por el cual se reforma la Constitución Política de Colombia, cuyo Artículo 126, en el nuevo texto, dice:
'Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección'.
Propiamente y, salvo contadas y honrosas excepciones, jamás ha tenido lugar una genuina división de los poderes públicos, lo cual confirma que la democracia moderna ―fallida desde su teorización misma― termina, casi siempre, convertida en una tiranía bajo el gobierno de uno o unos pocos que, desde el ejecutivo, controlan el poder legislativo y judicial a su antojo, recurriendo a sucias artimañas sofísticas para las cuales entrenan al actual técnico en leyes de las universidades en todo el mundo, pues en vistas al enriquecimiento, el ascenso político y la permanencia en las cátedras, no resulta muy conveniente la reflexión seria y honesta sobre lo justo, que es la esencia misma del estudio del derecho. Así pues, son muy pocos aquellos a los que puede darse, con fidelidad a la verdad, el título de abogados, juristas o jurisprudentes, pues esto, más que en un diploma, se verifica en la cultura jurídica cimentada en la filosofía y en el recto ejercicio de la virtud de la justicia, sobre las que muchos han escrito bellas páginas, siendo de gran destaque las de Platón, Aristóteles, San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino.
Pese a mi juventud, conozco bien la historia de Colombia gracias al diálogo con los mayores― fuente de gran sabiduría―, a la lectura juiciosa de autores como José Manuel Groot, Indalecio Liévano Aguirre, Jaime Jaramillo Uribe, Otto Morales Benítez, Luis Corsi Otálora, Pablo Victoria, entre otros, y, especialmente, a la amistad con magníficos historiadores, sobre todo, algunos egresados de nuestra querida Universidad Nacional que, pese a la infiltración marxista, sigue graduando magníficos académicos de talla internacional y reconocido rigor académico y científico. Por tal razón, puedo decir que nunca en la historia de mi país se ha dado tanta corrupción y tanto abuso jurídico como en los dos periodos presidenciales de Juan Manuel Santos Calderón (2010-2014/2014-2018) y, al parecer, uno de sus peores delitos está quedando en evidencia gracias a la demanda de una joven e intrépida abogada antioqueña, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana.
La Dra. Astrid Buitrago fue mi alumna en el curso de Filosofía del Derecho en el segundo semestre del año 2014 y estuvo siempre entre los mejores estudiantes que tuve en los tres maravillosos años que orienté dicha cátedra. Alguna vez, la Dra. Astrid presentó un magnífico ensayo sobre el drama de Antígona que, luego, fue publicado en un reconocido medio de divulgación. En sus líneas pude notar que la historia de esta heroína de la literatura griega le había conmovido profundamente, como ocurre con los abogados con auténtico carisma para esta profesión, que están para algo más que acaudalar una gran fortuna y recibir honores que no merecen. Hoy, la que fuera mi gran alumna hace el papel de Antígona frente a las injusticias y arbitrariedades del Creonte Santos.
A finales de 2018, la Dra. Astrid Buitrago presentó una demanda al Consejo de Estado en la que fundamenta por qué la elección de seis de los nueve magistrados de la Corte Constitucional de Colombia es nula, dado que no se hizo con base en la convocatoria pública que exige el Artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 2015, por el cual se reforma la Constitución Política de Colombia, cuyo Artículo 126, en el nuevo texto, dice:
'Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección'.
En el actual panorama de Colombia, donde se acaban de presentar las firmas recogidas para un referendo ―que pide, entre otras cosas, remover las nefastas cortes, cuyos miembros fueron puestos por Juan Manuel Santos para llevar a cabo los Acuerdos de La Habana y su funesta implementación―, esta demanda puede ser una gran esperanza para el pueblo colombiano que, como dice su himno, 'entre cadenas gime', al igual que el resto de la humanidad, sometida por leyes inicuas, establecidas por hombres que encarnan la injusticia y la mentira.
Vale la pena, más que abundar en palabras, dejar a los lectores de El Ojo Digital con la entrevista que hiciera el Dr. Fernando Londoño Hoyos en La Hora de la Verdad a la Dra. Buitrago, pidiendo a los colombianos que residen en el exterior que hagan sentir su indignación y que, juntos, clamemos al mundo entero por auxilio, antes de que sea demasiado tarde, mientras seguimos orando y con el mazo dando, porque la lucha que se nos viene es, tal vez, la más dura de nuestro arduo trasegar.
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Sobre Carlos Andrés Gómez Rodas
Gómez Rodas es Licenciado en Filosofía y Letras y Doctor en Filosofía (Universidad Pontificia Bolivariana; en Medellín, Colombia). Miembro del Centro de Estudios Clásicos y Medievales Gonzalo Soto Posada (CESCLAM). Coautor de los dos tomos del libro '100 Preguntas y Respuestas para Comprender el Conflicto Colombiano'. Es colaborador regular en El Ojo Digital (Argentina) y en el Centro Cultural Cruzada y Razón+Fe (ambos de la República de Colombia).