Colombia: ¿Ejército bicentenario criminoso o envidiable?
A los soldados colombianos se los repele, por cuatro razones principales.
07 de May de 2020
A los soldados colombianos se los repele, por cuatro razones principales. La emocional es una de ellas, y procede de alguna afectación que resulta de una acción dañina o injusta debido a un procedimiento equivocado en el uso de la fuerza. Desde un maltrato en un retén hasta una macabra ejecución extrajudicial, acunan rencores difíciles o imposibles de solventar.
Una segunda razón mayor es la política. Sectores comunistas varados en los años sesenta, en la Guerra Fría, que con tergiversaciones tipo Ejército burgués versus ejército del pueblo manipulan las emociones de desinformados, insatisfechos o frustrados y con argumentos mezclados con realidades, verdades a medias y mentiras, los convierten en mente capti, mentecatos. La tercera principal razón es mercenarismo.
Atacar a los militares es una tarea que paga bien. Así lo demuestran las jugosas ganancias de un colectivo de abogados, el José Alvear, logradas por denunciar falsas desapariciones como en el conocido caso de Mapiripán en 1997. La narcosubversión juega fuerte en este grupo, como que ya cuenta senadores y representantes en el parlamento con sueldos exorbitantes y beneficios extraordinarios comparados con el trabajador o empleado común.
Y la cuarta razón es una venenosa combinación de las tres anteriores: manipulan ingenuos, obtienen pingües ganancias del erario público y, de paso, debilitan la credibilidad de las instituciones armadas, única talanquera históricamente efectiva que logró evitar que se impusiera en Colombia un régimen totalitario a fuerza de AK-47. Esos cuatro grupos, suman entre ellos menos del 20% de la simpatía de la opinión pública del país. Y de nada ha valido que algunos medios, representantes de oscuros intereses, semana a semana busquen amarillear el panorama noticioso a costa de los soldados colombianos, pues estos siguen siendo los más queridos por la ciudadanía colombiana.
En una institución de más de 230 mil hombres y mujeres, con sevicia, se remachaca el posible mal procedimiento de 11 Oficiales pertenecientes a oficinas de Inteligencia y Contrainteligencia militar y otros casos de corrupción en la cadena logística del Ejército, pero no se menciona con igual intensidad el reciente asesinato en Tumaco, de un Capitán de inteligencia; ni la humillante retención ilegal de 35 miembros armados de la FFPP en Caloto por la Guardia campesina, apoyada por disparos de los mismos asesinos del Capitán, mientras los policías y los soldados trataban de evitar el robo de unas reses. El miércoles 29 de abril en El Tambo, Cauca, un pelotón al mando de un Subteniente, ubicó, aproximó y rodeo una banda de 20 narcoelenos. Lanzó la proclama respectiva intimando rendición y los delincuentes decidieron rendirse. Su moral narco “revolucionaria” no dio para el sacrificio.
Tres días después, otros 8 narcoterroristas también se entregaron gracias a las operaciones militares que adelantan los soldados en el suroccidente del país. Todo lo anterior contradice palmariamente la “order to kill” que anunció un periodista en el New York Times en junio del año pasado y que causó otra de las escandolas semanales contra el Ejército bicentenario.
Para escozor de sus malquerientes, el resultado trimestral estadístico de Invamer sobre favorabilidad y desfavorabilidad de instituciones y personas en el país, puso en primer lugar, de nuevo, a los militares con un 87, 9%. Reconocidos parlamentarios apuntan sus dedos al Ejército, aunque, irónicamente, la misma encuesta que encumbra a los uniformados hunde al Congreso con 67.4% de desfavorabilidad. No escapa a la opinión pública colombiana, que tal congreso acoge narcotraficantes y asesinos convictos, como el autor de la masacre de Bojayá hace 18 años. Las anteriores realidades hacen que la conciencia colectiva, con acceso casi infinito a información prefiera a sus soldados, por supuesto.
Desafortunadamente, la inteligencia militar no está pasando por su mejor momento. Pareciera ser que, a los designados para manejar esta delicada y fundamental tarea de Seguridad Nacional, les ha faltado olfato para entender el contexto en que vivimos. Preocupa que el aparato de inteligencia esté en manos de hombres de confianza y no en técnicos y expertos; preocupa esté en desarrollo algún tipo de lucha intestina en la institución, como advierten algunos conocedores y preocupa también, que la inteligencia estratégica resulte afectada, con actores peligrosos e inestables como Cuba, cuyo G2 hace inteligencia sin talanqueras y Venezuela, que parece estar preconstituyendo prueba con supuestos intentos de invasión “desde Colombia, para cometer actos terroristas en el país y asesinar líderes del gobierno revolucionario” y que puede traer “imprevisibles y peligrosas consecuencias”, según el ministerio del Interior de Miraflores.
Como en casos anteriores, la información del escándalo de fin de semana habla de espionaje, pero contradictoriamente también habla de información recolectada de fuentes abiertas; renueva el episodio de las chuzadas, aunque el Ejército perdió esa capacidad técnica; hace eco de una libertad de prensa amenazada, peligro inexistente por donde se mire y presenta una lista de más de 100 personas perfiladas, por lo que estaríamos hablando de un archivo corriente de Quién es Quién, que maneja hasta la más sencilla agencia de inteligencia en cualquier parte del mundo. Finalmente, será el aparato judicial, otra institución con un mínimo de credibilidad en el país, el que sentenciará si los Oficiales defenestrados sin fórmula de juicio, son o no culpables de haber violado la Ley Estatutaria 1621 de Inteligencia y Contrainteligencia. Ojalá el juez que conozca de la causa, sepa y tenga experiencia en la materia.
La decisión política del Gobierno de suspender a los oficiales involucrados en posibles actos ilegales, demuestra palmaria y reiteradamente que en Colombia los militares están subordinados al poder político y desbarata el relato izquierdista de un supuesto poder militar. Se espera que las tales “carpetas” no vayan a resultar como las “fosas comunes”, mito desgastador y distractor.
El encono semanal para erosionar la institución militar, pasará cuenta de cobro en su momento y los mismos que están convirtiendo a los soldados en reyes de burla, los llamarán para que los protejan o defiendan.
Una segunda razón mayor es la política. Sectores comunistas varados en los años sesenta, en la Guerra Fría, que con tergiversaciones tipo Ejército burgués versus ejército del pueblo manipulan las emociones de desinformados, insatisfechos o frustrados y con argumentos mezclados con realidades, verdades a medias y mentiras, los convierten en mente capti, mentecatos. La tercera principal razón es mercenarismo.Atacar a los militares es una tarea que paga bien. Así lo demuestran las jugosas ganancias de un colectivo de abogados, el José Alvear, logradas por denunciar falsas desapariciones como en el conocido caso de Mapiripán en 1997. La narcosubversión juega fuerte en este grupo, como que ya cuenta senadores y representantes en el parlamento con sueldos exorbitantes y beneficios extraordinarios comparados con el trabajador o empleado común.
Y la cuarta razón es una venenosa combinación de las tres anteriores: manipulan ingenuos, obtienen pingües ganancias del erario público y, de paso, debilitan la credibilidad de las instituciones armadas, única talanquera históricamente efectiva que logró evitar que se impusiera en Colombia un régimen totalitario a fuerza de AK-47. Esos cuatro grupos, suman entre ellos menos del 20% de la simpatía de la opinión pública del país. Y de nada ha valido que algunos medios, representantes de oscuros intereses, semana a semana busquen amarillear el panorama noticioso a costa de los soldados colombianos, pues estos siguen siendo los más queridos por la ciudadanía colombiana.
En una institución de más de 230 mil hombres y mujeres, con sevicia, se remachaca el posible mal procedimiento de 11 Oficiales pertenecientes a oficinas de Inteligencia y Contrainteligencia militar y otros casos de corrupción en la cadena logística del Ejército, pero no se menciona con igual intensidad el reciente asesinato en Tumaco, de un Capitán de inteligencia; ni la humillante retención ilegal de 35 miembros armados de la FFPP en Caloto por la Guardia campesina, apoyada por disparos de los mismos asesinos del Capitán, mientras los policías y los soldados trataban de evitar el robo de unas reses. El miércoles 29 de abril en El Tambo, Cauca, un pelotón al mando de un Subteniente, ubicó, aproximó y rodeo una banda de 20 narcoelenos. Lanzó la proclama respectiva intimando rendición y los delincuentes decidieron rendirse. Su moral narco “revolucionaria” no dio para el sacrificio.
Tres días después, otros 8 narcoterroristas también se entregaron gracias a las operaciones militares que adelantan los soldados en el suroccidente del país. Todo lo anterior contradice palmariamente la “order to kill” que anunció un periodista en el New York Times en junio del año pasado y que causó otra de las escandolas semanales contra el Ejército bicentenario.
Para escozor de sus malquerientes, el resultado trimestral estadístico de Invamer sobre favorabilidad y desfavorabilidad de instituciones y personas en el país, puso en primer lugar, de nuevo, a los militares con un 87, 9%. Reconocidos parlamentarios apuntan sus dedos al Ejército, aunque, irónicamente, la misma encuesta que encumbra a los uniformados hunde al Congreso con 67.4% de desfavorabilidad. No escapa a la opinión pública colombiana, que tal congreso acoge narcotraficantes y asesinos convictos, como el autor de la masacre de Bojayá hace 18 años. Las anteriores realidades hacen que la conciencia colectiva, con acceso casi infinito a información prefiera a sus soldados, por supuesto.
Desafortunadamente, la inteligencia militar no está pasando por su mejor momento. Pareciera ser que, a los designados para manejar esta delicada y fundamental tarea de Seguridad Nacional, les ha faltado olfato para entender el contexto en que vivimos. Preocupa que el aparato de inteligencia esté en manos de hombres de confianza y no en técnicos y expertos; preocupa esté en desarrollo algún tipo de lucha intestina en la institución, como advierten algunos conocedores y preocupa también, que la inteligencia estratégica resulte afectada, con actores peligrosos e inestables como Cuba, cuyo G2 hace inteligencia sin talanqueras y Venezuela, que parece estar preconstituyendo prueba con supuestos intentos de invasión “desde Colombia, para cometer actos terroristas en el país y asesinar líderes del gobierno revolucionario” y que puede traer “imprevisibles y peligrosas consecuencias”, según el ministerio del Interior de Miraflores.
Como en casos anteriores, la información del escándalo de fin de semana habla de espionaje, pero contradictoriamente también habla de información recolectada de fuentes abiertas; renueva el episodio de las chuzadas, aunque el Ejército perdió esa capacidad técnica; hace eco de una libertad de prensa amenazada, peligro inexistente por donde se mire y presenta una lista de más de 100 personas perfiladas, por lo que estaríamos hablando de un archivo corriente de Quién es Quién, que maneja hasta la más sencilla agencia de inteligencia en cualquier parte del mundo. Finalmente, será el aparato judicial, otra institución con un mínimo de credibilidad en el país, el que sentenciará si los Oficiales defenestrados sin fórmula de juicio, son o no culpables de haber violado la Ley Estatutaria 1621 de Inteligencia y Contrainteligencia. Ojalá el juez que conozca de la causa, sepa y tenga experiencia en la materia.
La decisión política del Gobierno de suspender a los oficiales involucrados en posibles actos ilegales, demuestra palmaria y reiteradamente que en Colombia los militares están subordinados al poder político y desbarata el relato izquierdista de un supuesto poder militar. Se espera que las tales “carpetas” no vayan a resultar como las “fosas comunes”, mito desgastador y distractor.
El encono semanal para erosionar la institución militar, pasará cuenta de cobro en su momento y los mismos que están convirtiendo a los soldados en reyes de burla, los llamarán para que los protejan o defiendan.
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@JohnMarulandaM
Sobre John Marulanda
Licenciado en Filosofía e Historia de la Universidad Santo Tomás de Aquino, y Abogado de la Universidad de la Gran Colombia, Marulanda se desempeña como consultor internacional en seguridad y defensa. Es Coronel (R) del Ejército de Colombia.