América Latina y la necesidad de políticas de Estado

Uno de los grandes problemas que exhibe América Latina en el terreno de la conformación de sus respectivos Estados, es la ausencia de capacidad a la hora de construir gobernabilidad a efectos de compatibilizar con exigencias democráticas. Como resultado, los gobiernos -y no los Estados- determinan políticas que, mayormente, se extienden por cuatro años -breve espacio de tiempo a criterio de hacer frente a problemáticas como ser pobreza y desempleo, y donde se evidencia una carencia de poder efectivo y control estatal.

 

En tal contexto, el presidencialismo hace perder el foco frente a lo que realmente es una democracia, quedando este concepto relegado a una falsa noción de poder absoluto. El Poder Ejecutivo, entonces, es destinatario de toda suerte de responsabilidades -como ser todo el peso de lo actuado por la dirigencia política, en la forma de aciertos y desaciertos. Se asiste a un profundo desconocimiento en torno de la, para muchos, 'inculta' cultura política latinoamericana, tomándose a la figura del presidente como un monarca absolutista que habrá de brindar soluciones inmediatas al conjunto de las demandas ciudadanas. Doscientos años de este peculiar hipnotistmo han transcurrido en la región, sin que se llegue a superar del todo la percepción de las personas como vasallos o esclavos.

 

América Latina ha venido construyéndose sobre las particularidades de sus dirigentes, abrazándose a sistemas partidistas en donde el derrotero común ha sido, en ocasiones, la violencia. Y quedando a la vera del camino las respuestas posibles para combatir la desigualdad, el subdesarrollo, el desempleo, o el crecimiento de los índices de pobreza e indigencia, etcétera. Al considerarse las evidencias, el Estado republicano latinoamericano promedio queda muchas veces relegado a la puesta en escena diseñada por maquinarias político-partidarias; las políticas públicas se ejecutan a partir de planes de campaña pergeñados con inconveniente anterioridad y, conforme ya se dijo, a ser implementados durante escasos cuatro años. Será lícito, entonces, preguntarse por qué, a pesar de que los sistemas democráticos eligen a sus respectivos gobernantes -los cuales concentran prácticamente la totalidad del proceso decisional-, las grandes problemáticas no hallan solución? En tal virtud, podrá concluírse que la respuesta radica en que estos Estados operan en torno de a políticas de gobierno, pero no de políticas de Estado.

 

La política partidaria obedece a criterios cortoplacistas; son ejecutadas en un cuatrienio durante el cual el presidente en ejercicio no está en capacidad de implementar todo lo prometido en campaña. Para los dos primeros años, el presidente electo suele ocuparse fundamentalmente de la herencia recibida de la Administración anterior, verificándose una transversalidad entre el país que recibe, frente al país que el líder elegido ha prometido transformar. Al tercer año, el jefe de estado habrá de buscar consolidar lo ya realizado en los dos anteriores para que, a partir del cuarto, pueda comenzar a perfilarse la persona que eventualmente podría sucederlo -esto es, evaluándose la posibilidad de continuar las políticas de gobierno. Si en las encuestas y en la evidencia nacional, la gestión realizada por el jefe del ejecutivo es aprobada y cuenta con el respaldo popular, la misma democracia se encargará de elegir su sucesor para que el nuevo ungido dé continuidad al programa. De registrarse el proscenio contrario, y la gestión no lograre cosechar la aprobación necesaria, el propio sistema democrático la removerá del juego político. Sin lugar a dudas, en el peor de los casos, el esfuerzo político opositora operará en el perjuicio de la gestión saliente, la cual se derrumbaría -interrumpiéndose todo proceso de continuidad. En tal escenario, las políticas de gobierno de cuatro años se verían socavadas y rápidamente extintas.

 

En rigor, no se trata de refrendar argumentos que interpreten a los períodos de cuatro años como escasos. Al contrario; los mismos son más que suficientes. En tal razón, se insiste en que el candidato electo suele ser percibido como un extraño portador de poderes mágicos convocado para, en poco tiempo, aportar soluciones rápidas. Así las cosas, la frugal cultura política de la América Latina aún deposita su fe en caudillismos salvadores qué, de acuerdo a la interpretación colectiva, habrán de modificar en tiempo récord el complejo y pesado lastre histórico de corrupción, clientelismo y violencia. Asimismo, será crítico subrayar que la alternativa de una extensión de los períodos presidenciales de cuatro a seis años tampoco resulta atendible, por cuanto propuestas en ese orden cuentan con el potencial para nutrir la creación de regímenes políticos camuflados como demócratas, que podrían buscar mantenerse en el poder a perpetuidad.

 

La democracia habrá de mantener su tradicional renovación de cuatro años para el Ejecutivo, pero centrando toda atención en la edificación de verdaderas políticas de Estado de largo plazo, siempre necesarias para determinar el derrotero estratégico de un país. Ese compendio de políticas públicas de Estado habrá de declarar fines, objetivos y planes de acción de largo plazo, con proyecciones mínimas de treinta años; en definitiva, un correlato de 'Gran Estrategia Nacional'. Desarrollando entonces políticas de Estado, las futuras propuestas electorales en todos sus niveles -tanto de alcaldías, gobernaciones, senado, cámara de representantes y presidencia- procederán en completa sincronía con el proyecto de primer orden, evitando abrazarse a intereses particulares al servicio exclusivo de partidos políticos (partidocracia) o, peor aún, a intereses personalistas de determinadas élites políticas.

 

Y esa sincronización también deberá tener su correlato en políticas que atiendan al desarrollo estratégico de los diferentes sectores económico-sociales (industriales, empresariales e incluso académicos). Sin embargo, esta alternativa no podrá ser plasmada en la realidad, de no evidenciarse voluntad política hacia el interior de los Estados. El objetivo es desarrollar una auténtica sinergia entre las partes intervinientes para, mediante el consenso, analizar cómo contempla cada sector al país desde el presente, hasta treinta, cincuenta o más años en el futuro. En pocas líneas, consensuar un programa de Estado-Nación cuyos principales actores contribuyan a la erección de políticas de Estado que atiendan a directrices y planes con el fin común como guía.

 

A este respecto, una opinión que gana empuje es la que invita a desterrar las prácticas de una vieja política que se gestara tras las guerras de independencia y que hoy verifican continuidad con las políticas actuales -escenario del cual parten agudas diferencias ideológicas que, amén de reiterar episodios de violencia, perpetúan una interpretación de la ciudadanía como vasalla del poder de turno. Otros reflejos de este ecosistema caduco es el mesianismo político, junto con la reiteración de políticas cortoplacistas de gobiernos con intereses particulares; el corolario de sus proponentes es el descarte inmediato de cualquier política que considere el largo plazo.

 

Latinoamérica, a lo largo de lo visto en décadas recientes, ha recurrido a salidas urgentes ante problemas centrales (y ejecutadas con desaprensión); y se ha abrazado a sistemas políticos fallidos en el mundo (comunismo, socialismo). Así, por ejemplo, se asiste a la peregrinación o diáspora latino-iberoamericana de cubanos, venezolanos, nicaragüenses y otros, como único derrotero para abandonar un estado individual de pobreza y desigualdad -inculcado en ellos por Estados o regímenes de confesión autoritaria.

Lo sucedido en no pocas naciones del orbe latinoamericano claramente se debe a la contundente ausencia de políticas de Estado, conforme descriptas líneas arriba. La realidad continental actual invita a ponderar debidamente los caminos que permitan ingresar a una suerte de período de ilustración regional, desde el cual sea posible -mediando la cooperación de naciones serias- propiciar genuinos focos de desarrollo, que sean parte de un andamiaje regional con proyección internacional.

 

Solo un delineamiento de políticas de Estado que involucren objetivos estratégicos a largo plazo, aquéllo podrá lograrse. El marco exigirá que los eventuales presidenciables deban ajustarse a esas políticas, ceñirse a la gran estrategia, y construir, paso a paso, la culminación exitosa de un Programa.

A efectos de morigerar el pernicioso impacto de la corrupción, del clientelismo y de aquellos males que afectan a la América Latina -incluído el contrabando de estupefacientes-, será preciso tomar en serio a la acción política. Pero no enmarcada ésta en la tradicionalmente disfuncional politiquería, ni en el populismo.