Argentina: Alberto Fernández, aterrizaje forzoso

En octubre de 2019, la ciudadanía argentina -acaso defraudada por la siesta de cuatro años de Mauricio Macri- le otorgó a Alberto Angel Fernández un voto de confianza que terminaría depositándolo en la Presidencia de la Nación. El ex Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner se las arregló, en campaña, para suplementar su base electoral con los sufragios provenientes de sectores medios, que otrora habían creído en la frugal palabra del ex presidente del club Boca Juniors. Cinco meses más tarde, esa particular franja de votantes debe lidiar con una nueva decepción: el Presidente Fernández aniquiló sus fuentes de ingresos, mediando una cuarentena eterna y una brutal devaluación del poder adquisitivo de la moneda -la cual, ha de subrayarse, no ha registrado ninguna nación de Occidente en etapa de confinamiento.

En ese delicado concierto, el país protagonizó -este sábado 20 de junio- una movilización ciudadana con escasos precedentes en los últimos veinte años, con las excepciones de diciembre de 2001 y la comentada reedición de la Guerra Gaucha de aquel turbulento 2008. Si bien es cierto que el ampliamente promocionado 'Banderazo' ya había contabilizado un par de prólogos bajo el formato de cacerolazos, en esta oportunidad, la exteriorización contestataria contra la Gestión Fernández del Día de la Bandera contó con el ruidoso respaldo de sectores agrícolas, aunque también con un follow-up incisivo de parte de los medios de comunicación tradicionales -los cuales apostaron ejércitos de noteros y camarógrafos ya en la previa de las marchas, que intuían serían de magnitud.

El Affaire Vicentín -cuyos subterráneos prolegómenos pocos conocen realmente- sirvió como lubricante para la masiva protesta social de alcance nacional. A la postre, los marchantes se aferraron a la convocatoria organizada en el interior por los directivos de la cerealera para blanquear preocupaciones bastante más importantes, comenzando por la incursión anticonstitucional a la que Alberto Fernández y sus funcionarios vienen abrazándose, sin pudor, desde el 20 de marzo pasado. Esa fecha, que coincide con la imposición de un frágil esquema legal de confinamiento forzado, será sindicada en el futuro como causal primigenia de un sinnúmero de problemas para el Presidente. En rigor, y resguardado por la urgencia sanitaria, Alberto Fernández impidió que el diagrama confinador fuera tratado por el Congreso; negándose también a declarar un Estado de sitio o de excepción y, por lo tanto, arrogándose facultades y competencias que todo jefe de Estado carece. Jamás evidenciándose oposición política ni judicial frente a su invectiva autoritaria, el socio (o rehén) político de Cristina Kirchner continuó avanzando, hasta aterrizar de bruces en el Proscenio Vicentín. La metodología de la cuarentena volvería a repetirse, también en este capítulo: el Presidente se arrogó facultades legislativas y judiciales, al inclinarse desaprensivamente por un procedimiento confiscatorio que jamás ofreció el menor atisbo de explicación oficial (accionar que ha incurrido en la explícita violación de los Artículos 99 -inciso 3ero.-, 109, y 29 de la Constitución Nacional).

La disquisición reglamentario-constitucional que hace a las medidas del gobierno son relevantes, por cuanto certifican que la agenda política del jefe de Estado argentino es conducida sobre un andamiaje que acusa una fragilidad extrema: en el terreno, la persecución contra 'violadores de la cuarentena' deviene en ilegal; y lo propio sucede con la maniobra que persigue la expropiación de la cerealera Vicentín. Así las cosas, el copioso conjunto de evidencias ayuda a consolidar la conclusión de que Alberto Fernández ha arrojado al basurero todo fundamento republicano del sistema que lo ha designado como Presidente de la Nación; tal fue, por ejemplo, el puntapié inicial que depositó a Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

En el ínterin, esta circunstancia no atendida remite al peligroso costumbrismo de Fernández, el cual lo compele a suplir con una corrosiva militancia a toda maniobra abiertamente ilegal. Como parte de ese frondoso menú, la fraseología del Presidente y de su circuito intimista (pasando por Santiago Cafiero, hasta llegar al consorcio confinador de infectólogos regenteado por Pedro Cahn -Fundación Huésped-, Daniel Gollán, Nicolás Kreplak, Carla Vizzotti, y otros muchos) arenga a la crucifixión pública de todo aquel que reclame por sus derechos individuales inalienables plasmados en la Carta Magna.

Peor todavía, ese sistemático esfuerzo militante reposa en la falsificación y la manipulación estadística de todo dato relativo a la performance del vector epidemiológico coronavirus, conforme ya se viera en la fallida presentación de gráficas sobre contagios y decesos registrados en naciones limítrofes. A la postre, la instantánea conduce a un modus operandi cuya retórica se escenifica echando mano de la comisión de delitos tales como la falsificación de documento público o la intimidación pública, y -como ya se dijo- del atropello anticonstitucional y antiinstitucional. Una consecuencia marginal de este ecosistema de propaganda, tal se viera en redes sociales, ha cobrado forma en el apaleo selectivo propinado por agentes de policía -en varios distritos del país- a ancianos y familias enteras, por 'violar la cuarentena'. Más allá del inédito e inabarcable proceso de destrucción económica albertista, también la ciudadanía asiste como mudo testigo a esa deleznable colección de episodios, inevitablemente emparentados con el recurrente fogoneo de fractura social.

Incidentalmente, el Presidente ha depositado en un mar de problemas a gobernadores e intendentes de su propia extracción partidaria: tras aniquilar la actividad, la recaudación de impuestos se ha desmoronado. Si escasean los fondos para abonar salarios en el sector público -problemática que ya confiesa tener la Nación-, tampoco los habrá para hacer frente a gastos de campaña de cara a los comicios de 2021.

Finalmente, algunos han comenzado a cuestionarse si Alberto Angel Fernández lidera genuinamente un gobierno, o si acaso oficia como extraviado dignatario de una facción cuya meta es concentrar la suma del poder público, cualquiera sea el costo.

A posteriori del 'Banderazo Nacional', el Soberano ha decidido redoblar la apuesta. 'Son antiperonistas; estoy harto', dijo sobre los manifestantes, y abrazándose nuevamente al más grosero y garrafal error de diagnóstico.

Su solución final es evidente, conforme acaba de decidir que millones de argentinos merecen ser severamente reprendidos por exteriorizar sus molestias: Fernández ampliará el confinamiento por otros sesenta días. El jefe de Estado no está -como algunos creen- confundido: antes, bien; se autopercibe como un iluminado que necesita imponer su lesivo dietario, como si se tratase de un dogma. Poco le interesa si el público no lo comprende, o si lo desprecia: el norte de su brújula es la inmolación.

Supo decirlo Martin Luther King, Jr.: 'Nada en el mundo es más peligroso que la sincera ignorancia y la estupidez consciente'. Sería difícil reclamar mayor vigencia.