EE.UU.: las autoridades federales, listas para actuar cuando las ciudades pongan fin a los desmanes

En los Estados Unidos de América, el primer y más importante deber del gobierno es mantener segura a la nación. Ningún país debería tolerar un ataque militante contra su propiedad federal, ni contra sus tribunales de justicia. Como tampoco ningún presidente estadounidense debería prestar oídos sordos frente al desbarajuste de violencia registrado en Chicago y otras tantas ciudades. El presidente no solo cuenta con la autorización para lidiar con estos asuntos; también se encuentra obligado a hacerlo.

Aquellos que afirman que la réplica de la Administración Trump ha sido estrictamente política, es un error; en tanto evita hacer referencia a la responsabilidad y las obligaciones ya apuntadas. El hecho de que exista una reacción política partidista frente a las acciones del presidente Donald Trump no significa que sus acciones estén motivadas políticamente.

Trump no manufacturó la turbulencia social en Portland, Oregon, como tampoco fogoneó las acciones violentas que tuvieron lugar en todo el país. Pero, en efecto, se encuentra en una posición en la que tiene la obligación de responder.

Ciertos medios de comunicación y dirigentes políticos de izquierda se han involucrado en una profundamente destructiva operación psicológica, intentando presentar los hechos como protagonizados por 'manifestantes pacíficos', con unas pocas manzanas podridas involucradas. Lo que se ve hoy en Portland y otros centros urbanos nada tiene de protesta pacífica; se trata, lisa y llanamente, de actividad criminal organizada, la cual incluye saqueos, incendios intencionales, y ataques contra oficiales federales y de fuerzas de policía.

La existencia de algunos 'manifestantes pacíficos' en una turbamulta no significa que el grupo no deje de ser violento; antes, bien: los hechos convierten a esos 'manifestantes pacíficos' en violentos también. La presencia de cualquier individuo en un núcleo de violentos conocidos por emplear cócteles molotov, fuegos de artificio de uso comercial, y por recurrir a la destrucción de muros convierte a la labor de las fuerzas de policía en una más difícil y peligrosa.

Adicionalmente, el adjetivo 'pacífico' omite el carácter deleznable que cabe a la perfección para describir a los eventos, los cuales comienzan con una vulgar agitación. No se trata aquí de manifestaciones pacíficas que se abracen a la fraseología de la acción no violenta en su momento defendida por Martin Luther King Jr. y John Lewis. De hecho, aquí se evidencia una abandono contundente de aquéllas acciones y tradiciones.

El componente más frustrante que involucra al retrato que los medios comparten sobre la tubulencia es que el objetivo promocionado de igualdad racial es defendido por, virtualmente, cualquier persona. Cualquier segmento de la sociedad civil que afirme creer en la desigualdad es denunciado en todo Estados Unidos.

Pero no es ese el objetivo de los grupos violentos. En este punto, queda expuesto con total evidencia que la acción paramilitar anti-Trump se dedica a propiciar y fogonear furia en Twitter y otras redes sociales, para que cierto elemento pase a la acción y destruya.

Los críticos del presidente, quienes afirman que la réplica federal debe ser caracterizada como inadecuada, están sumamente errados. Las autoridades federales han protegido al edificio Mark O. Hatfield de la Corte de los EE.UU., desde que fuera erigido, en 1997. Si los violentos hubiesen atacado durante 1997, 2007 o el pasado año, el rol del gobierno federal hubiese sido exactamente el mismo: proteger al edificio del tribunal.

Asimismo, los críticos del presidente han señalado una serie de observaciones extrañas, que van desde criticar los uniformes utilizados por oficiales federales, o porque estos han utilizado vehículos sin identificación.

Lora Ries, analista en el think tank The Heritage Foundation en Washington, D.C., ha rebatido esas falsas afirmaciones, señalando lo que es obvio: los uniformes dejan bien en claro que los oficiales desplegados son federales (si Usted confunde genuinamente a un oficial camuflado en equipo táctico repleto de insignias gubernamentales, entonces Usted no es apto para la acción paramilitar; valga la ironía) y el empleo de vehículos sin matrícula es una táctica corriente y permitida.

Esas mismas críticas prefieren ignorar la extendida tradición del gobierno federal a la hora de mantener la paz y las libertades civiles de los ciudadanos estadounidenses. Todo lo cual es coherente con la represión de la Rebelión del Whisky en 1771, hasta la protección de niños de familias afroamericanas que ingresaban a las escuelas en los años cincuenta, y llegando a la manutención del orden tras los delitos violentos perpetrados en el ataque a Los Angeles, en 1992. La restautración del orden, en consecuencia, es una tradición americana.

El hecho es que el gobierno federal cuenta con absoluta autoridad -y con el deber- de proteger la integridad de propiedad federal. De igual manera, el gobierno federal de los Estados Unidos se reserva poderes bajo el Acta sobre Insurreción, a criterio de tomar acciones más decisivas a la hora de reprimir a perpetradores violentos, más allá de resguardar propiedad federal.

Mientras completa Usted la lectura de estas líneas, Kate Brown (gobernadora de Oregon y miembro del Partido Demócrata) ha retrocedido frente a su postura previa de permitir que el desorden y la violencia continúen. Ahora, Brown ha prometido reforzar el cumplimiento de la ley, si el Departamento de Seguridad Interior le permite hacerse cargo.

De no proceder ella con esa decisión, entonces el presidente y el Departamento de Seguridad Interior estarán listos para tomar cartas en el asunto.

Y así deberán hacerlo, hasta tanto el orden sea restaurado y todos los responsables por el desorden y la violencia (y por organizar y financiar estos actos) terminen en una prisión federal, construyendo matrículas de metal para vehículos en lugar de cócteles Molotov.

Artículo original, en inglés


* El autor, Mike Howell (@MHhowelltweets), es consultor de carrera en materia de relaciones de la rama ejecutiva del gobierno federal, en el think tank estadounidense The Heritage Foundation, en Washington, D.C. De profesión Abogado, previamente se desempeñó en el despacho del consejero general para el Departamento de Seguridad Interior y, previo a ello, para el jefe de los comités de supervisión de la Cámara de Representantes y el Senado de los EE.UU..