¿Una ley antiterrorista doméstica? La acelerada guerra contra el disenso en los Estados Unidos

El presidente estadounidense Joe Biden ya ha dejado en claro que la legislación que se utilizará para combatir a lo que él define como 'terrorismo doméstico' será prioritaria. Esto significa que la promesa compartida en ocasión del discurso de llegada al poder del mandatario 'de todos los estadounidenses' parece aplicar, salvo para aquellos que no se muestran de acuerdo con él. John Brennan, ex jefe de la CIA bajo Barack Obama, quien claramente está al tanto de cada desarrollo, lo aclara de esa manera en un comentario en Twitter, donde describe cómo los nuevos espías de la flamante Administración 'están moviéndose con la velocidad del láser a efectos de descubrir todo lo que puedan sobre la insurgencia' [que incluye] a 'extremistas religiosos, personajes autoritarios, fascistas, racistas, intolerantes, y aún a libertarios'.

La Declaración de Derechos en la Constitución de los Estados Unidos, que abarca la libertad de expresión y de asociación, ha sido puesta en la mira, ya desde hace algún tiempo atrás. El gobierno siempre ha utilizado sus poderes -conferidos por un pretendido estado de emergencia- para privar a los ciudadanos de sus derechos. En ocasión de la Guerra Civil Americana, Abraham Lincoln envió a prisión a los críticos del conflicto. Durante la Primera Guerra Mundial, la Administración del entonces presidente Woodrow Wilson diseñó el Acta sobre Espionaje, que desde entonces ha sido empleada para sentenciar a informantes sin que se cuente con la evidencia que demandaría un tribunal civil regular. En la Segunda Guerra Mundial, Franklin D. Roosevelt erigió campos de concentración, para destinar allí a ciudadanos japoneses-estadounidenses, cuyo único delito consistía en ser de ese origen.

Pero acaso el mayor ataque contra la Declaración de Derechos es la más reciente, y fue dada en llamar Acta Patriota y de Comisiones Militares, que fuera aprobada a consecuencia de la 'Guerra Global contra el Terrorismo' declarada por el presidente George W. Bush en cercanías de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Junto con el Acta FISA (sobre Monitoreo de Inteligencia Extranjera) -que involucra una corte especial diseñada para acelerar el proceso de aprobación de pedidos de captura-, los ciudadanos corrientes se vieron a sí mismos del otro lado del mostrador de ese monitoreo, acción para la cual no había justificativos en términos de lo que en el derecho se conoce como causa probable. El proceso FISA se caracterizó por abusos de parte del aparato de la seguridad nacional, al plantearse el objetivo de provocar disrupción en la campaña de Donald Trump. Las herramientas ya han sido dispuestas ahora para cualquier eventual travesura gubernamental, y nadie debería poner en duda que los Demócratas son igualmente capaces de ignorar las salvaguardas constitucionales -tal como supieron hacerlo los Republicanos.

Lo que vuelve peligroso al actual estado de guerra contra el 'terrorismo' es que el aparato de la seguridad nacional ha sido politizado, mientras el gobierno ha aprendido que el etiquetar a una persona o entidad como terrorista, o incluso como 'simpatizante material del terrorismo' es infinitamente elástico. Eso es, precisamente, lo que Mike Pompeo, Secretario de Estado, ha hecho a la hora de calificar a sus oponentes, endosándoles la etiqueta terrorista -toda vez que ello habilita a tomar medidas adicionales que de otro modo podrían ser desafiadas.

Y también está el hecho de que el campo de juego se ha visto modificado desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El gobierno cuenta con una capacidad técnica que jamás había soñado tener durante la mayor parte del siglo XX. Edward Snowden y otros informantes han probado con qué frecuencia el gobierno ignora los límites constitucionales, interfiriendo con la existencia cotidiana de los ciudadanos de a pie. No sólo eso: también puede hoy monitorear a millones de ciudadanos estadounidenses en simultáneo, otorgando a las fuerzas de policía y a las agencias de inteligencia el poder para manufacturar 'escenarios de pesca', que literalmente invaden los teléfonos móviles, ordenadores y conversaciones de personas que no son culpables de delito alguno.

Las autorizaciones que ya existen serán, en poco más, empleadas como armamento para perseguir a disidentes -conforme el mandato identificatorio del nuevo régimen. Un proyecto de ley presentado por Adam Schiff, presidente del comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, 'echaría mano de la legislación existente que entiende sobre la Guerra Contra el Terrorismo, interponiéndole enmiendas para decir que, ahora, podemos aplicar su contenido al territorio estadounidense'. Esto se combinaría con legislación previa, incluyendo la infame Acta de Autorización para la Defensa Nacional (2012) del ex presidente Barack Obama, que habilita a las fuerzas armadas para detener indefinidamente a ciudadanos americanos sospechosos de terrorismo, sin mediar proceso judicial alguno. Obama y Brennan también se arrogaron el derecho ilegal e inconstitucional de actuar como jueces, jurados y ejecutores, respaldándose en el uso de aeronaves no tripuladas (drones) en el extranjero. A consideración de estos precedentes, un proyecto como el de Schiff obsequiaría mayor margen de acción a la comunidad de la seguridad nacional, aún más.

El nuevo cuerpo de la citada legislación implicaría un mayor alcance para el monitoreo secreto e ilegal, la supresión de la libertad de expresión, el encarcelamiento indefinido sin que se presenten cargos, tortura, y acaso el asesinato. Si en algo esto se parece al totalitarismo, pues así debería ser. Y debería conocerse alguna preocupación adicional, en la eventualidad de que el plan de la Administración Biden con el objetivo de perseguir a pretendidos terroristas domésticos, será la versión contemporánea de, o bien Pearl Harbor, o bien del 9/11. El incidente que tuvo lugar en el edificio del Capitolio el pasado 6 de enero (al cual ya se hace mención como '1/6' en determinados círculos) ha sido exagerado en todo lo posible, y ha sido catalogado recurrentemente como 'insurrección' -aunque no es tal- por parte de dirigentes políticos y por los medios masivos de comunicación. El lenguaje utilizado para vilipendiar a aquello que se identifica como 'extrema derecha' y 'supremacistas blancos' enemigos del Estado, es sorprendente. La tecnología avanza a paso acelerado, ayudando a que los Estados Unidos y otras naciones se configuren como Estados policiales que garanticen que los ciudadanos se sometan a los deseos del gobierno.

A efectos de citar sólo un ejemplo sobre cómo la tecnología motoriza el proceso, debe recordarse que Biden ya ha amenazado -con frecuencia- con iniciar y reforzar algo calificado como cuarentena nacional, para derrotar al coronavirus. ¿Puede hacerlo? Desde luego; las herramientas para ello ya han sido desplegadas. La tecnología para reconocimiento facial exhibe un desarrollo notable, y es pasible de ser desplegada en las incontables cámaras de vigilancia que están siendo instaladas hoy. En el exterior, se desarrollan pulseras diseñadas para forzar al portador a cumplir con el designio gubernamental respecto del refuerzo de medidas contra la pandemia. Si a Usted se le ha ordenado quedarse en casa y, en lugar de ello, ha decidido salir a pasear al perro, su pulsera dará aviso a la policía; los agentes le localizarán y lo pondrán bajo arresto.

Y, al decir del viejo dicho, la Revolución ya ha comenzado a llevarse también a nuestros propios hijos. Escuelas y universidades insisten en que los maestros respalden activamente -en público y en privado- el nuevo orden basado en 'igualdad y diversidad', mientras que los departamentos de policía ya están siendo purgados de oficiales sospechados de asociarse con núcleos conservadores; esto implica que las pruebas de lealtad se volverán algo corriente, próximamente. Hace poco, el Departamento de Defensa ha comenzado a llevar a cabo un intenso monitoreo en redes sociales de personal militar a efectos de identificar a disidentes, conforme ya se ha hecho en grandes compañías privadas entre sus empleados. Avril Haines, nueva Directora de Inteligencia Nacional, de línea dura, ha confirmado que su agencia tomará parte de la evaluación pública de QAnon, grupo al que ha descrito como la Mayor Amenaza contra los Estados Unidos.

Asimismo, Haines ha sugerido que las agencias de inteligencia 'tomarán nota de los vínculos existentes entre personas de los EE.UU. con extranjeros', mientras que Biden, en su primer día de gobierno, ha prometido investigar en profundidad todo lo relacionado con el pirateo informático ruso contra la infraestructura americana y sitios gubernamentales, el envenenamiento de Alexei Navalny -crítico de Putin-, y el relato que reza que Rusia le ofreció al Talibán recompensas para asesinar a soldados estadounidenses en territorio afgano. Todo esto podría reiniciar el Russiagate, utilizándose el argumento de una amenaza exterior con el objetivo de ocultar las violaciones contra los derechos civiles incurridas por el gobierno federal a nivel doméstico.

Y, naturalmente, las nuevas políticas reflejarán el sesgo de los nuevos jefes a cargo. El 'terrorismo' de extrema derecha será sometido a escrutinio, aún cuando el listado conocido de extremistas de ese espectro es vergonzosamente breve. Núcleos del estilo de Black Lives Matter se volverán intocables, aún a pesar de su responsabilidad central en la turbulencia social registrada durante 2020, en los incendios, los saqueos y la violencia que provocó más de US$ 2 mil millones en daños -y que se cobró la vida de al menos treinta personas-, porque operan en nombre del Partido Demócrata. Antifa, que organizó desastres en Portland apenas la semana pasada, también será eximida de responsabilidad -rutinariamente, los medios de comunicación describen la violencia ejecutada por la izquierda como 'mayormente pacífica' y sólo en escasas oportunidades admite que tuvo lugar 'algún daño a la propiedad'.

En general, son los simpatizantes de Trump y los conservadores quienes son eyectados de todo espacio, en donde también se ha comenzado a sugerir proceder con la 'deprogramación' de aquéllos. Jennifer Rubin, colaboradora de confesión sionista en el matutino Washington Post, declaró hace poco: 'Colectivamente y en esencia, debemos quemar el Partido Republicano. Tenemos que destruirlos porque, si queda algún sobreviviente, si quedan personas que resistan este temporal, volverán a hacerlo'. De igual modo, ella se hizo eco de las arengas que exigían dejar a todos los simpatizantes de Trump y a los conservadores sin empleo: 'Creo que es en todo aborrecible que cualquier institución de altos estudios, cualquier organización dedicada a presentar noticias, y que cualquier organización del mundo del espectáculo, contrate a esa gente'.

Tal como la notoriamente ignorante ex Secretario de Estado Condoleezza Rice declarara en 2006, mientras el Líbano estaba siendo bombardeado por Israel: 'Hemos visto el nacimiento de un nuevo Oriente Medio...'. Por estas horas, también los ciudadanos de los Estados Unidos estamos asistiendo a algo novedoso y extraño, que emerge de las ruinas del reinado de Trump. No será bonito cuando todo termine, instancia en la que la ciudadanía contará con muchas menos libertades. Esto es algo seguro.