Algo huele mal en la Argentina

El pasado jueves a la noche, nos fuimos a dormir conmocionados por un hecho extraño; ni William Shakespeare podría haberlo imaginado mejor.


Como todos, traté de entender qué había pasado en la puerta del edificio donde vive Cristina Fernández, que ha sido el escenario sobre el cual nos regaló su arte escénico desde que concluyó el alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, con un pedido de doce años de prisión para ella y sólo los cuatro –no un gobierno entero- integrantes de la asociación ilícita que le imputan haber organizado y dirigido después de la muerte de su marido.

La secuencia de lo acontecido en el barrio de Recoleta fue llamativa. La concentración de escasos –nunca superaron los seis mil- militantes, con cortes de calles, fuegos artificiales que impactaron en balcones vecinos, parrillas de choripán y puestos de venta de merchandising kirchnerista y, derivó en un descontrol total que justificó la intervención de la Policía de la Ciudad; los salvajes disturbios, con veinte policías heridos, hizo que el Estado retrocediera. En minutos, el inefable magistrado local, Roberto Gallardo, que exhibe en su despacho curiosos retratos de personalidades repudiables, ordenó al Gobierno de la Ciudad, anfitrión en su territorio del Gobierno nacional, liberar la zona y retirar las cámaras de seguridad. En seguida, el hijísimo Máximo dijo que la oposición estaba buscando matar peronistas.

Apareció entonces la Policía Federal, a las órdenes de Aníbal Fernández, para asumir la seguridad de la PresidenteVice, sumándose a su custodia personal de más de cien efectivos encabezados por el Comisario (R) Diego Carbone, un campeón de kickboxing. El jueves, cuando ella llegó a su casa y comenzó a autografiar ejemplares de 'Sinceramente …', el bodrio que dice haber escrito, un tipo mezclado entre sus adherentes se acercó a 50 centímetros del rostro de la procesada funcionaria y disparó un arma frente a cámaras casualmente muy cercanas; digo 'disparó' porque, claramente, se vio salir algo de ella. La emperatriz hotelera continuó firmando con tranquilidad durante seis minutos más, saludó y se fue.

El atacante fue detenido por los asistentes, no por la custodia -que no reaccionó y tampoco aseguró el primer círculo alrededor de la víctima- y, sin ser esposado, llevado a un móvil policial, y un arma encontrada cerca. En apariencia, se trata de una pistola de calibre 7.65, que cabe en el bolsillo que se usa para las llaves o el encendedor. Pese a que tenía cinco balas en el cargador, no había ninguna en la recámara; para quienes no están habituados, cuando un arma automática se dispara, la corredera retrocede y otro proyectil se introduce en la recámara. Hasta aquí, los hechos.

Tres horas después, el autopercibido Presidente firmó el decreto que dispuso un raro feriado nacional -¡por suerte nos va tan bien que podemos permitirnos cerrar la industria, el comercio, los bancos y las escuelas!- para arropar a la laureada actriz Cristina Fernández y responsabilizó a la Justicia, a la prensa y a la oposición por el atentado por su 'discurso de odio'. De inmediato, La Cámpora convocó -acompañada por funcionarios, sindicalistas y 'pobristas'- a una movilización popular. Todo muestra una actitud totalmente diferente a la que tuvo el kirchnerismo cuando Alberto Nisman fue asesinado, un real magnicidio irresuelto; por supuesto, también fue diametralmente opuesta a la de Raúl Alfonsín cuando, hace treinta años, vivió un episodio similar y pidió a la ciudadanía mantener la calma.

Como mínimo, es obvio que se está tratando de reinstalar el 'vestidito negro' que la llevó, en andas de una sociedad tristemente empática, al triunfo en 2011. Además, sirve para ocultar el ajuste que Sergio Massa está llevando a cabo en perjuicio de un sector de la sociedad y de la actividad privada, pero evitando, como siempre sucede, reducir el gasto público federal, provincial y municipal, que cada vez requiere más impuestos y gravámenes para sostenerse; no podemos olvidar cómo se comportó el kirchnerismo cuando se votó en el Congreso el acuerdo con el FMI, que sólo fue rescatado por la decisión de la oposición de evitar un cataclismo económico-social.

Pero esta concentración de Plaza de Mayo, y la que se ha convocado para el lunes frente a la Corte Suprema, recuerdan a aquélla que, en 1953, terminó con las hordas peronistas quemando las de sedes de partidos políticos opositores y del Jockey Club tras la explosión de bombas sin autores conocidos, y permiten imaginar escenarios muchos peores; como sostengo hace tiempo, hoy esta revivida Nerón está dispuesta a incendiar Roma para obtener impunidad y, en última instancia, conservar el poder eternamente, al mejor estilo chavista.

Las redes sociales están documentando para el futuro las dudas y sospechas que invaden el ánimo de la enorme mayoría de los argentinos con relación a lo sucedido antenoche, y la prensa militante y muchos energúmenos están acelerando la marcha hacia el abismo -ya no una grieta- que ya existía pero que, en estas circunstancias, puede llevarnos a la extrema violencia, tal como la vivimos en los años setenta.

Es la Juez María Eugenia Capuchetti quien tiene la responsabilidad de esclarecer este episodio, y debe hacerlo lo antes posible porque, en la Argentina, el horno no está para más bollos. Y todos debemos resguardar la integridad de jueces y fiscales –y la de sus familias- que están realizando el juicio oral a Cristina Fernández, puesto que el oficialismo los está acusando de la autoría intelectual de este fracasado atentado y, como hemos visto, siempre puede aparecer un loco suelto, auténtico o no.