Razones por las cuales el nuevo presidente de Colombia debe alarmar a la dirigencia política de los Estados Unidos

Cuando el ex terrorista Gustavo Petro se alzó con la victoria en las elecciones presidenciales de Colombia de junio pasado, los Estados Unidos perdieron a su aliado militar más importante en América Latina.


Hacia fines del pasado mes, Petro abrió sus fronteras -de más de cuatro mil millas de extensión- al vecino régimen narcoterrorista de Venezuela, frontera que fuera clausurada durante 2019, cuando Colombia se unió a los Estados Unidos y a casi otras sesenta naciones en la decisión de romper relaciones diplomáticas con el dictador venezolano Nicolás Maduro -quien se hizo del poder tras ejecutar fraude en los comicios de 2018.

Ahora, el flamante presidente colombiano modificó dramáticamente la política exterior de esta nación andina, en cuestión de pocas semanas.

Los tomadores de decisión política en los Estados Unidos de América deberían mostrarse alarmados en razón de, al menos, cuatro razones de peso.

En primer lugar, obsérvese a Venezuela. Tras la reapertura fronteriza del 26 de septiembre, no fue Maduro en persona quien congratuló a Petro, sino que lo hizo su ministro de transporte, Ramón Velásquez Araguayan. Previamente, Velásquez había sido presidente de Conviasa, la aerolínea venezolana sancionada por Washington, y que exhibe un extenso y nutrido vínculo con la República Islámica de Irán.

Conviasa es titular de la aeronave de carga con vínculos a la Guardia Revolucionaria Islámica iraní que fuera confiscada en la Argentina, también durante el pasado mes de junio. La última semana, funcionarios de los EE.UU. bloquearon la posibilidad de Conviasa de retomar vuelos regulares a Bogotá, tras suceder lo propio con otros destinos. Sin embargo, el régimen de Maduro despachó otro avión -vinculado a su Estado-, para reemplazarlo.

En la frontera colombo-venezolana, Petro también fue felicitado convenientemente por Freddy Bernal, gobernador del vecino estado de Táchira -quien también es otro individuo sujeto a sanciones de los Estados Unidos, por facilitar la comercialización de armamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El propio Bernal ha reconocido que las refinerías del estado fronterizo que gobierna oficia como huésped para 'consultores' chinos e iraníes.

Tras asumir efectivamente el poder el 7 de agosto, Petro despachó como embajador a un confidente de alto perfil a Caracas, capital de Venezuela. Su ministro de Defensa ha retomado la cooperación con las fuerzas armadas venezolanas, que realizaron recientemente unos juegos de guerra -patrocinados por Rusia y China.

Más aún, Petro cedió el control colombiano del gigante de los fertilizantes, Monomeros, para que Maduro tome decisiones sobre el accionar de la firma. Tras producirse la reapertura de la frontera, Colombia hoy está abierta a negocios junto a Venezuela y a sus redes criminales internacionales de oferta, nuevamente, con aceitadas relaciones con la Repúblia Popular China, la Federación Rusa, y la República Islámica de Irán.

En segundo orden, el discurso ambientalista de Petro genera dudas. En una presentación compartida ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Petro exigió a los Estados Unidos de América y a otras naciones que respalden un 'canje de deuda por recursos naturales', canjeando la deuda externa colombiana -de casi US$200 mil millones- por 'acciones climáticas'. Asimismo, el mandatario colombiano declaró al petróleo y al carbón más peligrosos que la cocaína.

Sin embargo, la retórica siempre comporta implicancias en materia política. Al igual que lo visto con la hipocresía energética de la Administración Joe Biden, Gustavo Petro se propone interrumpir toda actividad exploratoria de petróleo y gas natural en el plano doméstico, prohibiendo también la perforación no-convencional y la minería de superficie -sectores que le garantizan a Colombia una sustanciosa colección de ingresos. Mientras tanto, el ministro de medioambiente colombiano ha abierto las puertas para la compra de gas a la Venezuela de Maduro. En este aspecto, muy probablemente la Administración Biden se muestre de acuerdo.

Con toda probabilidad también, esta serie de desarrollos garantizará una expansión para las exportaciones de crudo de la dictadura venezolana, al tiempo que potenciará las acciones de perforación y de minería hoy en manos de actores transnacionales ilícitos -que ya controlan un aproximado de 158,000 acres.

La agenda extremista de Petro y Biden en relación al medioambiente, de igual modo, podrían propiciar una multiplicación de pedidos con el objetivo de eliminar el exitoso UAcuerdo de Promoción Comercial Americano-Colombiano, firmado en 2006.

Tercero; Petro ha prometido amplificar el sueño utópico de la integración regional -terciando las ambiciones de Caracas y La Habana. Este programa nada tiene que ver con el libre comercio, sino con la meta de consolidar una burocracia supraestatal que sirva de 'contrapeso' frente a los Estados Unidos, a escala política.

Cuarto; como eje principal de la política exterior de Gustavo Petro, se presentan sus esfuerzos en pos de garantizar un 'acuerdo de paz' para los dos socios principales socios colombianos de los cárteles mexicanos de la droga. Esos socios son el Ejército de Liberación Nacionla (ELN) y el Clan del Golfo, uno de los más destacados distribuidores de cocaína en el concierto internacioanl, y operador crítico del ecosistema que propicia la migración ilegal hacia territorio estadounidense.

Tales esfuerzos no son otra cosa que el desprendimiento del antecedente fallido del convenio de paz buscado con elementos terroristas de FARC, ensayo que dejó como saldo una amnistía de facto, y el otorgamiento de diez bancas permanentes para ese consorcio en el Congreso de Colombia. Adicionalmente, ello derivó en un récord de la cosecha de cocaína. Si al ELN y al Clan del Golfo se les ofrece un acuerdo similar, el congreso colombiano terminará siendo capturado por una izquierda portadora de una agenda criminal -para siempre.

La propuesta de 'paz' del presidente Petro también involucra la neutralización de las fuerzas de policía y de las fuerzas armadas nacionales -entrenadas ambas por los Estados Unidos-, para reducirlas a un mero cuerpo dedicado al 'servicio social'. El propósito, naturalmente, exigirá la purga efectiva de oficiales de carrera en todos los cuerpos. 

Desde el año 2000, los Estados Unidos le han otorgado a la República de Colombia más de US$ 12 mil millones en asistencia de tipo bilateral. Hasta el momento, la Administración Biden ha optado por hallar 'cursos de acción comunes' con la 'paz' de Petro y con la agenda climática.

La pregunta que próximamente deberán hacerse los legisladores en el Congreso de los Estados Unidos es si acaso la manutención de la asistencia a Colombia servirá para combatir el tráfico ilícito de estupefacientes y a sus perpetradores o si, por el contrario, ayudará a patrocinarlos.

Artículo original, en inglés

 

El autor, Mateo Haydar (@MateoHaydar), se desempeña como asistente investigativo sobre temas latinoamericanos en el Centro Douglas y Sarah Allison, en el think tank estadounidense The Heritage Foundation, en Washington, D.C. Publica periódicamente en The Daily Signal.