Proyecto en el Congreso de los EE.UU., con una clara señal a Honduras: nadie piense en confiscar inversiones estadounidenses

En los últimos años, en la Cámara de Representantes del Congreso de los EE.UU., hemos compartido desacuerdos con el legislador Paul Gosar -legislador Republicano en representación del estado de Arizona. Sin embargo, su proyecto más reciente, el Acta para la Protección de Inversiones Estadounidenses, no puede ser más oportuno.

 

En Honduras, tal como sucediera en Venezuela pocos años atrás, violentas turbamultas integradas por individuos políticamente radicalizados -conocidos como 'colectivos'- han sido organizados por elementos extremistas vinculados a la administración 'socialista democrática' de la presidente Xiomara Castro (foto), con el objeto de amenazar a los partidos de oposición en el Congreso Nacional Hondureño.

 

Castro, quien llegara al poder en 2022, es la primer presidente mujer de Honduras, en tanto fue primera dama junto al entonces jefe de Estado Manuel Zelaya desde 2006 hasta 2009. 

 

Los 'colectivos' buscan coercionar al Congreso Nacional, con miras a denunciar el marco de inversiones de casi US$ 100 millones en inversiones estadounidenses, al tiempo que pretenden integrar la Corte Suprema de Justicia del país con ideólogos de la izquierda política dura. Finalmente, la intención es bendecir desde los tribunales eventuales acciones confiscatorias.

 

De tal suerte que, ¿por qué a los Estados Unidos de América deberían preocuparles lo que suceda en Honduras?

 

La razón es que, mientras todos los ojos se posan en la Europa Oriental, cierto es que elementos neomarxistas se han aferrado al poder político prácticamente en toda nación del Cono Sur. Suelen denominarse a sí mismos 'socialismo democrático', pero el socialismo carece de esencia democrática genuina, por cuanto su premisa es entronizar la violación de las libertades individuales y los derechos de propiedad.

 

Si los legisladores del Congreso de los Estados Unidos no toman medidas en pos de favorecer la seguridad y la estabilidad de las inversiones americanas en Honduras hoy, el fundamento más sóñido del poder blando de los Estados Unidos quedará bajo amenaza y, como resultado, asistiremos a una serie de acciones y maniobras antiestadounidenses y contrarias a la inversión a lo largo del Hemisferio Occidental.

 

No sólo ciudadanos de los EE.UU. se verán afectados a partir de la confiscación o la destrucción de sus inversiones, sino que las desastrosas consecuencias económicas empujarán a una cifra superior de inmigrantes que, desde la ilegalidad, buscarán ingresar a territorio estadounidense para escapar de aquéllos efectos. El vacío en el poder blando de los Estados Unidos será reemplazado, indudablemente, por la República Popular China -país que ya planea instalar una base naval en la Argentina. Lo propio hará el aliado de Pekín, la República Islámica de Irán, que ordenó a uno de sus navíos militares transitar por el Canal de Panamá, pocas semanas atrás.

 

La situación en Honduras motivó a una rápida y acertada acción de parte de legisladores estadounidenses, caracterizados por su potable razonamiento y perspectiva.

 

Inversores estadounidenses lograron recaudar y luego invertir un aproximado de US$ 100 millones en asistencia para inversiones en Honduras. Acto seguido, la iniciativa creó las denominadas ZEDEs, o Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, con garantías de cincuenta años de estabilidad legal y de autonomía política bajo los considerandos de CAFTA-DR, esto es, el principal tratado centroamericano de inversiones, diseñado en compañía de los Estados Unidos.

 

La referida inversión fue utilizada para organizar una zona económica especial, 'Próspera ZEDE', en donde las más acertadas prácticas del Estado de derecho pudieron ser puestas en funcionamiento, para alentar la llegada de potenciales miles de millones de dólares en novedosas inversiones.

 

El objetivo era el de llevar a los principales capitales de Arizona o Texas hacia Honduras, de tal suerte que no hubiera necesidad para que ciudadanos hondureños terminaran huyendo hacia las ciudades de Phoenix o Houston. Firmas estadounidenses como Walmart y Tyson Foods (de Arkansas) disfrutarían de ventajas para invertir y hacer negocios en suelo hondureño, operando en las ZEDEs bajo un ámbito de confiabilidad.

 

Como era de esperarse, elementos radicalizados de la administración hondureña de Xiomara Castro comenzaron a atacar a la inversión estadounidense en la zona, aún cuando no pueden tolerar una dinámica visible al estilo Berlín Oriental versus Berlín Occidental, conforme defienden la nacionalización de la mayor parte de la economía nacional.

 

El poder es lo que interesa a esas personas -y no la prosperidad del pueblo hondureño.

 

Otros legisladores de los EE.UU. habrán de unirse al Representante Gosar, a la hora de mostrar liderazgo en la materia, y procediendo a resguardar las inversiones estadounidenses en Honduras y el resto del Hemisferio Occidental. El Acta para la Protección de las Inversiones Estadounidenses es una iniciativa necesaria y razonable, desde la cual ofrecer incentivos a la administración hondureña tutelada por la Señora Castro.

 

Adicionalmente, será menester trabajar junto a lo tipificado en la Enmienda Hickenlooper de la era de Fidel Castro (Artículo 22 del Código de los Estados Unidos, inciso §2370(e)), por entonces patrocinado por el Senador Bourke Hickenlooper (Republicano por el estado de Iowa), en 1962. El Acta para la Protección de Inversiones Estadounidenses ampliará las sanciones contra la conducta confiscatoria incurrida por funcionarios públicos extranjeros -incluyendo también la negación de visados para ingresar a territorio de los EE.UU.

 

Al aprobarse la citada Acta, el mensaje repercutirá con fuerza y claridad en el Hemisferio: los legisladors de los Estados Unidos de América no tolerarán que funcionarios de gobiernos extranjeros expropien inversiones estadounidenses, sin sufrir consecuencias.

 

Igualmente importante: los regímenes radicalizados que recientemente han arribado al poder en América Latina comprenderán mejor que no existe vacío de liderazgo estadounidense que pueda ser reemplazado con el de Pekín.

 

En rigor, ningún funcionario extranjero debería tener permitido disfrutar en condominios de la ciudad de Miami, Florida, si previamente han dedicado tiempo y esfuerzos a confiscar inversiones estadounidenses y a comprometer a los intereses de los Estados Unidos de América en el Hemisferio Occidental.



Artículo original, en inglés


Michael McGuire es un General (R) de la Guardia Nacional de Arizona. Fue candidato nominado por el Partido Republicano para el Senado de los EE.UU. por Arizona, en 2022.

Jerry Nathan Bell sirvió en tres oportunidades como legislador en la Cámara de Representantes del estado de Arkansas, inicialmente para el Partido Republicano pero volcándose a fuerzas independientes durante los últimos dos años.