El Caso Bento y la desconcertante vacilación del Procurador General interino Eduardo Casal

Entre las posiciones de mayor relevancia que aún resta definirse desde la Administración Milei, destaca el rol de Procurador General de la Nación. El lector inquisitivo recordará que esa función se encuentra vigente desde el año 2017, instancia en la que Alejandra Gils Carbó (prominente comanditaria del vidrioso conglomerado 'Justicia Legítima') presentara su renuncia al cargo -como es lógico, tras ser imputada en una causa que versaba con lujo de detalles sobre la adquisición irregular de un edificio de la Procuración.


Desde entonces, y en la configuración de interinato, esas responsabilidades han quedado bajo el dominio del Doctor Eduardo Ezequiel Casal. En el corto plazo, Mariano Cúneo Libarona -flamante Ministro de Justicia- habrá de proponer la identidad de un candidato para ocupar ese sitio, quien luego habrá de pasar por el tamiz definitorio del Presidente de la Nación. En rigor, Casal ya ha manifestado públicamente que gustaría de mantener esa posición, en representación del gobierno. Emerge un problema: desde el momento en que el Procurador interino confesó su interés en pos de la permanencia, se involucró en un sendero de colisión con múltiples propuestas del nuevo titular de Justicia; el Doctor Casal objetó airadamente la puesta en funcionamiento del novedoso Código Procesal Penal impulsado por Cúneo Libarona.

No obstante, los embates de Casal versus el recientemente estrenado Ministro remiten a una nutrida colección de antecedentes. A tal efecto, será lícito citar como uno de esos ejemplos la causa que se lleva adelante en la Provincia de Mendoza contra el ex magistrado Walter Bento, quien contó con los buenos oficios de Cúneo Libarona como abogado patrocinante. En reiteradas oportunidades, la carátula incorporó denuncias interpuestas por el ex juez y por su ex letrado (hoy devenido en ministro), dirigidas contra la persona del fiscal instructor, Dante Vega. Así, pues, las presentaciones arrojaron luz sobre el modus operandi incurrido por Vega a efectos de torcer el curso del proceso; se denunció también que el fiscal se había arrogado tanto un ministerio como una jurisdicción que no eran de su competencia; y se detalló una serie de apremios ilegales (y aún de torturas) contra imputados y procesados.

Ninguna de esas acusaciones fueron debidamente atendidas por el Procurador General interino, sin embargo. En particular, Casal ignoró la denuncia de Bento dirigida a su persona. A la postre, el apartado que más datos de interés arroja sobre los reclamos sobre la conducta irregular de Dante Vega puede rastrearse en el escrito de renuncia de Cúneo Libarona a la continuidad de la defensa del ex magistrado federal. En esa síntesis, destaca una franca descripción de las cuestionables tácticas y costumbrismos del fiscal, reservándose el otrora representante legal de Bento la posibilidad de iniciar acciones legales contra dicho funcionario.

En cualesquiera de los casos y, pese al perturbador acopio de denuncias de los imputados contra Vega, el Procurador interino Casal insistió en sostenerlo y, por sobre todo, designarlo nuevamente para continuar con el proceso.

Existe consenso entre entendidos de los aspectos más intrincados de la jurisprudencia: no es habitual que el fiscal que instruye en una investigación sea, en simultáneo, quien conduzca la ejecución del juicio oral -ni que el fiscal general sea quien atiende a la instrucción. Acto seguido, las sospechas ganarán tracción: ninguno de estos desarrollos llamó la atención del Doctor Casal. Sobra decir que, por estas horas, y con el juicio oral en estado avanzado, ya no es Cúneo Libarona quien expone la desconcertante actuación de los representantes del Ministero Público en dicho proceso. Quienes dirimen la pormenorizada consideración de ese fárrago de comportamientos son los abogados defensores actuales de Bento. Estos han denunciado ante el Procurador General interino -una vez más- las conductas que, según dicen, tienen por objeto limitar el ejercicio de la defensa.

A la hora del desenlace, a pocos les resultará significativo que el actual Ministro de Justicia no invierta el mayor de los empeños en respaldar la candidatura del Doctor Casal para encargarse efectivamente de la Procuración. Ergo, no será difícil comprender los motivos que llevaron a Mariano Cúneo Libarona a hacer trascender que su aspirante para la Procurador sea el Dr. Julio Marcelo Lucini, integrante de la Cámara del Crimen. Un exhaustivo examen de la hoja de servicios de Lucini consignará que se trata de un magistrado de dilatada experiencia, en alta estima del conglomerado judicial del país, y que una relación personal de años lo vincula al flamante chief de Justicia.

Las páginas intermedias del guión aún están pendientes de redacción. Don Eduardo Casal bien podría solicitar consejo a Daniel Rafecas: sentarse en la codiciada poltrona de la Procuración no es tarea sencilla. Es un sendero saturado de espinas, inquietud y padecimientos -se sabe.