La ruta del futuro incierto: escenarios del crimen organizado en Ecuador
La crisis de la seguridad en Ecuador ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos años, afectando gravemente la vida de la población.
11 de Enero de 2025
La crisis de la seguridad en Ecuador ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos años, afectando gravemente la vida de la población. El incremento de los homicidios, la expansión de las redes delictivas organizadas y la sensación general de inseguridad comparten un panorama profundamente preocupante. Este problema no es aislado; se exhibe arraigado en factores estructurales como la desigualdad social, la fragilidad institucional, la corrupción y el creciente impacto del narcotráfico.
Durante más de cuatro décadas, Ecuador ha sido un territorio vulnerable a la infiltración del crimen organizado en sus instituciones. Esta debilidad ha convertido al país en un polo de atracción para actores internacionales dedicados a generar violencia en base a acciones delictivas. Entre estos grupos se encuentran poderosas mafias como la 'Ndrangheta y organizaciones albanesas, protomafias como el Comando Vermelho y el Tren de Aragua, además de cárteles mexicanos como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Desde Colombia, también ha llegado la influencia del Clan del Golfo.
A esta compleja red internacional, se suman veintitrés organizaciones delictivas nacionales, catalogadas como grupos terroristas por el gobierno ecuatoriano, reflejando la gravedad de la crisis. Las organizaciones delictivas han logrado adaptarse a las estrategias del Estado, evolucionando en conjunto junto a las dinámicas del narcotráfico y los cambios sociales y económicos.
Ante esta grave situación, resulta fundamental llevar a cabo un análisis prospectivo que permita vislumbrar los posibles escenarios que enfrentará Ecuador en el futuro. Este ejercicio no solo facilitará el diseño de estrategias efectivas para debilitar la influencia del crimen organizado, sino que también orientará las decisiones político-estratégicas que el Estado debe tomar con urgencia. El propósito es claro y urgente: evitar que Ecuador sea catalogado como un "narcoestado" por la comunidad internacional o que, en el peor de los casos, caiga en la categoría de “Estado fallido”.
Expansión Táctica: escenario de corto plazo
Las características político-estratégicas de la "Expansión Táctica" del crimen organizado revelan un notable patrón de consolidación y crecimiento en Ecuador. Las bandas delictivas buscarán ampliar sus santuarios, fortaleciendo su actividad en zonas estratégicas donde la presencia estatal es débil, como zonas rurales, puertos y fronteras. En simultáneo, las disputas por el control de rutas claves para el narcotráfico, particularmente en regiones como Esmeraldas, Guayas, Manabí, Santa Elena, El Oro, Santo Domingo, Los Ríos, Pichincha, Sucumbíos y Orellana se intensificarán, desatando mayores niveles de violencia.
La infiltración institucional continuará representando una prioridad para estas organizaciones, que reforzarán su influencia en entidades de control como la Fuerza Pública, el sistema judicial y los gobiernos locales, con el fin de garantizar la propia impunidad. Paralelamente, las bandas ecuatorianas consolidarán su papel en el tráfico global de drogas mediante alianzas más sólidas con cárteles internacionales, tanto mexicanos como colombianos, lo que las posicionará como actores clave dentro de este circuito delictivo transnacional.
Tres organizaciones delictivas nacionales (Choneros, Lobos y Tiguerones) están enfocadas en apuntalar una mayor autonomía operativa, alejándose de su dependencia tradicional de cárteles internacionales. Esta reconfiguración estratégica les permite tomar el control directo de rutas de tráfico, áreas de producción de drogas y redes logísticas, fortaleciendo su capacidad de operar de manera más independiente y eficiente.
En este proscenio, se observa una transición hacia la formación de microcárteles, estructuras más pequeñas y flexibles con capacidad para adaptarse con mayor velocidad a los cambios evidenciados en ecosistemas locales y regionales. Esta estrategia no solo les permite evadir con mayor facilidad las acciones de las autoridades, sino también consolidar su presencia y expandir su influencia en el mercado ilícito global. Al operar con mayor autonomía y adaptabilidad, estas organizaciones se posicionan como actores clave en las dinámicas del crimen transnacional, lo que representa un desafío aún mayor para las estrategias de seguridad y combate al narcotráfico.
Los departamentos fronterizos colombianos, como Nariño y Putumayo se han consolidado como zonas estratégicas para la producción y el transporte de cocaína, convirtiéndose en puntos claves para las operaciones del crimen organizado. Las bandas ecuatorianas, conscientes de las debilidades en el control fronterizo, aprovecharán estas vulnerabilidades para establecer alianzas con actores locales, fortaleciendo así sus redes y ampliando el alcance de sus actividades ilícitas. Este escenario no solo incrementa el flujo de droga a través de la frontera, sino que también profundiza la influencia del crimen organizado en ambas naciones.
La violencia en estas áreas podría intensificarse de manera alarmante debido a enfrentamientos entre bandas ecuatorianas y grupos armados colombianos, como el ELN y las disidencias de las FARC, que también compiten por el control de estas rutas lucrativas. Estas disputas no solo aumentan el riesgo de conflictos armados, sino que agravan la inseguridad para las comunidades locales, atrapadas en el fuego cruzado.
En el Perú, departamentos como Tumbes, Piura y Sullana se destacan como corredores de importancia central para el tránsito de drogas hacia puertos y mercados internacionales. Las bandas ecuatorianas, buscando expandir su influencia regional, intentarán establecer alianzas estratégicas con redes peruanas para asegurar el dominio sobre estas rutas críticas. Este control les permitiría no solo aumentar sus ingresos, sino también diversificar sus actividades ilícitas en el país vecino.
Adicionalmente, la minería ilegal y el contrabando de armamento emergen como actividades complementarias que refuerzan las operaciones del narcotráfico. Estas actividades no solo sirven para financiar y proteger las redes delictivas, sino que también potencian la devastación social, económica y ambiental en los cuadrantes afectados, consolidando un ecosistema delictivo cada vez más complejo y difícil de combatir.
Expansión Táctica: escenarios positivos probables
En este escenario, el Estado logra dar pasos significativos en la lucha contra el crimen organizado, desarticulando de manera parcial pero efectivas redes criminales claves, mediante la implementación de estrategias focalizadas que priorizan inteligencia, prevención y acciones contundentes en los puntos críticos. Más aún, una coordinación complementaria con actores internacionales, como ser gobiernos vecinos y organizaciones multilaterales, permite un intercambio ágil de información, y la puesta en práctica de operaciones conjuntas que debilitan las estructuras delictivas transnacionales. Este avance no solo reduce la capacidad operativa de estas organizaciones, sino que también genera una percepción de mayor seguridad en la población y fortalece la confianza en las instituciones del Estado. Aunque aún queda mucho por hacer, este teatro de operaciones específico sienta las bases para construir un país más seguro y resiliente frente a las asociaciones criminales.
Expansión Táctica: escenarios negativos probables
En el contexto de referencia, las bandas delictivas logran expandir su control territorial, aprovechando la debilidad institucional y la falta de una respuesta estatal efectiva. Esta expansión no solo agrava la inseguridad en el país, sino que también intensifica el impacto negativo en las comunidades locales, donde las actividades cotidianas se ven dominadas por el miedo y la violencia. Las instituciones locales, ya frágiles, se deterioran aún más bajo la presión del crimen organizado, que incrementa su influencia mediante la corrupción, la intimidación y el uso de la violencia como herramienta de control. Esta situación genera un círculo vicioso en el que el debilitamiento de las autoridades locales facilita la expansión de las bandas, erosionando aún más la confianza de la población en el Estado.
En el contexto de referencia, las bandas delictivas logran expandir su control territorial, aprovechando la debilidad institucional y la falta de una respuesta estatal efectiva. Esta expansión no solo agrava la inseguridad en el país, sino que también intensifica el impacto negativo en las comunidades locales, donde las actividades cotidianas se ven dominadas por el miedo y la violencia. Las instituciones locales, ya frágiles, se deterioran aún más bajo la presión del crimen organizado, que incrementa su influencia mediante la corrupción, la intimidación y el uso de la violencia como herramienta de control. Esta situación genera un círculo vicioso en el que el debilitamiento de las autoridades locales facilita la expansión de las bandas, erosionando aún más la confianza de la población en el Estado.
Como es lógico, la vida de los ciudadanos se torna cada vez más precaria, mientras el tejido social se fractura y las posibilidades de recuperar el control se reducen significativamente.
En este preocupante escenario, las bandas delictivas podrían consolidar un control efectivo en ciertas zonas estratégicas, como puertos, barrios urbanos marginados y áreas fronterizas, estableciendo lo que podrían considerarse "microestados". Estas estructuras funcionarían con sistemas propios de gobernanza, coerción y provisión de servicios básicos, suplantando en muchos casos las funciones del Estado. En estos territorios, las bandas no solo ejercerían el poder mediante la fuerza, sino también mediante una suerte de legitimidad basada en su capacidad para brindar seguridad, empleo y otros recursos a las comunidades locales, perpetuando así su control.
En este tipo de escenario, el Estado logra fortalecerse significativamente, recuperando el control de territorios claves y reduciendo de manera efectiva el poder de las bandas delictivas. Este avance se consigue mediante la implementación de reformas sostenibles que abordan tanto las raíces estructurales del problema como sus manifestaciones más visibles. Las instituciones estatales, reforzadas por una profunda transformación en su funcionamiento, operan con mayor eficacia, garantizando transparencia, justicia y una respuesta contundente frente al crimen organizado.
En un escenario de estas características, las bandas delictivas logran afianzar su control sobre ciertos territorios, transformándolos en feudos prácticamente inamovibles donde el poder estatal es inexistente o profundamente debilitado. Estos territorios se convierten en santuarios consolidados o auténticos bastiones del crimen organizado, operando con estructuras propias de gobernanza criminal que incluyen sistemas de justicia paralelos, cobro de impuestos, control social mediante la violencia y la provisión de servicios básicos, lo que les otorga una apariencia de legitimidad frente a las comunidades locales.
En este tipo de escenario, las estructuras criminales se consolidan y evolucionan hacia organizaciones altamente complejas y diversificadas, con operaciones que trascienden las fronteras de Ecuador. Estas bandas se convierten en redes sofisticadas que integran componentes financieros, logísticos y políticos, funcionando como empresas delictivas transnacionales que coordinan actividades ilícitas en múltiples países. Su alcance y capacidad organizativa les permite no solo operar en el ámbito del narcotráfico, sino también diversificar sus actividades hacia la minería ilegal, el tráfico de armas, la trata de personas y la extorsión, incrementando su poder económico y estratégico. Existe una transformación de microcárteles o carteles de primera generación a carteles locales con operaciones fuera del país.
Crimen Transnacional Establecido: escenarios positivos probables
Ecuador logra en este escenario avanzar significativamente en la construcción de un marco sólido de cooperación internacional que une esfuerzos con países de América Latina y organismos globales. Esta alianza estratégica permite la creación de canales efectivos de intercambio de información, coordinación operativa y apoyo técnico para enfrentar de manera conjunta el poder del crimen transnacional. Los países de la región se comprometen a combatir el problema desde sus raíces, abordando no solo las actividades ilícitas, sino también los factores estructurales que las permiten, como la desigualdad, la falta de oportunidades y la debilidad institucional.
Crimen Transnacional Establecido: escenarios negativos probables
En un escenario negativo del crimen internacional establecido, nuestro país se transforma en un centro global del narcotráfico, consolidando su papel como un punto clave en las rutas internacionales de tráfico de drogas. Este avance de las organizaciones criminales genera un aumento sin precedentes en los niveles de inseguridad, equiparando al país con los niveles de violencia y control territorial que se observan en algunos de los países más afectados por el crimen organizado, como México.
Consolidación Criminal: escenario de mediano plazo (3-5 años)
En este preocupante escenario, las bandas delictivas podrían consolidar un control efectivo en ciertas zonas estratégicas, como puertos, barrios urbanos marginados y áreas fronterizas, estableciendo lo que podrían considerarse "microestados". Estas estructuras funcionarían con sistemas propios de gobernanza, coerción y provisión de servicios básicos, suplantando en muchos casos las funciones del Estado. En estos territorios, las bandas no solo ejercerían el poder mediante la fuerza, sino también mediante una suerte de legitimidad basada en su capacidad para brindar seguridad, empleo y otros recursos a las comunidades locales, perpetuando así su control.
Además, estas organizaciones criminales diversificarían su control territorial al expandirse hacia nuevas áreas económicas ilícitas. Más allá del narcotráfico, se dedicarían con mayor fuerza a actividades como el secuestro, la extorsión, la minería ilegal, el tráfico de armas y la trata de personas, diversificando sus fuentes de ingresos y aumentando su poder económico. Este modelo de diversificación no solo fortalece su sostenibilidad financiera, sino que también las convierte en actores más complejos y difíciles de combatir.
La violencia, aunque podría disminuir en intensidad visible, se institucionalizaría como un mecanismo cotidiano de control social y político. En lugar de manifestarse en enfrentamientos abiertos, la violencia sería más sutil y dirigida, utilizada estratégicamente para mantener el orden interno en sus territorios y disuadir cualquier intento de oposición. Esto normalizaría el miedo en las comunidades y consolidaría un entorno donde el poder de estas bandas es percibido como incuestionable.
Finalmente, la resistencia a la acción estatal sería una característica clave de este escenario. Las bandas se adaptarían con rapidez a las tácticas y estrategias gubernamentales, empleando herramientas como la corrupción para infiltrar instituciones claves, la violencia selectiva para eliminar amenazas específicas y la construcción de alianzas políticas para garantizar su supervivencia. Estas estrategias dificultarían enormemente los esfuerzos estatales por retomar el control, creando un desafío prácticamente insuperable en las regiones bajo su dominio. Este escenario no solo refleja un avance del crimen organizado, sino también un retroceso significativo del Estado en su capacidad para proteger y gobernar su propio territorio.
Consolidación Criminal: escenarios positivos probables
En este tipo de escenario, el Estado logra fortalecerse significativamente, recuperando el control de territorios claves y reduciendo de manera efectiva el poder de las bandas delictivas. Este avance se consigue mediante la implementación de reformas sostenibles que abordan tanto las raíces estructurales del problema como sus manifestaciones más visibles. Las instituciones estatales, reforzadas por una profunda transformación en su funcionamiento, operan con mayor eficacia, garantizando transparencia, justicia y una respuesta contundente frente al crimen organizado.
La recuperación territorial no solo se logra a través del despliegue estratégico de fuerzas de seguridad, sino también mediante el fortalecimiento de las comunidades. La prevención se convierte en un pilar fundamental, con programas integrales que mejoran las condiciones de vida en las zonas más afectadas, brindando acceso a educación, empleo digno y servicios básicos de calidad. Estas iniciativas no solo reducen la dependencia de las comunidades hacia las organizaciones criminales, sino que también reconstruyen el tejido social, fomentando la confianza mutua entre la población y el Estado.
Además, la colaboración internacional juega un papel esencial en este escenario, permitiendo el intercambio de inteligencia, la realización de operativos conjuntos y el debilitamiento de las redes transnacionales de crimen organizado. Estas alianzas, combinadas con un enfoque interno centrado en la prevención, la justicia y el desarrollo, generan resultados sostenibles que limitan la capacidad operativa de las bandas delictivas y fortalecen la presencia estatal en todas sus formas.
Este escenario no solo representa una victoria contra el crimen organizado, sino también un avance hacia un país más justo y seguro. El fortalecimiento del Estado y la participación de las comunidades marcan el inicio de un proceso de transformación que sienta las bases para un Ecuador resiliente y comprometido con el bienestar de su gente.
Consolidación Criminal: escenarios negativos probables
En un escenario de estas características, las bandas delictivas logran afianzar su control sobre ciertos territorios, transformándolos en feudos prácticamente inamovibles donde el poder estatal es inexistente o profundamente debilitado. Estos territorios se convierten en santuarios consolidados o auténticos bastiones del crimen organizado, operando con estructuras propias de gobernanza criminal que incluyen sistemas de justicia paralelos, cobro de impuestos, control social mediante la violencia y la provisión de servicios básicos, lo que les otorga una apariencia de legitimidad frente a las comunidades locales.
En este contexto, las bandas desarrollan una economía paralela que no solo compite con el poder estatal, sino que en muchos casos lo supera en eficiencia y alcance. A través de actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el secuestro, la extorsión y el contrabando, generan flujos financieros masivos que les permiten financiar sus operaciones, expandir su influencia y corromper instituciones claves.
Esta economía ilícita no solo les otorga independencia operativa, sino que también exacerba las desigualdades sociales y económicas en las regiones bajo su control, perpetuando un ciclo de pobreza y violencia.
La población que habita estos territorios se encuentra atrapada entre la coacción de las bandas y la incapacidad del Estado para protegerla, generando un ambiente de miedo, desconfianza y resignación.
La violencia, aunque menos visible en algunos casos, se institucionaliza como un mecanismo de control social, mientras que las comunidades son obligadas a aceptar la autoridad de las organizaciones criminales como una realidad inevitable.
En este escenario, el Estado pierde cada vez más capacidad de intervenir, ya sea por la corrupción que penetra en sus instituciones, la falta de recursos o la ausencia de una estrategia efectiva.
Las bandas no solo consolidan su poder, sino que se convierten en actores determinantes en la vida política, económica y social de estas regiones, extendiendo su influencia incluso hacia ámbitos de decisión nacional. Este escenario no solo representa un fracaso en la lucha contra el crimen organizado, sino también una amenaza existencial para la estabilidad y soberanía del país, donde las esperanzas de recuperar el control parecen cada vez más distantes.
La violencia, aunque menos visible en algunos casos, se institucionaliza como un mecanismo de control social, mientras que las comunidades son obligadas a aceptar la autoridad de las organizaciones criminales como una realidad inevitable.
En este escenario, el Estado pierde cada vez más capacidad de intervenir, ya sea por la corrupción que penetra en sus instituciones, la falta de recursos o la ausencia de una estrategia efectiva.
Las bandas no solo consolidan su poder, sino que se convierten en actores determinantes en la vida política, económica y social de estas regiones, extendiendo su influencia incluso hacia ámbitos de decisión nacional. Este escenario no solo representa un fracaso en la lucha contra el crimen organizado, sino también una amenaza existencial para la estabilidad y soberanía del país, donde las esperanzas de recuperar el control parecen cada vez más distantes.
Crimen Transnacional Establecido: escenario de largo plazo (6-10 años)
En este tipo de escenario, las estructuras criminales se consolidan y evolucionan hacia organizaciones altamente complejas y diversificadas, con operaciones que trascienden las fronteras de Ecuador. Estas bandas se convierten en redes sofisticadas que integran componentes financieros, logísticos y políticos, funcionando como empresas delictivas transnacionales que coordinan actividades ilícitas en múltiples países. Su alcance y capacidad organizativa les permite no solo operar en el ámbito del narcotráfico, sino también diversificar sus actividades hacia la minería ilegal, el tráfico de armas, la trata de personas y la extorsión, incrementando su poder económico y estratégico. Existe una transformación de microcárteles o carteles de primera generación a carteles locales con operaciones fuera del país.
El control económico se convierte en una herramienta clave de estas organizaciones, que logran penetrar sectores fundamentales tanto de la economía formal como informal. Desde negocios legales que sirven como fachadas para el lavado de dinero, hasta el control directo de actividades ilícitas, estas estructuras generan ingresos masivos que les permiten ampliar su influencia social y política. En algunas regiones, las bandas llegan a suplantar al Estado, ofreciendo servicios básicos y empleos a las comunidades locales, consolidando así su legitimidad frente a una población que se siente desprotegida.
Algunas áreas del país se transforman en auténticos “santuarios intocables”, donde el crimen organizado establece un control absoluto y permanente. En estas zonas, el Estado tiene poca o ninguna capacidad para intervenir, ya sea por la corrupción de las autoridades locales, la intimidación violenta o la falta de recursos y estrategias para recuperar estos territorios. Estos espacios se convierten en puntos neurálgicos para el tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas, reforzando la autonomía de las bandas.
La internacionalización del conflicto es otra característica crítica de este escenario. La violencia y las dinámicas delictivas en Ecuador comienzan a desbordarse hacia países vecinos, como Colombia y Perú, creando tensiones regionales y aumentando la inestabilidad en la zona. Este fenómeno genera una presión creciente para establecer mecanismos de cooperación internacional, aunque las respuestas suelen ser fragmentadas e insuficientes frente a la magnitud del problema. Además, el involucramiento de actores internacionales, como cárteles mexicanos o mafias europeas, complica aún más el panorama, consolidando a Ecuador como un punto estratégico dentro de las redes globales del crimen organizado.
En este contexto, las organizaciones criminales no solo amenazan la seguridad nacional, sino que también erosionan la soberanía del Estado, debilitando las instituciones democráticas y ampliando la brecha entre el gobierno y la población. Este escenario representa un desafío profundo y multidimensional, donde el crimen transnacional establecido no solo domina territorios, sino que redefine las dinámicas sociales, políticas y económicas del país. En este escenario el país llega a ser un narco estado y va camino a un estado fallido.
Algunas áreas del país se transforman en auténticos “santuarios intocables”, donde el crimen organizado establece un control absoluto y permanente. En estas zonas, el Estado tiene poca o ninguna capacidad para intervenir, ya sea por la corrupción de las autoridades locales, la intimidación violenta o la falta de recursos y estrategias para recuperar estos territorios. Estos espacios se convierten en puntos neurálgicos para el tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas, reforzando la autonomía de las bandas.
La internacionalización del conflicto es otra característica crítica de este escenario. La violencia y las dinámicas delictivas en Ecuador comienzan a desbordarse hacia países vecinos, como Colombia y Perú, creando tensiones regionales y aumentando la inestabilidad en la zona. Este fenómeno genera una presión creciente para establecer mecanismos de cooperación internacional, aunque las respuestas suelen ser fragmentadas e insuficientes frente a la magnitud del problema. Además, el involucramiento de actores internacionales, como cárteles mexicanos o mafias europeas, complica aún más el panorama, consolidando a Ecuador como un punto estratégico dentro de las redes globales del crimen organizado.
En este contexto, las organizaciones criminales no solo amenazan la seguridad nacional, sino que también erosionan la soberanía del Estado, debilitando las instituciones democráticas y ampliando la brecha entre el gobierno y la población. Este escenario representa un desafío profundo y multidimensional, donde el crimen transnacional establecido no solo domina territorios, sino que redefine las dinámicas sociales, políticas y económicas del país. En este escenario el país llega a ser un narco estado y va camino a un estado fallido.
Crimen Transnacional Establecido: escenarios positivos probables
Ecuador logra en este escenario avanzar significativamente en la construcción de un marco sólido de cooperación internacional que une esfuerzos con países de América Latina y organismos globales. Esta alianza estratégica permite la creación de canales efectivos de intercambio de información, coordinación operativa y apoyo técnico para enfrentar de manera conjunta el poder del crimen transnacional. Los países de la región se comprometen a combatir el problema desde sus raíces, abordando no solo las actividades ilícitas, sino también los factores estructurales que las permiten, como la desigualdad, la falta de oportunidades y la debilidad institucional.
Este escenario también se caracteriza por un fortalecimiento sustancial de las instituciones ecuatorianas, que logran operar con mayor transparencia, eficacia y resistencia frente a la corrupción. El Estado invierte en la profesionalización de sus fuerzas de seguridad y en la modernización de su sistema judicial, permitiendo respuestas rápidas y contundentes contra las organizaciones criminales. Las reformas legales se implementan con éxito, adaptando el marco normativo para abordar los desafíos específicos del crimen transnacional y proporcionando herramientas más efectivas para la desarticulación de estas estructuras.
La cooperación internacional facilita el acceso a tecnologías avanzadas, recursos financieros y expertos en seguridad, lo que potencia las capacidades nacionales para rastrear y desmantelar redes delictivas. Además, la implementación de programas sociales integrales reduce la vulnerabilidad de las comunidades más afectadas, brindándoles alternativas económicas y sociales que desincentivan su participación en actividades ilícitas. Este enfoque no solo debilita las bases operativas de las organizaciones criminales, sino que también fortalece el tejido social y fomenta la confianza en el Estado.
En este contexto, Ecuador se posiciona como un ejemplo regional en la lucha contra el crimen transnacional, demostrando que una combinación de cooperación internacional, fortalecimiento institucional y desarrollo social puede mitigar significativamente el poder de las organizaciones criminales. Este escenario positivo no solo devuelve la seguridad y la estabilidad al país, sino que también abre la puerta a un futuro más justo, con instituciones sólidas y comunidades resilientes que rechazan el dominio del crimen organizado.
En este contexto, Ecuador se posiciona como un ejemplo regional en la lucha contra el crimen transnacional, demostrando que una combinación de cooperación internacional, fortalecimiento institucional y desarrollo social puede mitigar significativamente el poder de las organizaciones criminales. Este escenario positivo no solo devuelve la seguridad y la estabilidad al país, sino que también abre la puerta a un futuro más justo, con instituciones sólidas y comunidades resilientes que rechazan el dominio del crimen organizado.
Crimen Transnacional Establecido: escenarios negativos probables
En un escenario negativo del crimen internacional establecido, nuestro país se transforma en un centro global del narcotráfico, consolidando su papel como un punto clave en las rutas internacionales de tráfico de drogas. Este avance de las organizaciones criminales genera un aumento sin precedentes en los niveles de inseguridad, equiparando al país con los niveles de violencia y control territorial que se observan en algunos de los países más afectados por el crimen organizado, como México.
El narcotráfico no solo domina las actividades ilícitas, sino que permea profundamente las estructuras políticas, económicas y sociales del país. Las bandas criminales establecen redes sofisticadas que involucran corrupción a gran escala, infiltrando instituciones clave como la policía, el sistema judicial, los gobiernos locales e incluso el ámbito empresarial. Esta corrupción sistémica debilita gravemente al Estado, limitando su capacidad para responder de manera efectiva y consolidando la sensación de impunidad que alimenta el poder de estas organizaciones.
Las ciudades principales, puertos estratégicos y zonas rurales se convierten en campos de batalla donde las disputas entre bandas por el control de rutas, territorios y mercados generan un clima constante de violencia. Los enfrentamientos armados, las desapariciones y los homicidios se vuelven parte de la cotidianidad, dejando a las comunidades atrapadas en un ciclo de miedo e incertidumbre. La normalización de la violencia afecta profundamente el tejido social, debilitando las relaciones comunitarias y exacerbando la sensación de abandono por parte del Estado.
En este contexto, Ecuador también se ve envuelto en tensiones internacionales debido a la expansión de la violencia hacia países vecinos como Colombia y Perú. La falta de una respuesta regional coordinada agrava la situación, mientras las organizaciones criminales internacionales, incluyendo cárteles mexicanos y colombianos, fortalecen sus alianzas con actores locales, ampliando su control sobre las economías ilícitas y consolidando al país como un nodo esencial en sus operaciones globales.
Este escenario negativo no solo representa una amenaza directa para la seguridad y estabilidad interna, sino que también erosiona profundamente la confianza de la población en sus instituciones y su gobierno. La percepción de Ecuador como un "narcoestado" comienza a solidificarse a nivel internacional, lo que dificulta las relaciones diplomáticas, afecta la inversión extranjera y limita las oportunidades de desarrollo económico. Este sombrío panorama refleja un Estado superado por el crimen organizado, con comunidades cada vez más vulnerables y una población atrapada en un futuro incierto, marcado por la violencia, la corrupción y el debilitamiento del orden democrático. En este escenario somos ya un Estado fallido.
Acciones político-estrategias que debe tomar el Estado Ecuatoriano para enfrentar al crimen organizado
A efectos de confrontar con la criminalidad organizada, el Estado habrá de desarrollar un conjunto de acciones político-estratégicas integrales y sostenidas que ataquen tanto las causas estructurales del problema como sus manifestaciones visibles.
En primer término, deviene en esencial proveer al fortalecimiento de las instituciones estatales, invirtiendo en la capacitación, equipamiento y supervisión de las fuerzas de seguridad para garantizar su eficacia y resistencia frente a la corrupción, al tiempo que se refuerza el sistema judicial, asegurando la independencia de jueces y fiscales, combatiendo la impunidad y agilizando los procesos relacionados con el crimen organizado. Además, el control de las zonas vulnerables debe priorizarse mediante una presencia estatal integral y permanente en áreas estratégicas como puertos, fronteras y barrios marginales, devolviendo el control territorial al Estado. (Estrategias de Presencia Disuasiva Permanente).
En paralelo, habrán de implementarse políticas de prevención y cohesión social que aborden las raíces del problema, invirtiendo en programas educativos, sociales y de empleo que mejoren las condiciones de vida en comunidades afectadas, evitando el ingreso de actividades ilícitas y fortaleciendo el tejido social a través de iniciativas comunitarias que involucren a líderes locales y a la juventud. También es crucial proteger a víctimas y denunciantes con mecanismos efectivos que garanticen su seguridad y confianza en las instituciones.
La coordinación internacional es otro pilar fundamental en esta lucha, fortaleciendo la cooperación con países vecinos como Colombia y Perú para intercambiar inteligencia, realizar operativos conjuntos y desarticular redes criminales transnacionales, mientras se gestiona apoyo técnico, logístico y financiero de organismos multilaterales como la ONU y la OEA para potenciar las capacidades nacionales.
Las estrategias de desarticulación del crimen organizado deben enfocarse en atacar sus finanzas mediante herramientas tecnológicas y legales que permitan rastrear y confiscar recursos económicos ilícitos, desmantelando las cadenas de suministro que sustentan sus operaciones y reduciendo su autonomía mediante la eliminación de estructuras paralelas de gobernanza en sus territorios controlados.
A la par, se requiere una actualización del marco normativo para tipificar y sancionar el crimen organizado como una estructura compleja, promulgando leyes específicas para abordar delitos como el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas y la trata de personas.
El desarrollo de una comunicación estratégica que genere confianza pública y movilice el apoyo ciudadano es indispensable, mediante campañas que informen sobre los esfuerzos estatales y destaquen los logros en la lucha contra el crimen, asegurando transparencia en los resultados.
En el epílogo, la implementación de un sistema robusto de inteligencia y tecnología avanzada permitirá anticipar y contrarrestar los movimientos del crimen organizado mediante el uso de drones, monitoreo satelital y análisis de datos. Estas acciones, aplicadas de manera integral y sostenida, no solo permitirían contener la expansión táctica del crimen organizado, sino que también fortalecerían la gobernanza, restaurarían el control del territorio por parte del Estado y, sobre todo, devolverían la confianza de la población en sus instituciones, sentando las bases para un Ecuador más seguro y resiliente frente a los desafíos del crimen transnacional.
En primer término, deviene en esencial proveer al fortalecimiento de las instituciones estatales, invirtiendo en la capacitación, equipamiento y supervisión de las fuerzas de seguridad para garantizar su eficacia y resistencia frente a la corrupción, al tiempo que se refuerza el sistema judicial, asegurando la independencia de jueces y fiscales, combatiendo la impunidad y agilizando los procesos relacionados con el crimen organizado. Además, el control de las zonas vulnerables debe priorizarse mediante una presencia estatal integral y permanente en áreas estratégicas como puertos, fronteras y barrios marginales, devolviendo el control territorial al Estado. (Estrategias de Presencia Disuasiva Permanente).
En paralelo, habrán de implementarse políticas de prevención y cohesión social que aborden las raíces del problema, invirtiendo en programas educativos, sociales y de empleo que mejoren las condiciones de vida en comunidades afectadas, evitando el ingreso de actividades ilícitas y fortaleciendo el tejido social a través de iniciativas comunitarias que involucren a líderes locales y a la juventud. También es crucial proteger a víctimas y denunciantes con mecanismos efectivos que garanticen su seguridad y confianza en las instituciones.
La coordinación internacional es otro pilar fundamental en esta lucha, fortaleciendo la cooperación con países vecinos como Colombia y Perú para intercambiar inteligencia, realizar operativos conjuntos y desarticular redes criminales transnacionales, mientras se gestiona apoyo técnico, logístico y financiero de organismos multilaterales como la ONU y la OEA para potenciar las capacidades nacionales.
Las estrategias de desarticulación del crimen organizado deben enfocarse en atacar sus finanzas mediante herramientas tecnológicas y legales que permitan rastrear y confiscar recursos económicos ilícitos, desmantelando las cadenas de suministro que sustentan sus operaciones y reduciendo su autonomía mediante la eliminación de estructuras paralelas de gobernanza en sus territorios controlados.
A la par, se requiere una actualización del marco normativo para tipificar y sancionar el crimen organizado como una estructura compleja, promulgando leyes específicas para abordar delitos como el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas y la trata de personas.
El desarrollo de una comunicación estratégica que genere confianza pública y movilice el apoyo ciudadano es indispensable, mediante campañas que informen sobre los esfuerzos estatales y destaquen los logros en la lucha contra el crimen, asegurando transparencia en los resultados.
En el epílogo, la implementación de un sistema robusto de inteligencia y tecnología avanzada permitirá anticipar y contrarrestar los movimientos del crimen organizado mediante el uso de drones, monitoreo satelital y análisis de datos. Estas acciones, aplicadas de manera integral y sostenida, no solo permitirían contener la expansión táctica del crimen organizado, sino que también fortalecerían la gobernanza, restaurarían el control del territorio por parte del Estado y, sobre todo, devolverían la confianza de la población en sus instituciones, sentando las bases para un Ecuador más seguro y resiliente frente a los desafíos del crimen transnacional.
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@CoronelPazmino
Sobre Mario Pazmiño Silva
Mario Pazmiño Silva es Coronel (R) del Ejército del Ecuador. Cuenta con un Master en Seguridad y Desarrollo. Es Presidente del Centro de Análisis e Investigación Internacional, Consultor Internacional en Seguridad y Defensa. Oficia de Analista para diferentes medios de comunicación sobre temas de Terrorismo e Inteligencia, y desarrolla publicaciones para distintos medios de comunicación en América Latina. Su correo electrónico, aquí.