La causa de la toma de la comisaría de la Boca, archivada

Así como el entonces secretario de Seguridad, Norberto Quantín, y su segundo, José María Campagnoli, "se justificaron ante los medios, también podrían explicar ante la Justicia los motivos de su participación", advirtió Greco, en referencia a las directivas impartidas tras la toma de la comisaría de La Boca, en junio del año pasado. Quantín y Campagnoli están acusados de impedir el desalojo de esa dependencia, que había sido ocupada por seguidores del dirigente piquetero Luis D Elía. Incluso el mismísimo Presidente Kirchner está sospechado de haber dado instrucciones para proteger a D Elía. La justicia no puede indagar a los ex funcionarios del Gobiernom debido a que están protegidos por sus fueros (ambos son fiscales). En declaraciones a medios radiales, el titular de la comisaría, cuya falta de mérito fue solicitada hace un mes por los fiscales del caso, Luis Comparatore y Patricio Evers, apuntó duramente contra D Elía, públicamente vinculado al Gobierno nacional. A juicio del jefe policial, se trató de una "acción criminal" la realizada hace un año en protesta por el homicidio del dirigente comunitario Martín "Oso" Cisneros a manos de un colaborador de la Policía Federal. "Allí se cometieron varios delitos: la toma de una dependencia, los destrozos, la sustracción de elementos, los daños de documentación pública, como por ejemplo sumarios, e, incluso, el robo de un cuadro de Quinquela Martín", enumeró. Greco recordó que "a partir del momento en que se suscitó este episodio siempre me puse a derecho y expliqué mi situación porque no tenía nada que esconder". El policía evocó que aquel 25 de junio, cuando su segundo le "notificó" a su casa lo que estaba pasando en la comisaría a su cargo, quiso "recuperarla" pero llegó Campagnoli y "se hizo cargo él de la negociación". "Yo di algunas directivas a los grupos de combate que ya se hallaban en el lugar para recuperar la dependencia, pero (los funcionarios) me dijeron que no. Campagnoli me dio su justificación: "hay 5 mil piqueteros en el Puente Pueyrredón, la situación se puede agravar; lo vamos a manejar de una manera consensuada", me dijo", rememoró. Greco comentó que "a partir de ese momento" quedó "apartado de todo el manejo con la gente que entró en la comisaria" y destacó: "Yo tenía que acogerme a las órdenes de mis superiores". Investigaciones posteriores -que fueron relegadas como información secundaria por parte de medios importantes del país- dieron cuenta de que los piqueteros que tomaron la comisaría también se alzaron con armas de fuego y con los fondos que tenía la "caja chica" de la repartición policial. Incluso se probó que Martín Cisneros, el piquetero asesinado, y cuya muerte D Elía decidió "vengar" a través de la toma, se dedicaba al tráfico de drogas. El asesinato de Cisneros fue descripto como la consecuencia de una pelea entre narcotraficantes barriales. Precisamente, la venta de drogas (especialmente la denominada "Paco") es una actividad popular entre muchos piqueteros, que utilizan esta vía para incrementar los ingresos provenientes de los planes sociales. Mismos planes sociales que dirigentes como Luis D Elía administran y reparten a voluntad. El incidente de la toma de la comisaría de la Boca es, sin lugar a dudas, uno de los episodios más oscuros entre los ocurridos durante la Administración actual, a la vez que el Presidente Kirchner no ha podido desentenderse de su responsabilidad en la toma de la comisaría y de la protección que se otorgó a gran parte de los implicados. Como corolario debe destacarse el hecho de que el dirigente piquetero Luis D Elía se halla actualmente protegido por sus fueros como diputado provincial, y son precisamente esos fueros los que han impedido su juzgamiento por su participación en el hecho. Pero el mandato de D Elía vence en diciembre del corriente año, y debido a su temor por la posibilidad de ser juzgado, es que se encuentra activamente avocado a ser parte de alguna lista para las elecciones de octubre. El objetivo es, a todas luces, mantener los fueros que le caben como legislador, para continuar evadiendo el accionar de la justicia.