Julio de Vido y la corrupción kirchnerista en el ámbito de la obra pública

En varias oportunidades hemos denunciado desde "Brokers" que en la construcción de obra pública manejada por el ministro Julio De Vido y José López, el secretario de Obras Públicas, cobraban el 15 por ciento en negro de cada cosntrucción que otorgaban. También hablamos del contador Andrés Galera, quien era el encargado de recibir la coima. Hace unas semanas, el juez penal económico Javier López Bizcayart recibió una denuncia de un inspector de la AFIP que descubrió que una empresa fantasma llamada Infiniti estaba emitiendo facturas truchas en beneficio a la sueca Skanska, adjudicataria de obras laterales del gasoducto del norte. Esta obra por construir arrancaría desde Tarija, Bolivia, y llegaría a toda la zona noreste y noroeste del país. La misma va a ser ejecutada por Techint y Repsol YPF, pero por los problemas políticos de Bolivia todavía no se pudo iniciar. El juez, que ya detuvo a dos personas vinculadas a Infiniti, ordenó una serie de allanamientos a otras empresas sospechosas de proveer facturas truchas. Hace un mes y medio, cuando el juez descubrió esta operatoria, le pidió a Aníbal Fernández, Ministro del Interior, que envie a la gendarmería a custodiar el tercer piso de la sede central de la AFIP, pero el Ministro se negó según informó el diario "Perfil". A dos días de la negativa del Ministro se produjo un incendio en ese tercer piso y Alberto Abad, el administrador general de la AFIP, declaró que tiene el registro infiormático de todas las facturas, por lo cual no habrían desaparecido los comprobantes de las facturas verdaderas y de las truchas. Como las declaraciones de los funcionarios del gobierno están devaluadas desde que sus propios encuestadores se equivocaron en 30 puntos sobre las elecciones de Misiones y con el 0,7 de inflación del último mes (que nadie lo toma en serio), es muy probable que las miles de facturas truchas que ser emitieron durante 3 años y medios para esconder el pago de coimas hayan desaparecido. Este caso sería uno de los centenares o miles de obras y viviendas construídas con dinero del gobierno. Hay que recordar que el entonces ministro Roberto Lavagna denunció la cartelización de las empresas vinculadas a la Cámara de la Construcción que trabajaban para el gobierno y que facturaban sobre precios. Por ende ocultaban al Ministerio de Planificación el pago de coimas y que iban a formar la caja negra del kirchnerato. Por primera vez aparecen las pruebas de la infamia y constituyen un caso similar al escándalo IBM-Banco Nación cuando, en 1995, se descubrió que una empresa había evadido el pago de IVA sobre 35 millones de pesos dólares que era la cifra exacta de la coima que IBM le pagó al Banco Nación por el denominado proyecto Centenario. El periódico "Ambito Financiero" en su tapa y en páginas interiores, oportunamente agregó el nombre de Néstor Ulloa, un jujeño vinculado al Gobernador Fellner, al "Pacha" Velasco y a Julio De Vido como el funcionario que le sugirió a una empresa adjudicataria que comprara facturas truchas para evadir el pago de impuestos. Como dijimos al principio, desde hace tres años venimos denunciando que el Ministerio de Planificación federal, a través de la Secretaría de Obras Públicas, adjudica obras por encima de su valos real para permitir el pago de coimas. El procedimiento es el siguiente: adjudicada una obra se otorga unn certificado por el 15 % del valor de la obra inflada y el adjudicatario, al cobrar el cheque, inmediatamente lo deuvelve como coima al contador Andrés Galera, cajero del secretario de Obras Públicas y subordinado de Julio De Vido. Como este pago es en negro, si la empresa adjudicataria tendría que pagar impuesto a las ganacias e IVA, su ganancia sería mínima o inexistente, por lo cual compra facturas truchas evadiendo el pago a la AFIP y, de este modo, los cajeros del kirchnerismo y las empresas obtienen grandes ganacias pagadas por todos nosotros. Es de suponer, que luego de tres años y medio de adjudicación de obras públicas y viviendas populares por miles y millones de pesos, han generado una caja negra millonaria en dólares para el kirchnerato. Toda esta operatoria no la pudo hacer el Ministerio de Planificación Federal sin la complicidad de la AFIP y otras dependencias del Estado. Solo a partir de la aplastante derrota de Misiones, un inspector de la AFIP se animó a abrir esta investigación y comunicarsela al juez penal económico Javier López Bizcayart, el primer magistrado que se anima a investigar a fondo la corrupción de este gobierno. Es más, intentó que el Ministro del Interior enviara la gendarmería a proteger el tercer piso de la AFIP donde se encuentra todo el registro de facturas, cosa que se negó y a los dos días se produjo un incendio casual. Es de esperar que el nuevo y reducido Consejo de la Magistratura no intente promoverle juicio político al primer juez que mete el dedo en la yaga de la corrupción del kirchnerato.