Aníbal Fernández -el ministro más rechazado por la opinión pública-, complicado en la lucha contra las drogas

Pocas dudas quedan al respecto : el Ministro del Interior -o de la Inseguridad Nacional-, Aníbal Fernández, es el funcionario más detestado de la presente Administración. Motivos para argumentar esta realidad, hay de sobra, pero principalmente debe decirse que su fracaso mayúsculo tiene que ver con su tarea a la hora de garantizar la seguridad de la ciudadanía. El talón de Aquiles del Presidente Néstor Kirchner es, precisamente, la inseguridad a nivel nacional, cuyos índices medidos en secuestros, homicidios, violaciones, robos seguidos de muerte y demás episodios macabros dan cuenta de que la Argentina nunca estuvo peor en esta materia. Y la viva prueba de que al actual gobierno, el problema de la seguridad no le interesa es, no solo la ausencia absoluta de políticas frente al problema, sino el nombramiento del Dr. Aníbal Fernández al frente del Ministerio del Interior. Fernández es, tal vez, el más lenguaraz de los funcionarios de la actual plantilla. No es la idea extenderse sobre los puntos más oscuros que caracterizan al ministro y a su pasado, pues artículos referidos al frondoso prontuario de Fernández pueden ser accedidos al pie de esta nota. Investigaciones independientes ya habían vinculado al funcionario con el tráfico de drogas en el partido de Quilmes, en los tiempos en que se desempeñaba como intendente. Su chofer en aquella época era Sergio Villordo, actual alcalde de la mencionada localidad. Pero dos noticias importantes -aunque relegadas por Clarín a sus páginas internas- han captado la atención de agudos lectores la pasada semana. El reconocido periodista Daniel Santoro refirió a la novedad de la pelea entre el Ministerio del Interior y José Granero, titular del SEDRONAR -la oficina a cargo de la lucha contra el narcotráfico a nivel nacional-. El duelo entre Fernández y Granero tiene su origen desde hace ya cierto tiempo, y de acuerdo a todos los informes, es la intención de Aníbal Fernández que el RENPRE -organismo que combate la provisión de precursores químicos que se utilizan para manufacturar alcaloides- no reporte más a SEDRONAR, y que limite su acción informativa al Ministerio del Interior. Todo parece tener origen en el pedido del creador del RENPRE, Gabriel Abboud, para que el organismo creado por él trabajara directamente con el SEDRONAR y no con el Ministerio del Interior. Abboud es un experto en la cuestión específica de los precursores químicos y el espinoso tema del tráfico de drogas en las fronteras que la Argentina comparte con Bolivia y Paraguay. Precisamente, el accionar del organismo creado por él es el que permitió -de acuerdo a Clarín- desabastecer de precursores a los traficantes de aquella región, a tal punto que los laboratorios que fabricaban cocaína y otras drogas debieron trasladarse. El problema es que lo hicieron fronteras adentro. Durante la Administración Kirchner, la Argentina no solo se convirtió en un país más violento y peligroso -como nunca en su historia-, sino que el tráfico de drogas y los crímenes relacionados con su consumo se dispararon hasta niveles sorprendentes. Pero las sospechas no solo recaen sobre figuras clásicas como el ex presidente Eduardo Duhalde -hoy devenido en "gran estadista"- y Leopoldo Moreau en tiempos del gobierno radical. Hoy por hoy, analistas políticos tienen muy presente el crecimiento exponencial del comercio y tráfico de cocaína en Quilmes en tiempos de Aníbal Fernández, y hasta la propia Elisa Carrió ha desnudado la relación comercial del Presidente Néstor Kirchner con la firma española Conarpesa, en tiempos en que el mencionado era gobernador. Conarpesa no solo estuvo involucrada en el tráfico de cocaína desde los puertos de Santa Cruz hacia Europa, sino que además, contribuyó con mucho dinero a la campaña del Presidente Néstor Kirchner. A este respecto, existe un informe detallado del ARI que El Ojo Digital se encargó de publicar en sus inicios, que también hemos linkeado al pie de este artículo. Cabe destacar que el RENPRE fue creado por un pedido especial de las autoridades de Estados Unidos, que desde hace tiempo vienen observando el problema del auge de la comercialización de estupefacientes en la Argentina, particularmente bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El artículo de Daniel Santoro no refiere los verdaderos motivos de la pelea entre los diversos organismos del control del tráfico y el consumo de drogas. Sin embargo, todo hace pensar que el éxito inicial del RENPRE se verá comprometido si el ministro Aníbal Fernández intenta modificarlo. De hecho, ¿cuál es el verdadero interés de Fernández para obtener el control sobre esa oficina? ¿Existen intenciones más oscuras a las que los medios no tienen acceso? ¿Es conveniente para el país que un Ministro de la Nación que en su momento estuvo prófugo de la Justicia por malversar fondos de su comuna y que luego estuviere sospechado de tomar parte en el negocio de la droga en la provincia de Buenos Aires, esté a cargo de perseguir a los narcotraficantes del país? Especialistas e investigadores que se ocupan de analizar el tráfico de drogas en el país sostienen que, al contrario de lo que sucede en naciones como Estados Unidos y muchas naciones europeas, donde pequeñas organizaciones se ocupan de usufructuar el negocio de la venta de estupefacientes en barrios o localidades específicas, en la Argentina, el negocio parece estar a cargo de bandas que actúan en zonas liberadas y movilizando grandes cargamentos a través de puertos y rutas principales, de tal suerte que los gobiernos tienen mucho que ver en la protección que se les da. Cuando se habla puntualmente del tráfico de cocaína, la mayor parte va a parar a los puertos del sur -ostensiblemente menos monitoreados que el puerto de Buenos Aires- para luego ser transportada a Europa. Pero, cada año, porciones crecientes de la mortal mercancía se entregan a los puntos principales de consumo de la Argentina, como ser la Capital Federal y el conurbano bonaerense. Los precursores químicos -la materia "prima" que los laboratorios precisan para elaborar el producto terminado- como la acetona, el éter o el cloro arriban en forma periódica al puerto de Mar del Plata, generalmente desde Oriente, donde donde el principal fabricante -y por ende proveedor- es el crimen organizado chino. El "paco", diminutivo utilizado para referirse a la pasta base de cocaína, ha crecido en su comercialización y consumo en forma importante en la Administración Kirchner, y su explosión en el denominado "mercado de los adictos pobres" permite suponer con suma tranquilidad que la Argentina se ha convertido hoy en una nación productora de cocaína. La provincia de Buenos Aires se ha convertido en la geografía ideal para la instalación de numerosos laboratorios clandestinos, que se han visto beneficiados por la pobreza de las políticas educativas-represivas conjuntas de las administraciones Kirchner y Solá. La otra noticia de interés, relacionada con la problemática de las drogas, fue también cubierta por Clarín, en este caso su corresponsal, Mario Aguilar. El fiscal general Claudio Palacín -que tiene jurisdicción en San Nicolás, Rosario y la ciudad de Santa Fe- lanzó acusaciones gravísimas contra los funcionarios y las fuerzas de seguridad responsables de la lucha contra las drogas a nivel nacional y provincial. Puntualmente, cargó contra Gendarmería Naciona, Prefectura Naval y Policía Federal, calificando a muchos de sus agentes como corruptos. En pocas palabras, Palacín confirma todas las sospechas al respecto de que el tráfico de drogas en la Argentina está amparado por autoridades nacionales, dado que la no participación de la dirigencia política es, de por sí, imposible. Una conclusión lógica que se desprende del hecho de que la represión del comercio ilegal de drogas apunta siempre a los pequeños vendedores, en lugar de enfocar el problema más hacia los estratos superiores de la cadena de producción y comercialización. Algunas frases poco alentadoras, pero dignas de ser tenidas en cuenta, de Palacín : * "En poco tiempo, aquí comenzarán a matar jueces, como sucede en Colombia". * "Las fuerzas se seguridad nos toman por estúpidos a fiscales e investigadores". * "Los narcos peruanos, instalados en villas de la Capital Federal, vinieron a la Argentina porque aquí no existe represión contra el delito de tráfico". * "En la Argentina no existe una lucha auténtica contra el tráfico de drogas. Esta debe ser a muerte". Como podía esperarse, el ministro Aníbal Fernández -destinatario por omisión de las declaraciones de Palacín- rehusó responder a Clarín sobre el tema. A la luz del crecimiento exponencial del delito a nivel nacional, y de las sospechas de involucramiento de Fernández en cuestiones relacionadas con el tráfico de drogas, su renuncia se vislumbra como necesaria.