Perdió el Gobierno el control de las calles; empeoraría la situación con Cristina Fernández en el poder. Octubre, más cerca del ballotage

El reclamo nacional por la falta de seguridad generalizada en tiempos de Kirchner ha sumado más adhesiones a partir de los violentos hechos registrados en las últimas horas, convirtiendo en una pesadilla la despedida del gobierno del actual presidente. Pero, al contrario de lo que dirán funcionarios de la Administración, el descalabro que se ha apoderado del espacio público no es consecuencia de complots o maniobras oscuras para hacer palidecer la ya devaluadísima imagen presidencial. Más bien al contrario; los hechos observados últimamente son producto del caldo de cultivo que viene cocinándose desde la llegada de Néstor Kirchner al poder, un presidente que jamás hizo referencia al problema por el que más pedían los argentinos : la inseguridad. El Presidente jamás hizo mención específica del problema y, ya en los albores del ridículo, adjudicó el reclamo a sectores "de derecha", una derecha extrema que solo existe en la mente del primer ocupante de la Casa Rosada. Por estas horas, claramente se observa que la falta de políticas de seguridad involucra un precio más que elevado : encuestas en poder del gobierno confirman caídas abruptas en la imagen del Presidente a partir de los incidentes de Santa Cruz y los recientemente acaecidos con Quebracho y los trabajadores del INDEC. Peor aún, dado que la mayoría de los estudios serios de opinión reflejan que la ciudadanía considera a Cristina Fernández y a Néstor Kirchner como iguales, por simple propiedad transitiva, la imagen de la Primera Dama también se ha visto afectada. Estudios de opinión variados ubican el porcentaje de intención de voto de Cristina Fernández Wilhelm en algo más de 30 puntos, cifra que continuaría bajando -a no ser que ocurriera un milagro- de aquí a sesenta días. El brete en que los ideólogos de la candidatura cristinista se han metido de lleno es por lo demás complejo : el votante no percibe diferencias entre la Primera Dama y su marido. Para empezar, ambos remiten al concepto Santa Cruz, donde las tácticas de la vieja política han terminado por hacer estallar el ánimo social. Ello, como es lógico, difiere escandalosamente del slogan de "cambio" que el oficialismo intenta implantar en forma de campaña viral. Para colmo, y como correctamente lo han presentado Carlos Pagni y otros analistas de renombre en los medios, la Administración Kirchner ha contribuído al despegue de la candidatura de Elisa Carrió, a partir de los intentos furibundos por enviarla a prisión durante el transcurso de 2008 a más tardar. Este es el objetivo que persiguen los laderos del Presidente -y él mismo- a mediano plazo. Sin embargo, ese es el argumento que Carrió precisaba para posicionarse a piacere ante la ciudadanía y sus potenciales votantes. "Lilita" es ahora la víctima, perseguida por un "régimen totalitario". Ya no es más la figura intrascendente que denunciaba por puro deporte. Porque lo que importa no es la realidad, sino la percepción subjetiva que de las personas o de las situaciones tiene una sociedad. Elisa Carrió no sea, muy probablemente, lo mejor que existe para gobernar a un país y desde luego que tiene más carencias que virtudes, pero esto no es lo que importa; solo interesa su actual status de víctima, y esto es lo que consigue votos. Los propios encuestadores oficiales ya se encuentran temerosos del tembladeral que sacudirá a la Rosada cuando presenten los números que reflejan una intención de voto de no menos de 25 puntos para el tándem Carrió-López Murphy. En las presidenciales de octubre, todo puede suceder, incluso lo impensado. La improvisación del gobierno de Néstor Carlos Kirchner se encuentra, por estas horas, en pleno estado de ebullición. Ni siquiera el Diario Clarín alcanza a detener la estampida social, con sus noticias provenientes de la Dimensión Desconocida, donde desempleo e inflación se mantienen bajos. Como señalábamos líneas arriba, la falta de políticas de seguridad oficiales se han convertido en una verdadera pesadilla para el gobierno. La sociedad hace tiempo que percibe que la desaparición de piqueteros de las calles es obra de la repartija de dineros públicos a "organizaciones sociales" de la peor calaña. Luis D elía y sus violentos patoteros desaparecieron de la luz pública en un santiamén. Lo mismo sucedió con neoguerrillas de corte urbano como el Movimiento Teresita Rodríguez y la agrupación Aníbal Verón. Pero el dinero no alcanza para taparlo todo : esta semana, circula por todos los medios la violenta represión que mandó ejecutar Aníbal Fernández -Ministro del Interior- sobre trabajadores del INDEC que protendían instalar una carpa en protesta por la manipulación de las estadísticas oficiales. La improvisación extrema está a la orden del día y convoca a un análisis más detallado, pues, mientras efectivos apalean con regularidad a los trabajadores del instituto de estadísticas, piqueteros de toda forma y color cortan el puente Pueyrredón cuando se les viene en gana. Gremios y desocupados por elección propia cortan la Avenida Leandro N. Alem -frente al Ministerio de Trabajo- como quien camina tranquilo por su jardín. ¿Cuál es la medida que utiliza el gobierno para reprimir? En última instancia, pareciera que empresarios y trabajadores de clase media y media baja que se dirigen a su trabajo en el centro todos los días, constituyen la última de las prioridades para esta Administración. Y vale recordar la impunidad con que se movilizan impresentables gremialistas de la talla de Hugo Moyano, cada vez que se les ocurre bloquear hipermercados, supermercados chinos y todo lo que convenga a la agenda. Lo interesante de Moyano es que, a pesar de su discurso en pro de los trabajadores, es millonario en dólares, tiene un sinfín de valiosas propiedades y ahora se encuentra cerca de terminar la construcción de un palacio impresionante en Castelar. ¿Habrá que publicar fotos e información detallada para explicar a los trabajadores la forma en que su líder los engatusa? Moyano también utiliza parte de su tiempo para visitar al Presidente en la Casa Rosada y extorsionarlo para no llenar de camiones la Plaza de Mayo, a cambio de más dinero y que se le permita seguir operando con impunidad. En otro orden de cosas, la explosión social que tuvo lugar en Santa Cruz ya circula por todos los medios del mundo. La santacrucización de la Argentina ha terminado por llevar al país al desorden actual. En la provincia del Presidente, las cosas se han administrado de la peor manera, bajo el paraguas de un caudillismo insoportable y con una corrupción floreciente, construída a base de los ingresos por la explotación pesquera y petrolera, apaleándose a opositores y reprimiendo a los medios que piensan diferente, casi siempre mediante el uso de patotas que, como allí todo mundo sabe, son comandadas desde siempre por Rudy Ulloa Igor, mano derecha de Kirchner. Si Santa Cruz, con una población de no más de 200 mil personas, no puede ser administrada con propiedad, teniendo a la mano tantos recursos financieros y naturales, ¿qué se puede esperar si la misma persona pasa a gravitar en el orden nacional? Los hechos de corrupción protagonizados por los ministros, secretarios y subsecretarios kirchneristas -muchos de ellos pingüinos- son la fiel prueba. Por si lo de Santa Cruz y el INDEC fueran poca cosa, el grupo Quebracho volvió a hacer de las suyas y llevó adelante una manifestación violenta en pleno centro porteño, arrojando piedras y objetos contundentes contra los policías federales que custodiaban la marcha. Una treintena de manifestantes -entre ellos el tristemente célebre ex guerrillero Perdía- fueron detenidos, pero, conociendo lo ocurrido en protestas anteriores, ya se sabe de antemano que todos ellos quedarán libres, como ocurrirá con Fernando Esteche en su momento. Cinco policías resultaron heridos y uno de ellos perderá la visión en un ojo. ¿Y todo para qué? Por nada. El episodio será olvidado y la Justicia seguirá tratando a los delincuentes entre algodones, con la complacencia de los ideologizados encargados de los temas legales de turno, y que mayormente han sido aportados por el kirchnerismo. Es triste escuchar a funcionarios kirchneristas decir que los episodios de violencia fueron generados "por la izquierda". En definitiva, los episodios mencionados solo remiten a una realidad : que la Administración Kirchner ha perdido el control de la calle y que su gobierno ya ni siquiera ejerce el monopolio de la violencia, como debería hacerlo cualquier estado occidental. Y no es necesario ser demasiado inteligente para concluir que, en un posible gobierno de Cristina Fernández Wilhelm, la Primera Dama, la situación será igual e incluso tenderá a empeorar. La senadora, al igual que su marido, ni siquiera se ha ocupado por mencionar el tema de la inseguridad en ninguno de sus discursos, a pesar de que esta es hoy la prioridad para una gruesa mayoría de argentinos. Por otro lado, la figura de la Primera Dama suscita demasiadas suspicacias entre los sectores justicialistas -muchos de ellos reaccionarios- que pululan entre las filas del oficialismo. Sectores que se autodeclaran rebeldes y que harán todo lo posible para generar caos y destrucción en las calles, como ya lo han sabido hacer antes. Para muchos, el voto a favor de Cristina es una suerte de apuesta suicida. En el conurbano bonaerense ya es habitual la costumbre de, a partir de las 7 de la tarde, bloquear puertas y bajar persianas pues los tiroteos son moneda corriente todos los días. Basta recorrer localidades como Laferrere o González Catán para comprobarlo. Idéntico escenario pinta de desesperación la zona norte. Y lo mismo sucede en muchas partes del país. Mal que le pese al Presidente Kirchner, estas personas son ciudadanos y también votan. Y sus problemas cuentan. El descontrol callejero tardó en llegar a las portadas de los principales medios, pero finalmente lo ha logrado. Mientras las respuestas oficiales continúan brillando por su ausencia, la alternativa del cacerolazo continuará siendo plausible para muchos ciudadanos, abandonados a su suerte por el Estado.