La Emergencia Boliviana y las políticas confiscatorias del Presidente Evo Morales. La hora de la intervención
La consulta popular llevada adelante en Santa Cruz de la Sierra ya tuvo lugar y su resultado fue un respaldo abrumador para las iniciativas federalistas. A su vez, las intenciones del rico departamento que concentra el 30% del producto interno bruto boliviano abre las puertas para una futura secesión. Se impone la necesidad de la intervención internacional.
21 de Julio de 2010
Ya se conocieron los resultados de la consulta que tuviera lugar en Santa Cruz de la Sierra, territorio que concentra el mayor volumen de negocios que tienen lugar en Bolivia, y que además aporta con más de un 30% al producto bruto interno de la nación altiplánica. Y los números fueron claros : casi un 90% de los sufragios se inclinó por la propuesta de autonomía de Santa Cruz con respecto al poder central de La Paz.
La iniciativa santacruceña se ha visto curiosamente malinterpretada desde el exterior por muchos jugadores que, en concreto, no tienen mucha idea de lo que sucede en Bolivia. Unos han visto en el referéndum una suerte de implementación de una agenda secreta de parte de separatistas cuyo plan sería nada menos que conformar una nación nueva en lo que hoy es Santa Cruz. Pero lo cierto es que lo que se discute es la esencia de la constitución boliviana, en extremo centralista y que usurpa con impunidad los recursos de las distintas regiones, y en esa discusión el interior boliviano no tiene participación, voz ni voto. De aquí que los residentes de Santa Cruz exijan una constitución nacional con un impulso más federal, para, a la postre, tener mayor discrecionalidad -eufemismo, pues hoy no la tienen en absoluto- en el control de sus propios recursos.
Ya en la década del 80, Bolivia ingresó recursos financieros extraordinarios derivados de la exportación de gas natural. El descubrimiento de nuevos yacimientos, se adujo, le garantizaría al país la posibilidad de cancelar en un 100% sus deudas con los organismos internacionales de crédito. Bolivia sufre, desde hace tiempo, el mal que es común a no pocas naciones latinoamericanas : concentra recursos naturales sin límite en su suelo, pero el beneficio de esos recursos se distribuyen entre unos pocos. La dirigencia política y los militares nunca se alejaron de la agenda corrupta, y esa corrupción se ha visto incluso alimentada desde naciones limítrofes como Brasil y la propia Argentina. En el caso argentino, oportunamente Clarín ya reveló que el proceso militar destinaba armas y dinero para reprimir movimientos bolivianos a cambio de que la provisión de gas no se viera interrumpida. Brasil ha hecho lo propio pero con procederes ligeramente diferentes.
Por su parte, la llegada del indigenista Evo Morales a la presidencia de Bolivia fue vista en sus comienzos como una suerte de oxigenación para el pueblo boliviano, históricamente privado de la posibilidad de desarrollarse a partir de la explotación de sus propios recursos energéticos. Hoy por hoy, las esperanzas depositadas en Morales se han derrumbado, habida cuenta de que el régimen encarnado por el ex dirigente cocalero concentra iguales sospechas de corrupción e ineficiencia que la que ha caracterizado a sus predecesores.
Evo Morales, aparentemente, se propuso devolver a los bolivianos el control de los propios recursos, bajo control de petroleras extranjeras -y entre las que se incluye el consorcio hispanoargentino RepSol YPF-, pero su nutrida relación con el bolivariano Hugo Chávez, presidente de Venezuela, ha echado por tierra la percepción de sus buenas intenciones. Morales ha permitido -y, aún más, alentado- la infiltración chavista en su propia nación y ahora Chávez reconoce con los hechos que ha venido para usurpar los recursos energéticos de Bolivia para quedarse con su control a través de PDVSA. Bolivia es hoy terreno de tironeos entre RepSol, la brasileña Petrobras y la petrolera estatal venezolana. El problema de fondo radica en que Hugo Chávez no solo combate en el rubro negocios sino que también ha aprovechado las ingenuidades de Evo -que no son pocas- para infiltrar elementos subversivos cuyo origen son las propias fuerzas armadas venezolanas, y estos grupos de choque son algunos de los que han llevado adelante violentas operaciones clandestinas contra los ciudadanos de Santa Cruz de la Sierra en el reciente referéndum no vinculante. Hoy queda bien claro que la excusa de la integración del indigenismo a la frágil democracia boliviana ha sido utilizada para que tanto Evo Morales como el venezolano Hugo Chávez tengan base firme para favorecer el control caribeño sobre el petróleo y el gas del Altiplano. La misma guerra que el líder bolivariano pelea en la Argentina, haciendo uso del tráfico de influencias que le ha garantizado la pasada Administración Kirchner y la presente Administración Fernández de Kirchner, Chávez la lleva a cabo en territorio soberano boliviano pero por la vía de la intervención directa.
Dicho sea de paso, muchos que se pretenden entendidos opinan libre y graciosamente sobre lo imperativo de integrar a los indígenas bolivianos en el proceso democrático, cuando, en concreto, nadie les ha preguntado acerca de su interés. Lo cierto es que a las comunidades indígenas del país del norte no les interesa participar de un proceso del que jamás obtendrán beneficio alguno. Para colmo, Evo Morales los explota para que, a través de las urnas, le garanticen impunidad en su accionar desde el Ejecutivo, y aquí no escasea la clásica utilización de las fuerzas de choque de siempre. En la Argentina, cuando se habla de fuerzas de choque, viene a la mente la clásica imagen del piquetero, el barrabrava y el gremialista. En Bolivia, solo cambia el individuo : allí la materia prima es el indígena.
A partir de la obvia intromisión de Hugo Chávez, Bolivia se ha transformado en un caldero que bien podría derivar en una cruenta guerra civil. Ciertos analistas se han atrevido a comparar el escenario boliviano con lo sucedido en Kosovo, pero lo cierto es que en la ex Yugoslavia el problema tuvo origen en las diferencias étnicas evidentes que los países del "mundo libre u occidental" -tal la denominación utilizada en épocas de John Fitzgerald Kennedy- ignoraron abiertamente. El caso boliviano no remite directamente a un choque entre indigenistas e individuos de "piel blanca". Nadie ha dicho que los santacruceños no se sienten bolivianos, o que pugnan fervientemente por la conformación de una república independiente de La Paz. Lo que se discute es la esencia de una constitución obsoleta que garantiza al poder central la administración discrecional e impune de los recursos del interior, configuración que ha devuelto como resultado una nación cada vez más atrasada y en permanente crisis política, cuando no de conflicto civil.
Más que asemejarse al problema de Kosovo, Bolivia se acerca hoy más -con todas sus características- a lo que fue la denominada Emergencia Malaya, episodio que tuvo lugar en la Malasia de 1948 (entonces denominada Malaya), controlada por los británicos. En aquella oportunidad, el gobierno central debió hacer frente a las actividades encarnadas por el Ejército de Liberación Nacional Malayo, financiado y armado por la China Comunista. En la Bolivia actual, se corre el riesgo de clonación de aquel escenario asiático, dado que uno de los bandos -el de los movimientos indigenistas, claramente diferenciado- ya cuenta con el aval logístico, político e ideológico de la República Bolivariana de Venezuela. A este escenario de conflicto solo le hace falta que la resistencia santacruceña se organice para hacer frente al tándem indigenista-chavista, cuyo fin ulterior es reprimir todo intento autonomista de parte de Santa Cruz de la Sierra. Soslayar los reclamos del más rico distrito boliviano por intermedio de la violencia solo constituirá una solución de cortísimo plazo para Evo Morales.
A los efectos de neutralizar la escalada de violencia que acosará a Bolivia durante los próximos meses, se vuelve necesaria la intervención de algún tipo de fuerza multinacional conformada por países interesados en la estabilidad del país norteño. Es difícil de creer que Naciones Unidas tome cartas en el asunto, dada su cargada agenda de cara a las peripecias que sufren los países africanos. Pero en la configuración actual del Nuevo Orden Mundial, la seguridad de la América Latina estaría más en manos de Washington, mal que a algunos les pese. Washington, a su vez, ha encargado el problema venezolano y la crisis boliviana al encumbrado estadista brasileño Lula da Silva, por lo cual cualquier intervención en el Altiplano debería tomar forma en una fuerza compuesta por brasileños, uruguayos y argentinos (los bolivianos no aceptarían jamás una participación chilena, peruana o paraguaya). Infortunadamente, los líderes de la Argentina de hoy ostentan demasiadas deudas con Venezuela como para ser de la partida en un escenario futuro como el descripto.
Si las aspiraciones santacruceñas de autonomía no son satisfechas incondicionalmente, la única solución debería llegar -llegado el caso- por la conformación de un estado independiente que abarque a Santa Cruz de la Sierra entera y con un status de nación reconocida rápidamente por las naciones más importantes de la América del Sur. Tal vez sea esta la única alternativa válida para que Bolivia no se desangre en una nueva guerra civil que convierta a la región en un hervidero, con contagios que puedan hacerse extensibles, por nombrar un caso, a Ecuador.
Una cosa es cierta : Hugo Chávez jamás permitirá que se concrete la tan mentada autonomía de Santa Cruz de la Sierra, sin importar que tenga que recurrir a Evo Morales para subyugarla o a otro primer mandatario títere para cosechar su siembra. Pues -y esto debe quedar bien claro-, la lucha bajo mención no se lleva a cabo en el terreno de las ideologías, sino del control de los monumentales recursos energéticos de Bolivia.
Por Matias Ruiz, para El Ojo Digital Internacionales.
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Por Matias Ruiz, para El Ojo Digital Internacionales