Decepcionante: Mauricio Macri sigue financiando a Hebe de Bonafini. Más de $35 millones de los contribuyentes porteños van a parar a Madres de Plaza de Mayo

La sostenida cautela de Mauricio Macri para oponerse a las políticas de Néstor Kirchner, se acentuó en las últimas semanas con el enfrentamiento por el proyecto de Ley de Medios. El Jefe de Gobierno porteño prácticamente no abrió la boca. El jueves pasado se habría visto obligado a concurrir al despacho de Julio Cobos por la asistencia de su socio Francisco de Narváez. El ahogo financiero que padece este año la ciudad sería la excusa principal que Macri esgrime en sus reuniones: "si confronto los números van a empeorar", le escucharon decir algunos dirigentes que le fueron a reclamar. La densa red de acuerdos de negocios que tejen el operador macrista Nicolás Caputo y el Ministro de Planificación Julio De Vido es otra explicación -tal vez la fundamental- de la prudencia exhibida. Pero queda una tercera razón no menos importante: los compromisos asumidos por el Jefe de Gobierno con las entidades de derechos humanos. Para evitarse el castigo político de los grupos de izquierda, Macri habilitó a su vicejefa Gabriela Michetti para que negociara con un grupo de dirigentes encabezados por Hebe de Bonafini. Una investigación realizada por el abogado Carlos Marcelo Shäferstein demuestra que, actualmente, en el presupuesto porteño se asignan 35 millones de pesos para "obras para la memoria". Se trata, para empezar, de 8 millones para el mantenimiento de los inmuebles del ex centro de detención Olimpo, Orleti y el que existía en Cevallos al 600, hoy convertidos en museos de los derechos humanos. Otros cinco millones financian al monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, inaugurado el año pasado en la costanera de Núñez. Esta obra fue impulsada y supervisada personalmente por Michetti. Otros 730.000 pesos aportados por los contribuyentes porteños mantienen la plaza de la memoria en el ex centro de detención El Atlético y también hay 1.750.000 para las obras de recuperación de ese predio. Finalmente, está el gasto mayor: 20 millones para el mantenimiento de la ex ESMA - hoy Museo de la Memoria-, que es la tribuna oficial elegida por CFK cada vez que tiene que dirigirse al auditorio de las izquierdas. Semejante despliegue presupuestario se desprende del siguiente marco normativo. En el 2003, por la Ley 961, la Legislatura de la Ciudad creó el Instituto Espacio para la Memoria, que es un ente descentralizado de la administración porteña. Por el decreto reglamentario 835, publicado en el Boletín Oficial 1726 del 4 de julio del mismo año, el entonces Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra dispuso que integraran el IEM 10 entidades no gubernamentales de derechos humanos, 5 representantes del Poder Ejecutivo y 5 de la Legislatura. Posteriormente, la administración y mantenimiento de los museos que se abrieron en los ex centros de detención, se fueron traspasando al IEM. Por ejemplo, la Comisión Bipartita conformada por la Nación y la Ciudad le entregó al IEM el control de la ex ESMA el año pasado. En síntesis, el IEM es un ente público que depende de Macri y gasta presupuesto de la Ciudad. Se explicaría así la escasa resistencia de aquél para sostener a su ex jefe de la policía local Jorge Fino Palacios, cuando los organismos de derechos humanos reclamaron su expulsión. Como es fácil suponer, tanta abundancia presupuestaria facilitaría también enormemente la actividad política de las entidades. Gestionados por Michetti y Helio Rebot, el actual Secretario de Derechos Humanos que asumirá como legislador en diciembre, los compromisos de Macri con las organizaciones de derechos humanos irían entonces mucho más allá de lo circunstancial. Así es que el PRO termina sosteniendo logísticamente -con estos pactos que conocen pocos- a los grupos más radicalizados de izquierda, que actúan en el seno de las entidades de derechos humanos.