Apuntes sobre el tráfico de órganos en la Argentina. El Caso Giubileo y los fantasmas

En noviembre de 1993, la BBC de Londres emitía un estremecedor informe que mostraba el tráfico de órganos en el mundo.

Allí, se dedicaba casi media hora al caso argentino sobre esta problemática. Aún cuando algunas de las denuncias dieron lugar a medidas paliativas que se llevaron a cabo con resultados disímiles, los interrogantes continúan vigentes: es más, nos remontan a varios lustros atrás, cuando se produjo la desaparición nunca esclarecida en 1985 de la joven psiquiatra, la Dra. Cecilia Giubileo, mientras se desempeñaba en el ahora tristemente célebre Instituto Psiquiátrico Montes de Oca.

A pesar del tiempo transcurrido, ya entonces se intuía que su desaparición estaba ligada al tráfico de órganos. El "caso argentino" tuvo como uno de sus ejes la investigación llevada adelante en 1992 por el entonces Director del Montes de Oca, Dr. Florencio Sánchez. El Dr. Sánchez murió poco después en prisión sin decir jamás cual había sido su rol dentro de aquella locura. El otro se constituyó en la investigación al CADAIC (Consejo Asesor de Ablación e Implante de Córdoba), cuyo director, el Dr. Edgar Enrique Lacombe, fue arrestado, luego puesto en libertad y quien luego continuaría desarrollando su actividad. El sostuvo que las irregularidades fueron nada más que "errores administrativos".


Colonia Montes de Oca

Marcelo Ortiz, de catorce años, era discapacitado. Fue internado por su familia, debido a su pobreza y a la imposibilidad de atenderlo, en la Colonia Montes de Oca. En su oportunidad, la familia había recibido un telegrama del antiguo director, el Dr. Florencio Sánchez, en donde decía que Marcelo había escapado, dejando voluntariamente la Colonia. Pero Marcelo era parapléjico, por lo que jamás podría haber huído.

El cuerpo mutilado de Marcelo sería encontrado, tiempo después, durante una investigación. Sus ojos habían desaparecido. Este caso y otros pusieron al Gobierno Nacional en aquel momento frente a la decisión de iniciar una investigación. Esta fue conducida por Horacio Esbert, abogado del Ministerio de Salud. Testimonio de Horacio Esbert: "Básicamente, a partir de gente que trabajaba allí, se empezó a tomar conocimiento de que existía tráfico de córneas; que estas eran extraídas de pacientes que morían y que tenían a sus familiares muy lejos y que no retiraban los cuerpos" (¿Córneas extraídas de cuerpos con varios días de muertos?).

Se verificaron irregularidades de todo tipo. Toda la sociedad quedó shockeada al descubrir a muchos pacientes desnudos, cuyo alimento diario era literalmente basura. La totalidad de los pacientes eran enfermos mentales, y muchos de ellos, niños. Además, se descubrió una mafia involucrada en el tráfico de bebés, de sangre y de córneas, todas consentidas por el Dr. Sánchez. La cantidad de muertes en la Colonia era asombrosamente alto, y las causas que figuraron en los registros de estas muertes son absolutamente diferentes a las causas que figuran en los archivos personales de los pacientes. Según los registros, el 20% de la población de pacientes, muere o "desaparece" (como Marcelo Ortiz) cada año. Ningún miembro del personal quiso hablar de lo que pasaba.

Y los testimonios de los pacientes psiquiátricos no son legalmente admisibles. El juez Federal Héctor Heredia tomó en sus manos la investigación. A la pregunta que se le realizara sobre cuál era la cantidad de córneas manipuladas, contestó: "Más de trescientas desde el año 1979 hasta 1983/1984. Quizás un poco más. Me han entregado una copia del testimonio del Sr. Santini, quien trabajó ahí, en la Colonia, por más de diez años, en donde dice cómo fue enseñado por el Dr. Sánchez a sacar las córneas de los pacientes en la morgue del establecimiento. El testimonio de Santini dice que él removía las córneas con una cucharita de café y que se sentía orgulloso porque jamás había roto una córnea". Se inquirió al Dr. Horacio Esbert sobre si él creía que en la Argentina podría existir una red traficando ilícitamente con órganos, a lo que respondió: "Más que una red, hay en todo el país grupos que se dedican al trasplante de órganos, y dentro de estos grupos sin lugar a dudas hay gente inescrupulosa que se dedica al tráfico. Sin lugar a dudas, esta gente es peligrosa".


Consejo Asesor de Ablación e Implantes de Córdoba (CADAIC)

Armando Calero, de nueve años de edad, murió en junio de 1992: golpeó su cabeza al caer en el patio de su escuela. Su familia escuchó en el Hospital de Urgencias la discusión entre dos médicos sobre que una simple operación podía salvarlo. Esta intervención nunca se realizó; el chiquito cayó en coma y fue puesto en un respirador. El Dr. Lacombe le mostró a la madre un electroencefalograma plano, diciéndole que el niño estaba muerto, y le insistía en que donara sus órganos; pero la madre dice que estuvo con él todo el tiempo y que el encefalograma jamás le fue practicado: "Yo me negué (a donar los órganos) porque mi hijo seguía mostrando signos vitales; él daba vuelta la cabeza cuando sentía mi voz, tenía una temperatura normal y además movía sus brazos y sus piernas, por lo tanto ví que no tenía muerte cerebral y por lo tanto no podía donar sus órganos (...) A pesar de que le quitaron el apoyo médico, mi hijo vivió tres días más, y nosotros éramos presionados para que donáramos los órganos (...)". Este y otros casos fueron proceso en los Tribunales Federales de Córdoba. Veintidós médicos de diferentes hospitales fueron investigados por un equipo bajo las órdenes del Juez Luis Rueda, quien testimonió: "Como Juez, puedo decir que las investigaciones hasta este momento han observado serias irregularidades en el sentido de la manera y el momento en que se declara la muerte clínica o la muerte cerebral del paciente y cómo las ablaciones de los órganos son hechas fuera de las normas que manda la ley. Como ciudadano, y a partir de las investigaciones que se han llevado a cabo en otras partes del país, podría decir que hay involucrado tráfico de órganos".

Según Bruce Harris (el realizador del documental), el Doctor Eduardo Gasparini (médico forense que trabajaba con el Departamento de Justicia) le mostró los registros médicos. En éstos, figuran tres casos en los que los chicos están técnicamente vivos y aún así los doctores les sacaron sus órganos. El Dr. Gasparini declamó: "Hasta el momento, no han podido demostrar que (estos pacientes a los que se le sacaron los órganos) tuvieran muerte cerebral. Aquí tenemos, por ejemplo, este caso que muestra un solo EEG, pero ese electro muestra que todavía había actividad cerebral". "En otro caso, se le realiza un EEG y da plano, pero dos horas más tarde esa persona estaba respirando, e incluso movía un brazo. En algún momento, alguien tomó el libro y anotó que esa persona había fallecido". Harris pidió ver el caso del niño Armando Calero. La asistente del Dr. Gasparini le respondió: "Bueno, en el caso del niño Armando Calero, vemos que -aunque la persona se niega rotundamente a donar los órganos-, vemos la prescripción del médico de mantenerlo medicado con bolamina para incrementar la posibilidad de hacer la ablación de sus órganos. Esto fue prescripto por el Dr. Lacombe". (Nota de El Ojo Digital: al momento de realizado el documental, por supuesto no existía la Ley del Donante Presunto).

Alejandra Escribano es enfermera y trabajó en el CADAIC por casi cinco años. En su testimonio, refiere que los Electro Encéfalo Gramas (EEG) le eran aplicados a pacientes que tenían suministradas drogas que deprimen los signos vitales del sistema nervioso -pueden llegar a dar un electro plano-. Además, las perillas de la máquina utilizada en los EEG de aquel momento también eran manipuladas. Ella dice:"Para evitar que una onda cerebral pequeña se vea en un electro, se manipulaban los aparatos y con una perilla se modificaba la amplitud de onda que registraba el aparato". Bruce Harris: "¿Dice Usted que se hacía mentir a la máquina para mostrar que ya no había actividad cerebral cuando en efecto sí la había?". Alejandra Escribano: "En efecto".

En la Argentina, el instituto que coordina la distribución de órganos se conoce por las siglas INCUCAI (Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante). Un incendio repentino destruyó en su oportunidad incontable evidencia que hubiera resultado vital. Los registros que se salvaron del incendio exhibían los archivos de cuatro personas que habrían tenido un trasplante pero que, en la práctica, jamás lo tuvieron. Otra revelación de tales documentos refiere que los órganos que deberían haber ido a tales personas fueron destinados a hospitales privados. El Dr. Edgar Enrique Lacombe fue procesado como supuesto autor de abuso de autoridad en 66 hechos en forma continuada. Con los aportes del médico forense Eduardo Gasparini, y mediante el análisis de más de doscientas historias clínicas, el juez Luis Rueda llegó al convencimiento de que habría semiplena prueba en contra de Lacombe, quien habría dirigido y autorizado la ablación de los órganos cuando las condiciones técnicas y científicas no eran las determinadas por la ley de trasplantes que regía entonces. Posteriormente, el caso pasó a manos del Juez Ricardo Bustos Fierro, quien elevó las actuaciones a la Cámara Federal para que resolviera la apelación planteada contra el procesamiento de Lacombe. Con dos votos a favor (Gustavo Becerra Ferrer y León Feith) y uno en contra (Humberto Aliaga Yofre), la Cámara resolvió revocar el procesamiento de Lacombe, quien así fue puesto en libertad de prisión preventiva. Becerra Ferrer expresaría luego sus profundas discrepancias con el Juez Rueda ya que, a su juicio, si bien existen en las historias clínicas "un serio desorden administrativo generalizado", las pruebas reunidas en la investigación no fueron suficientes para fundamentar el procesamiento del médico con el grado de probabilidad requerido por la ley en esta etapa. Por su parte Aliaga Yofre puntualizaría: "La realidad irrefutable contenida en todas las historias clínicas habla por sí misma y revisten en todos las casos tenidos en cuenta por el entonces Juez del Juzgado Federal, un cúmulo impresionante de anomalías, en algunos casos tan ostensibles que me autorizan a ubicarlas como colindantes con lo burdo, insolente e irreverente". El criterio legal que se impuso fue el de atribuir el incidente jurídico a meras "irregularidades" administrativas. Sin embargo, el criterio común que se impone es el de que, a pesar de las reiteradas negativas al respecto, fundamentadas incluso con "racionalismos" aparentemente "irrefutables", el tráfico de órganos existe.

Consideremos algunos de estos razonamientos: 1) "Es imposible el tráfico de órganos por problemas de histocompatibilidad". Es probable que no pueda satisfacerse una demanda aislada pero, al existir una inmensa demanda de órganos, como ocurre en la actualidad, es perfectamente viable que un donante sea compatible histológicamente, respecto a todos sus órganos, a diversos receptores en lista de espera. Finalmente, la afirmación de que es imposible por dicho motivo se torna infantil, ya que por donante podemos entender, tanto al que lo es por consentimiento con posterioridad a su muerte, como al que lo es por obligación por asesinato. Por otra parte, es necesario recordar que las córneas son órganos que no presentan problemas de compatibilidad. Por una gran ironía, es también un órgano "visible", por lo que es difícil extraer las córneas a trescientas personas (caso Montes de Oca) y dejar a las mismas personas a la vista de cualquier familiar. 2) "Es imposible el tráfico de órganos por la gran cantidad de personas que deberían estar implicadas (equipos médicos completos, de varias instituciones, equipos de transporte, etc.)". Observación fácilmente refutable, puesto que actividades ilícitas como el aborto, en la Argentina se llevan adelante con la complicidad de muchas personas en clínicas privadas de renombre.

Las personas en desacuerdo son fácilmente acalladas mediante despidos, intimidación, compra, o incluso desaparición y muerte (Recordar el caso de los empleados de la Colonia Montes de Oca, que callaron de manera cómplice, y de la Dra. Giubileo, quien desapareció en los comienzos de la época de los trasplantes y que se desempeñaba precisamente en la misma Colonia).

Con todo, surge también una sentencia categórica, que lleva a considerar que el Gobierno Nacional, habiendo logrado imponer la Ley del Donante Presunto, al contrario de apagar la demanda ilegal de órganos y su correspondiente mercado negro, lo alienta. ¿Cómo lo ha hecho? Convirtiendo a todo ciudadano en donante potencial -salvo que ponga por escrito lo contrario-. Los promotores de la donación de órganos no solo desconocen y desmienten en foros públicos la existencia de una mafia del tráfico, sino que ponen a la ciudadanía en la falsa disyuntiva que reza que "donar órganos equivale a decirle sí a la vida". Disyuntiva que contribuye a arriesgar la vida de millones de personas, para salvar a unos pocos miles. Riesgo que se ve potenciado, habida cuenta de la corrupción existente a nivel de la justicia y la política. En este sentido, menos aún puede comprenderse la fijación de agenda de algunos medios tradicionales, que de cuando en cuando seleccionan a un paciente necesitado de órganos para sus portadas o sus pantallas. ¿Acaso existen vidas más importantes que otras? ¿Cuál es el criterio para cotizar la vida de Sandro o Pilar Chávez frente a la de otros pacientes necesitados? Fundamentalmente, corresponde preguntarse: ¿comprenden los promotores de la donación de órganos que, con su accionar militante, favorecen casi en forma directa el negocio de las mafias? El deleznable negocio -según se refiere en informes internacionales- reporta ganancias tan jugosas en cantidad como lo hacen el tráfico ilegal de armas y estupefacientes, en todo el mundo. Con respecto al caso Giubileo, al transcurrir el tiempo, se presentaron nuevas revelaciones. En septiembre de 1996, el matutino San Rafael de la provincia de Mendoza publicó una entrevista con la monja Hilda Frías, quien trabajara durante un tiempo en la Colonia Montes de Oca (Open Door) junto con la desaparecida profesional. La religiosa proporcionó detalles escabrosos sobre un número específico de eventos ocurridos en el hospicio, como por ejemplo, haber visto cómo pacientes aparecían sin un ojo, para luego escuchar de parte del personal que los habían perdido en "peleas con otros internos". Explicación que a Frías le sonaba en extremo improbable. La monja también relató que Cecilia Giubileo le había anticipado que terminarían con su vida. La psiquiatra incluso confió a la religiosa que un grupo de pacientes se encontraba en estado de comprobada debilidad, a partir de que se les extraía sangre "sin motivo alguno". Las declaraciones cobraban sentido, a partir de que una de las acusaciones realizadas luego contra el Director del instituto coincidía con la venta ilegal de sangre. De hecho, el implicado y luego absuelto profesional administraba una clínica privada de extracción. Poco tiempo antes de la desaparición, el Director Florencio Sánchez se negaba a recibir a Giubileo en su despacho privado, según refirió la Hermana.

No obstante, Hilda Frías fue entrevistada por el medio mendocino aclarando que no se entraría en demasiados detalles en relación a ciertos hechos que ocurrían en el hospicio estatal. A partir de sus diálogos con la Dra. Giubileo, cabe preguntarse qué conocimientos tendría la profesional que terminarían por hacerla desaparecer. Las reflexiones del periodista Enrique Sdrech El renombrado periodista de temas policiales -fallecido hace pocos años- Enrique Sdrech, dejó al respecto de la desaparición una serie de comentarios y de hipótesis. El mencionado fue oportunamente amenazado para que abandonase la investigación. Sus palabras: "Este nuevo aniversario de la misteriosa desaparición de la doctora Giubileo es una invitación a reflexionar sobre toda la deuda que la Justicia de Mercedes y la policía de Luján tienen con la sociedad argentina. Es un caso emblemático, con una deficiente investigación judicial y policial. Un deficiente trabajo de quienes debieron investigar a fondo hechos que estaban a la vista, que estaban en la mano y los tenían servidos para sacar deducciones, y no lo hicieron. La aparición de decenas de cadáveres en los alrededores de la Colonia Montes de Oca y el Hospital de Open Door. Son decenas. Y hasta recuerdo casos como José Sagalasi, Vallejos, Pellegrini. Son todos casos que no se investigaron y quedaron como pistas claves. Este nuevo aniversario sería el primero que nos sorprende con la causa cerrada. Faltó la decisión judicial para reanudar, reabrir la causa, sobre todo cuando estuvo en manos del juez Federal de Mercedes Marcelo Heredia. Estuvieron a punto de llegar a un logro muy importante, sondeando la siniestra ciénaga que tiene la Colonia Montes de Oca. Pero no lo hicieron por pedido del titular de la Corte Suprema de la Nación, que viajó en helicóptero a Mercedes para impedir que se rastreara la ciénaga famosa. Sabíamos que allí había restos humanos y había periodismo de todo el mundo esperando ese hecho, pero nada se hizo. No se debe descartar que el tráfico clandestino de órganos enmarcando en el misterio. Y no lo digo por un capricho. Tenemos sobrados indicios de la cantidad de desaparecidos. Que a mí no me digan que se escapan de la Colonia y los pisan los autos como a pavos de chacra, porque no lo aceptamos. Esa realidad jamás se investigó. Tampoco investigaron pistas valiosas o cuando al año de la desaparición apareció un cadáver en un pozo cloacal y fue encontrado en presencia de una parapsicóloga. Ahí lo único que se atinó a decir fue que esos restos humanos no eran de una mujer. ¿Quién era el hombre? Tampoco lo sabemos. Repito que con esto, la Justicia de Mercedes, una vez más, al igual que en el caso de Patricia Ferraroti, está en deuda con la sociedad argentina. Tengo un mal concepto de esa Justicia, pero tengo motivos".


Artículo desarrollado por Ricardo White, para El Ojo Digital Sociedad, sobre texto documental BBC de 1993 de Bruce Harris y Judy Jackson, 'The Body Parts Business'.