La Argentina padece una progresiva oclocracia

Según "El Contrato Social" (Jean-Jacques Rousseau), se define a la oclocracia como la degeneración de la democracia. El origen de esta degeneración es una desnaturalización de la voluntad general, que deja de ser general tan pronto comienza a presentar vicios en sí misma; se encarnan los intereses de algunos y no de la población en general, pudiendo tratarse esta, en última instancia, de una "voluntad de todos" o "voluntad de la mayoría", pero jamás de una voluntad general. Según el filósofo escocés James Mackintosh (1765-1832), en su Vindiciae Gallicae, la oclocracia es la autoridad de un populacho corrompido y tumultuoso, como el despotismo del tropel; nunca es el gobierno de un pueblo. En el desarrollo de esta política, sólo se tiene en cuenta de una forma superficial y burda los reales intereses del país, dirigiéndose el objetivo de la conquista y al mantenimiento de un poder personal o de grupo mediante la acción demagógica en sus múltiples formas, apelando a emociones irracionales a partir de estrategias como la promoción de discriminaciones, fanatismos y sentimientos exacerbados; el fomento de los miedos e inquietudes irracionales; la creación de deseos injustificados o inalcanzables; etc. Todo ello, con el fin de ganar el apoyo popular, frecuentemente mediante el uso de la oratoria, la retórica y el control de la población. La apropiación de los medios de comunicación y de los medios educativos por parte de dichos sectores de poder son puntos clave para quien busca esta estructura de gobierno, a fin de complementar con desinformación. Así, pues, se mantiene un dominio sobre masas en movimiento que hacen valer sus propias instancias inmediatas e incontroladas, creando la ilusión de que se impone un legítimo poder constituido sobre la voluntad popular. Sin embargo, tal y como asegura Rousseau en El Contrato Social, falta la piedra angular, es decir, la voluntad general de unos ciudadanos conscientes de su situación y de sus necesidades, una voluntad formada y preparada para la toma de decisiones y para ejercer su poder de legitimización de forma plena. De esta forma, en la oclocracia, la legitimidad que otorga el pueblo está corrupta, pasando el poder del campo de los políticos al campo de los demagogos. Repasando la historia reciente desde el regreso de la democracia, encontramos que esta deformación de la política ha sido utilizada en mayor o menor medida y en forma progresiva por casi todos los gobiernos y no pocos opositores. Para llevar adelante esta oclocracia, es indispensable someter a los otros poderes de la democracia, particularmente al poder judicial. En este caso, a modo de ejemplo, para el sistema se justifica plenamente la permanencia del juez Norberto Oyarbide y muchísimos jueces otros magistrados y fiscales de variados fueros. Puesto que el único “mérito” que explica su permanencia es el ser excesivamente sumisos y obedientes para con el Poder Ejecutivo. Para colmo de males, el presente sistema judicial ineficiente y cobarde está ahora siendo cuestionado por la Presidente, quien -desde hace un tiempo- los responsabiliza de la inseguridad que ella y sus ministros han generado, en virtud de la promoción a ultranza de un mal entendido "garantismo". El sometimiento del Poder Legislativo suele ser menos traumático si se posee un número de Diputados y Senadores cercano al quórum propio. Con el manejo de la caja y la obra pública en manos del Poder Ejecutivo, es fácil someter por apremios económicos a la mayoría de los gobiernos provinciales, obligando a sus Diputados y Senadores a votar muchas veces en desmedro y perjuicio de sus propios intereses. Durante el primer período democrático (Gobierno de Raúl Alfonsín), el régimen fue empleado tibiamente; aún no estaban dadas las condiciones para la aplicación de este sistema, porque la sociedad conservaba preconceptos originados en el período militar. No obstante, comenzaron a implementarse los principios elementales (la generación de miedo en la población). Las amenazas de bombas en los colegios se volvieron moneda corriente (aunque jamás explotó ni se halló ninguna). Pero la primera plana de los principales diarios propiciaban como, por ejemplo, con un cospel telefónico, un grupo de alumnos militantes podían distraer la atención de la población a la vez que generar pánico en toda la sociedad. Tampoco se privaron de inventar monstruos o enemigos inexistentes: el caso más patético fue la demonización y persecución de grupos como Alerta Nacional, un puñado de muchachos nacionalistas quienes -de acuerdo a la Secretaría de Inteligencia del Estado- bajo ningún punto de vista podrían afectar ni alterar la normalidad del sistema democrático, tanto por la cantidad de miembros, la escasa adhesión, la precariedad de sus medios, como por su peculiaridad general. Los integrantes de aquel grupo fueron perseguidos como si se tratara de Al-Qaeda. El ex soldado conscripto Luis Alberto Vera (Veterano distinguido en Malvinas) fue asesinado a sangre fría por una patota policial al mando del comisario inspector Carlos Gallone, hombre estrechamente ligado a Enrique “Coti” Nosiglia. Luis Alberto Vera fue presentado en sociedad como si se tratara de un comando suicida: le fueron plantadas dos granadas de mano y fue exhibido con la ropa militar que usaba habitualmente como si se tratara de Ernesto Guevara. De la misma agrupación política, también fueron ultimados René Tulián y Alfredo Guereño, ambos muertos en circunstancias que llevan sello y firma. En la medida que se hacían más evidentes los desaciertos políticos, se aumentaba el clima y las elaboradas amenazas de golpe de estado, el fin fue instaurar el “Estado de Sitio” y así aplacar las críticas desde la prensa y la oposición. Cuando el deterioro del gobierno radical alcanzó su punto más álgido y su dirigencia contaba sus horas en el gobierno, en un intento desesperado por retener el poder, desde su ala más radicalizada, se intentó el uso de la receta ahora conocida, en sociedad con Enrique Gorriarán Merlo y su MTP (Movimiento Todos por la Patria). Los protagonistas intentaron copar el Regimiento de Infantería 3 de La Tablada, confiando en que, a través de la emisión de falsas consignas contra los militares, obtendrían el respaldo popular. Los improvisados actores utilizaron el ABC del manual de procedimientos de la oclocracia, sin evaluar que a los argentinos de aquellos días no se los engañaba tan fácilmente. Victimas de su propia receta, aquellos “demócratas a ultranza” debieron batirse en retirada cuando los expertos en la materia “Clientelismo y Negocios con el Hambre” descerrajaron sus hordas contra los supermercados en forma organizada y simultánea. Desde aquellos días y hasta el presente, habría infinidad de ejemplos merecedores de comentarios. Retomando nuestro presente traumático, cabe contabilizar algunas reflexiones: ¿acaso el desaparecido Néstor Carlos Kirchner era tan ingenuo como para creer que podría llevar adelante un gobierno democrático, promoviendo, estimulando y financiando organizaciones piqueteras, la creación de fuerzas de choque de civiles armados, la despenalización de la droga, el facilitamiento de la importación de insumos para los traficantes de drogas y el otorgamiento de protección para que estas se produzcan a mayor escala en el territorio nacional? ¿O era su intención y la de sus adláteres la de, precisamente, llevar el país al caos total con la enfermiza intención de perpetuarse en el poder e intentar aplicar un modelo narcoprotector y dictatorial similar al de Hugo Chávez? Nos referimos puntualmente a una versión del perimido sistema cubano pero aggiornado a las nuevas épocas y tendencias. Esta línea de acción justificaría plenamente las últimas medidas tomadas por la flamante ministra Nilda Garré ante los últimos hechos de violencia de la Estación Constitución y anteriores del Parque Indoamericano, complementados a una decena de otros capítulos acontecidos en diferentes distritos del Gran Buenos Aires. Dijimos al principio que la Oclocracia tiene, en el cuerpo social de un país democrático, efectos muy similares a la artritis reumatoide en el cuerpo humano. Esta enfermedad observa dolorosos síntomas y ciertamente es una patología degenerativa del aparato osteomioarticular: avanza en forma lenta pero progresiva sobre el cuerpo del paciente, hasta llegar a la invalidez parcial o total ante casos severos. De no mediar un tratamiento urgente en nuestra democracia enferma -que ya acusa pronóstico reservado-, es dable apuntar que el corto plazo augura un pronto arribo a ese estado de completa y total invalidez. Por Carlos A. Morán Hidalgo, para El Ojo Digital Sociedad