Igualando hacia abajo: la trama oculta de la regulación de la medicina prepaga o seguros privados de salud

Y cuando las instituciones del Estado movilizadas por ideologías que se presentan como “progresistas” – en este caso: “la supuesta defensa de los consumidores” – se equivoca, no solo por errar en los valores que dice sustentar, sino por ignorancia.

Resulta rayano en lo increíble la inconsistencia conceptual de nuestros legisladores quienes, a través de sus exposiciones, dejaron traslucir una supina ignorancia en un tema tan sensible y preciado por nuestra sociedad, a pesar que sus voces no se hagan sentir porque supone que lo que se le brinda es lo que merece recibir y lo que se le propone (con esta norma) defiende sus legítimos intereses.

En rigor, el Gobierno Nacional exhibe intereses que no se explicitan detrás del tratamiento de esta ley, además de la consideración básica respecto de que esta intervención vulnera un primer principio básico de la ciudadanía: poder contratar libremente con quien y como le plazca, mientras no vulnere derechos de los demás. Es decir: se interviene en la libertad de elección privada de los contratos, que cada uno entiende mejor garantizan la satisfacción de sus necesidades.

Colocados en el papel de "Estado benefactor", se expresa que los ciudadanos no saben que existe asimetría de información, que los afiliados son "explotados" y que -por las imperfecciones del mercado de la salud- se debe intervenir a los efectos de su protección. Parecen olvidar que, en términos comparativos, no existe mercado más imperfecto que “el mercado político” y que los que suponen tener información demuestran una terrible ignorancia. Este escenario, además de violar preceptos fundamentales, puede conducir a resultados indeseables.

¿Alguien se ha preguntado acaso por qué existen los seguros privados de salud? ¿Por qué tanta gente hace un esfuerzo denodado por pagar un contrato con una aseguradora de salud privada que le permita elegir cómo y quién puede resolver sus problemas de la mejor manera?

Es muy sencillo: la gente busca satisfacer sus necesidades. Cuando ello no ocurre por los caminos que “se le dice que lo van a hacer”, persigue caminos alternativos que le permitan elegir, decidir y optar. E incluso, que le brinden la posibilidad de cambiar en algún momento si no son satisfechos sus requerimientos. De esta manera, el mercado gana en competitividad: los seguros privados -a los efectos de retener u obtener nuevos afiliados y ampliar su cartera- deben esforzarse por pagar mejor a los profesionales y servicios, mejorar la calidad de los servicios ofrecidos. Y todo ello al menor costo posible para los asegurados.

Lo que esconde y oculta esta Ley es que los servicios médico-asistenciales del sistema público adolecen de enormes fallas. La población de menores recursos se encuentra cautiva de ellos. Debe soportar “las listas de espera”, el maltrato de la negligencia y la impericia, así como las limitaciones explicitas a la accesibilidad. Debe soportar la carencia de recursos y de las complicaciones que –por déficit creciente en la calidad asistencial– terminan por sufrir aquellos que, no pudiendo elegir, deben obligadamente ser tributarios del hospital público. No en vano, el Ministro de Salud intenta ahora llevar adelante una denuncia y registro de “infecciones intrahospitalarias”. Seguramente, se sorprenderá al enterarse de dónde y cómo tienen lugar cuestiones graves, que con buenos servicios pudieron ser evitadas, o simplemente no debieron ocurrir.

En el otro extremo, están aquellos que contratan un seguro privado de salud porque les resulta el mejor camino para asegurarse la posibilidad de cubrirse de la imprevisibles contingencias y riesgos de padecer una enfermedad.

Me refiero a los seguros privados de salud de cierta importancia (que aseguran a casi el 70% de los afiliados a este sistema), pues hoy es frecuente que cualquier establecimiento asistencial -por pequeño que sea, y sin importar su ubicación- tenga su propio seguro prepago, para lograr compensar ingresos que de otra manera no obtiene de los seguros sociales –incluyendo el PAMI–, o logra tarde y mal.

En ese camino, la pretensión de la gente es la satisfacción de sus necesidades con la mejor calidad y al mejor costo (aunque ello signifique un sacrificio). Porque el valor salud es un importante componente del “capital humano” y nadie desea ser asistido en servicios que por no garantizar calidad.

Lo que oculta la presente Ley es la intención de focalizar la culpa de los problemas en salud en los excesos de los seguros privados, al tiempo que omite referirse a que su existencia es forzada por la ineficiencia de los servicios públicos.

De igual modo, las obras sociales sindicales -una vez puesto en marcha el Decreto que habilita la “opción de cambio” de los beneficiarios- vieron con horror cómo los afiliados cautivos cambiaban de seguro social, en búsqueda de mejores opciones. Esta situación les condujo precisamente a asociarse con el sector privado, a fin de ofrecer servicios mejores de los que ellos podían ofrecer y, de esta forma, muchos “crecieron” de la nada. Otros adoptaron diferentes estrategias de sobrevivencia. Se llamó a esto "descreme", y constituyen la mayor parte de las asociaciones corporativas, que representan casi el 55% de los afiliados a los seguros privados.

Quien suscribe, se pregunta: ¿es acaso tan malo que aquellos que tienen la posibilidad, se orienten hacia mejores alternativas? ¿Por qué el Estado omnipotente y omnipresente, en lugar de limitar estos caminos alternativos de libre búsqueda de mejor asistencia, no ocupa su tiempo y recursos en mejorar los servicios que brinda el sector público a los que menos tienen?  

¿Por qué no se mejoran, en el proceso, las condiciones de prestación y asistencia del PAMI. Organismo que, teniendo suficientes recursos, ve cómo estos son empleados como caja política y gasto social, pagando tarde y mal a los prestadores? ¿Acaso alguien ha escuchado hablar de las penurias de los afiliados a este seguro social? ¿Existe alguien que se ocupe de explicitar que casi el 12% de los afiliados al PAMI tienen a su vez un seguro privado de salud y recurren a aquél solo para garantizarse los medicamentos?

De ninguna manera puede argumentarse –como por ignorancia ya se ha visto– que, cuando uno contrata un seguro privado y por ser joven no consume, esa situación le genera “un crédito a futuro”. Esta concepción desconoce la naturaleza de los contratos.

Los seguros privados de salud son “contratos entre privados”, fundamentados en una póliza que se explicitan deberes y derechos de las partes, por un tiempo determinado y con un costo de cobertura mensual (u otras), que en el caso de las empresas permite “diluir el riesgo financiero” en la masa de asegurados, pero que en ningún caso agrega derechos de consumo futuro y, muy por el contrario, deben soportar las consecuencias del “moral hazard” de los asegurados. Por estar pagando una alícuota mensual, estos últimos se sienten forzados a consumir, aún cuando no lo necesiten. Con esto, se perjudica a la empresa y al resto de los asegurados.

Los seguros privados de salud existen (y crecen) a pesar de que nuestra población es solo de “ingresos medios” en el contexto mundial, porque quienes tienen que brindar buenos servicios no lo hacen, y es esto aquello que se pretende ocultar.

Los seguros privados de salud cubren a casi el 12% de la población del país. Casi el 65% de esa población asegurada se encuentra en Buenos Aires y GBA, el resto en el interior del país, en especial en las ciudades más grandes.

El resupuesto total aproximado de la Argentina para el área de Salud supera holgadamente los $ 110.000 Millones por año. Gran parte de ese gasto (casi el 45% y en aumento) se discrimina como gasto privado, pero la mayor parte se origina en costos directos de los hogares, copagos de la seguridad social y hospitales arancelados (incluyendo los bonos contribución). O bien las cuestiones que se deben afrontar por carencias en los servicios públicos, etc. Esta lamentable relación entre el gasto público y el gasto privado pone en evidencia las limitaciones a la accesibilidad y las inequidades inherentes a nuestro sistema de salud.

El universo mencionado de 4,6 millones de asegurados por este sistema gasta aproximadamente $12.400 Millones, es decir, una cifra equivalente al 9% del gasto total en salud. ¿Es acaso esta relación desproporcionada entre los recursos y la calidad de los servicios que se brindan? Es solo cuestión de mirar un poco hacia los lados para percibir qué ocurre exactamente en otros subsectores de ineficiencia mayúscula y deleznables resultados.

La medicina "prepaga" satisface las necesidades de mucha gente que puede optar, lo que introduce un incentivo a la mejora de los servicios, su calidad y con los mejores costos posibles. Esta perspectiva introduce la posibilidad de la “voz” y la “salida”, que es lo que debe asegurar y garantizar a la gente. Jamás debe vulnerarse el principio de elección.

Las organizaciones de defensa de los consumidores –presionando para la aprobación de la Ley– se han hecho eco, sin saberlo, de aquellos que desean ir más allá del "moral hazard" (consumir más allá de lo que necesitan, porque por pagar creen tener derecho aún a lo que no les es necesario) y mantienen conductas oportunistas, exigiendo a título personal mayores derechos sobre relaciones libres de contratación entre partes. No advierten que, en la forma de un boomerang- esta actitud se les volverá en contra, a largo plazo.

Desde el Gobierno Nacional, también la conducta se percibe como oportunista. Cree poder incrementar su caudal de votos con un discurso populista y pseudoprogresista, defendiendo a los asegurados de una supuesta "voracidad" del sistema privado de salud. Los legisladores, claramente motivados ideológicamente o empujados por presiones partidarias, exhiben una franca e inaceptable ignorancia respecto del tema y sus consecuencias potenciales: levantaron la mano y dieron el sí. En el fondo, de lo que se trata es de “igualar hacia abajo”.

Las consecuencias son imprevisibles, puesto que las limitaciones impuestas por un lado se traducirán en limitaciones que sufriremos los asegurados a futuro. Los recursos limitados en las cuotas a personas mayores (y de mayor consumo), tal como sucede con otras restricciones e imposiciones de la Ley –ausencia de tiempos de carencia, la fijación del valor de las cuotas por parte de quien está capacitado ni tiene los medios para ello, etc.– limitará, a su vez, las contrataciones de servicios y profesionales. Estos no tendrán incentivos para brindar una mejor asistencia. Pero tampoco obtendrán los recursos necesarios para su capacitación y mejora profesional. Se verá perjudicada la incorporación de nuevas tecnologías.

De esta manera, la calidad de las prestaciones de la asistencia médica proseguirá su pendiente negativa, agravando lo que ya viene sucediendo desde hace muchos años y que. La declinación en la calidad de atención en el sector privado -en virtud de la inoperancia demostrada por funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo- será prácticamente imposible de revertir.

Muchas naciones -algunas de ellas, de la región- otorgan gran importancia a su sistema de salud. En la Argentina, las autoridades solo ingresan el tema en la agenda cuando el objetivo perseguido es resolver los intereses de una clase dirigente con espíritu cortoplacista: lo que suceda con el ciudadano es marginal y secundario.

Casos como el siguiente se volverán comunes, a partir de la aprobación de la Ley de Regulación de Medicina Prepaga: una mujer que recientemente quedó embarazada y que no posee cobertura privada se dirige a un hospital público para consulta. Allí se le recomienda esperar al sexto mes de embarazo para -recién en ese momento- inscribirse en una prepaga. En la institución privada, gracias a la nueva Ley, no se le podrá negar el registro y la posterior internación.