Caipiroska y pudrición

Voy a comenzar esta nota con una anécdota personal. Hace muchísimos años –aún gobernaba Fernando Henrique Cardoso-, fui invitado a exponer en un almuerzo en San Pablo. Dije, entre otras cosas, que el Brasil era entonces más corrupto que la Argentina, pero que la diferencia estribaba en que el lucro de esa corrupción se quedaba en el país, mientras que aquí, además, se fugaba. Uno de los presentes, con un dejo de humor, me interrumpió: “Enrique, no se meta con la corrupción en Brasil; es nada más que una forma de redistribuir la riqueza”.

Mucha agua -dos gobiernos de Lula y tres de los Kirchner- ha pasado desde entonces bajo nuestros puentes y, como todos sabemos, también mucho ha cambiado Brasil. Esta misma semana, el Supremo Tribunal Federal impuso severísimas penas de prisión, de cumplimiento efectivo, y enormes multas a los principales jerarcas del Partido dos Trabalhadores (PT), hoy en el poder, y la Presidente ya se ha desembarazado de seis ministros acusados de corrupción por la prensa nacional. Dilma no solamente ha respetado a ultranza la libertad de expresión sino que ha contemplado, impávida, como la Justicia de su país arrastraba a la cárcel a sus camaradas de muchos años de lucha. La población ha respondido a esa actitud otorgándole nada menos que 80% de imagen positiva, lo cual ha permitido al mismo PT hacerse hasta con la alcaidía de San Pablo, tradicionalmente en manos de su competidor, el PSDB.

La historia económica de la Argentina dice cuánto el país ha debido soportar, antes de que los precios de los commodities alcanzaran su niveles actuales, en razón de crisis que llegaban del exterior; los efectos Tequila, Caipirinha, etc., explican los apuros que debieron pasar los gobiernos locales de entonces.

Hoy, sin embargo, y con el empuje notable que le dio la ciudadanía el 8N, resultaría determinante para nuestro futuro que llegaran a estas playas, por imitación, los saludables y moralizadores efluvios de este sorprendente efecto Caipiroska.  

Es que, desde 2003, han sido tantos, y tan graves, los casos de corrupción ocurridos en la Argentina, y tan rápida la sucesión de ellos, que la memoria humana –al menos, la mía- no permite recordarlos. Por ello, apelo a la suya, resignado lector, para que me ayude a enumerarlas, a fin de construir, entre todos, un verdadero catálogo que nos permita, cuando este negro período de nuestra historia termine –constitucionalmente, claro- enjuiciar a todos los funcionarios que se hayan visto involucrados en estos delitos. Existen ya decenas de libros escritos por periodistas de investigación sobre el tema, y he leído muchos de ellos; sin embargo, no he tenido la previsión de confeccionar siquiera un mínimo inventario como el que, ahora, me propongo hacer. Para evitar manos negras, adelanto que ese archivo será guardado en la nube, es decir, en un ámbito que la tecnología nos proporciona para impedir que el mero robo de una computadora invalide el esfuerzo.

Cierto es que el 19 de febrero (“Señora, ¿no le da vergüenza?”) y el 7 de septiembre de 2010 (“Señora, ¿aún no le da vergüenza?”) –ambas notas pueden leerse en mi blog http://egavogadro.blogspot.com.ar/- dirigí a doña Cristina sendas cartas abiertas sobre el tema, y que ellas contenían algunos de los episodios más truculentos de entonces, y que en muchas otras me referí al tema de la corrupción, pero nada de ello me parece suficiente en comparación con la hercúlea tarea que, con su indispensable colaboración, me propongo acometer ahora. Para que la Argentina vuelva al camino correcto, para que pueda reinsertarse en un mundo del cual nos hemos caído, resulta indispensable terminar con este flagelo y con otros, íntimamente conectados: la droga y la inseguridad.

Pero no será posible hacerlo sin contar con dos pilares esenciales: la Justicia y la prensa libre. Ambos, hoy, están en riesgo terminal en nuestro país.

Desde la Casa Rosada, acompañada por el coro de mangantes oficialistas, impúdicamente se vocifera en contra de una condición esencial de la República: el indispensable control que el Poder Judicial debe ejercer, como último bastión de los derechos ciudadanos, de la legalidad constitucional de las leyes y decretos. La Araña Conti, por ejemplo, nada menos que la Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, dijo ayer: “Esta cuestión de la justicia cautelar nos impone un debate sincero y no hipócrita. ¿Cómo es posible que el Poder Legislativo y el Ejecutivo, representantes del poder popular directo, pudieran ser impedidos en nuestra actividad institucional por el Poder Judicial, que tiene solamente un poder popular indirecto y delegado?”.

Tamaño argumento merece que, cuando concluya su mandato y carezca de fueros, esta energúmena sea juzgada a la luz del artículo 29 de la Constitución Nacional, esa misma Carta Magna que obliga –sí, obliga- a los ciudadanos armarse en su misma defensa (Artículo 21).

Ante la guerra a la cual el empecinamiento de doña Cristina nos conduce irremediablemente, y cuya batalla final parece que se desarrollará alrededor del 7D, sólo cabe una afirmación. No pelearé en ella en defensa del Grupo Clarín, pero sí lo haré, y denodadamente, por mi derecho a elegir. Si todas las voces se transforman en un coro uniforme, como el Gobierno pretende, tampoco tendremos la posibilidad de enterarnos de esta corrupción que tanto corroe a nuestra sociedad entera y cuya magnitud reviste todas las características de un genocidio.

Espero, como dije, que los ciudadanos nos emborrachemos con esa Caipiroska que, tan oportunamente, Brasil nos ha enviado.