Límites

La Corte Suprema de Justicia rechazó el Per Saltum presentado por el Gobierno, solicitando que el máximo tribunal conociera en la causa iniciada por el Grupo Clarín, por la que solicita la declaración de inconstitucionalidad de los Artículos 45 y 161 de la Ley de Medios Audiovisuales.

Esta resolución adversa para la Casa Rosada se suma a la del último jueves, dictada por la Cámara Civil y Comercial Federal. Esta había prorrogado la medida cautelar que exime al multimedios de la obligación de llevar a cabo el proceso de desinversión previsto en la norma, hasta tanto se dicte la sentencia de primera instancia en la cuestión de fondo. Pero más importante aún fue el pronunciamiento dado ese mismo día por la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial, un organismo dependiente de la Corte Suprema de Justicia que agrupa a numerosas organizaciones de magistrados de todo el país. El mismo contenía un fuerte contenido político y exigía al Poder Ejecutivo que cesara en sus presiones en perjuicio del Poder Judicial.

El pasado domingo 9 de diciembre se llevaron a cabo los festejos por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, ingeniado en un principio para celebrar la llegada del llamado 7D, día en que iba a terminar el período para presentar los proyectos de desinversión. El gobierno pretendía tener las manos libres para actuar contra el Grupo Clarín, presumiéndose que se disponía a caducar la licencia de Cablevisión, intervenir la compañía y desalojar a sus ejecutivos por la fuerza, como ya habían hecho con los directivos de Aerolíneas Argentinas. El momento para actuar por la fuerza pública quizás hubiese sido pensado para tener lugar durante el mes de enero, momento en que los Tribunales estarán de feria.

Durante el acto de Plaza de Mayo, Cristina Fernández Wilhelm obsequió uno de sus mensajes más agresivos y destemplados, comparando a los jueces de la Corte con sus antecesores de 1930, que convalidaron el golpe contra Hipólito Yrigoyen. Una vez más, la desmesura, la falta de templanza y el fanatismo se apoderaron de la personalidad de la jefe de estado y de todos sus burócratas cercanos.

Luego de la marcha del 13 de septiembre, el gobierno intentó ocupar el centro de la escena avivando el fuego con el 7D, como reacción contra el 13-S. Una agobiante campaña propagandística, sobre todo en los entretiempos de los partidos de fútbol televisados y una pertinaz serie de apariciones de funcionarios que repetían como letanías las dos o tres consignas básicas contra el multimedios, crearon un clima de asfixia en la sociedad y preocupación entre sus dirigentes, entre ellos, los miembros del Poder Judicial. Para éstos, ya casi no importó quién era la contraparte del oficialismo. La cuestión ya pasó a convertirse en una lucha por el poder. La decisión política del Poder Judicial fue preservar eso mismo: el poder otorgado por la Constitución Nacional. Distinto fue el camino recorrido por el otro poder, el Legislativo, convertido desde 2011 en una secretaría más, dependiente del Poder Ejecutivo.

¿Qué pasará con la cuestión de fondo? Si se decidiera sólo por motivos políticos, el gobierno se ubicaría cerca de un nuevo tropezón. Jurídicamente, tiene mucho peso el argumento esgrimido contra el Artículo 161, invocando lesión de derechos adquiridos luego del decreto que prolongó las licencias en 2005, lo que afecta el derecho de propiedad, teniendo en cuenta las inversiones hechas tras ese decreto. Respecto del Artículo 45, en cuanto a considerar como arbitrario el régimen de adjudicación de licencias, quizás la cuestión sea más díficil de analizar, si el objetivo es probar los asertos del multimedio.

Ya desde el terreno político, puede decirse que el conflicto desnudó la vocación autoritaria del gobierno, y el enorme amateurismo demostrado a la hora de resolver y ejecutar. En el fallo del lunes por la tarde, la Corte consideró improcedente el recurso impetrado por el gobierno, quien usó la herramienta del Per Saltum aprobada días atrás, sin haberse dictado sentencia en primera instancia -requisito básico que la misma ley prevé-.

Casi remitiendo a la Facultad de Derecho a los abogados gubernamentales, recomendó con cierta sorna usar la vía del Recurso Extraordinario, para lo que deberán dictarse, en primer término, sentencias de primera y segunda instancia. Así, indirectamente vuelve a validar a la Cámara Federal Civil y Comercial, impugnada por Balcarce 50. El máximo tribunal también rechazó otra acción promovida por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), cuyo titular Martín Sabatella comienza ahora a ver apagada su estrella, fugazmente encendida tras su asunción a mitad del año en curso.

Cristina Fernández Wilhelm suma, así, un nuevo puente roto durante su gestión. El campo, el mismo Clarín, la CGT y la mayoría de gobernadores e intendentes son antecedentes de esta nueva ruptura. La coalición de poder que había construído su marido fue hecha añicos por la actual Presidente, convencida ésta de que su poderío politico era eterno y absoluto, sin que exista persona o institución capaz de doblegarla. Sus serviles cuasiministros -abiertamente incapaces de compartirle la más mínima advertencia- sólo repiten como loros que a Cristina la votó el 54%, como si ello la habilitara a todo, y como si esa cifra fuese un dato pasible de ser retenido por siempre.

Como sólo lo habían hecho la CGT y la CTA, y la ciudadanía el 13 de septiembre y el 8 de noviembre, la Justicia está ahora oponiéndole a la angurria de poder cristinista los límites que la mayoría de la dirigencia política opositora no quiso, no supo o no pudo presentar hasta este momento.

Recién hoy lunes se cumple un año del inicio de la segunda gestión de Cristina Elisabet Fernández Wilhelm. Resulta difícil imaginar cómo podrá asistirse a este ritmo de confrontación y desgaste durante tres años más.