Inmunda cloaca

La ciénaga moral en que la sociedad argentina se debate tuvo esta semana un hecho por demás significativo: un juez federal, cargo que aún desempeña ese exponente paradigmático de la corrupción que se llama Norberto Oyarbide, apareció como sospechoso de extorsionar a cuevas financieras utilizando a la Policía Federal Argentina, y reconoció que interrumpió los procedimientos en marcha por una orden telefónica de un funcionario, desconociendo la división de poderes. Los oficiales denunciados, que habían pasado a ser ladrones, dicen haber sido amenazados por el dueño de la entidad allanada invocando ser socio del Secretario Legal y Técnico de la Presidencia y del Secretario General de la CGT, y otros “damnificados” por los medidas relataron similares “aprietes”.

 

Ese juez es el mismo que se vio involucrado en el affaire de los prostíbulos homosexuales, donde fue filmado, y en un duelo a sopapos en un restaurant con el dueño de Spartacus. Tuvo a su cargo –por supuesto, sin consecuencias- causas tan resonantes como el enriquecimiento ilícito de los Kirchner y varios de sus ministros y secretarios (entre ellos, el propio Liuzzi, que lo llamó para que detuviera los allanamientos), la “mafia de los medicamentos”, “Sueños Compartidos” robados por Hebe Pastor de Bonafini y los hermanos Shocklender, las irregularidades en la ANSES, el canje de bonos intermediado por una financiera afín al poder, y terminó exhibiendo un anillo de US$ 250 mil y, al resultar obvio que carecía de dinero “blanco” para comprarlo, adujo haberlo ¿alquilado? por US$ 7.500 mensuales, que tampoco estaba en condiciones de pagar con su salario.

 

El Gobierno Nacional cerró nuevamente filas en el Consejo de la Magistratura, para evitar un rápido enjuiciamiento y la suspensión de Oyarbide, quien es poseedor del récord absoluto en materia de pedidos de juicio político. La razón para la actual y costosa protección del Gobierno al más notorio de los jueces corruptos radica en que, cuando fue sorprendido en flagrantes delitos, empezó a hablar de más, dando a entender que, en ningún caso, caería solo. Olivos entró en pánico, pese a convivir desde hace años con todas las bandas mafiosas de espías que se tiran, recíprocamente, carpetas y cadáveres.

 

Otra vez, la reforma del Código Penal volvió a la primera página, ahora por las críticas de Eugenio Zaffaroni a Sergio Massa, que se opone frontalmente a ella. Sigo creyendo que, detrás de esa polémica, fogoneada por el propio Gobierno, éste hará pasar sin ruido el proyecto de unificación de los códigos Civil y Comercial, muchísimo más grave para nuestra sociedad. Zaffaroni es el mismo que, durante el Proceso de Reorganización Nacional, rechazó recursos de habeas corpus para detenidos y, ya en democracia, evadió confesamente impuestos y se convirtió en dueño de varios inmuebles en los que sus inquilinos ejercían el proxenetismo y la prostitución.

 

Parece que nos hemos acostumbrado a vivir en esta ciénaga inmunda, donde la familia presidencial roba a manos llenas, y lava su dinero a través de los Báez, los Ezkenazi, los Cristóbal López, los Ferreyra (Electroingeniería), los Szpolski, los Cirigliano y tantos otros, y enriquece a los Jaime, a los Boudou, a los Zannini, a los secretarios privados, a los transportadores de bolsos y hasta a los jardineros; donde la propia Presidente va, inexplicadamente, a visitar sus cuentas oscuras en las Seychelles o a cambiar, en Angola, billetes de €500 por diamantes; donde se secuestran ingentes fondos en valijas de Antonini Wilson y nadie los reclama; donde se montan “embajadas paralelas” para cobrar coimas en negocios de exportación; donde los dineros escamoteados terminan matando a cincuenta y dos personas en Once; donde se queman sospechosamente archivos en Barracas y, un mes después, nadie pregunta y nadie se acuerda de los nueve heroicos bomberos fallecidos; donde se condena a morir de hambre y sed a los habitantes de provincias con mandatarios eternos y obscenamente ricos; donde los organismos de derechos humanos se transforman en pseudo empresas que estafan y trafican con dinero público.

 

Por si toda esa inmundicia no bastara, una patota sindical que realizaba un piquete, molió a palos a un discapacitado que pretendió atravesarlo para llevar a mujer embarazada al médico, le robó cuanto tenía y terminó tirándolo desde un puente. El hecho muestra el nivel de agresividad y de violencia que ha alcanzado la sociedad, y las crónicas periodísticas chorrean diariamente la sangre de muchos compatriotas. El Gobierno, al mejor estilo de Nicolás Maduro -el Pajarico Chiquitico- sigue arrojando leña al fuego, financiando a las barras bravas y a organizaciones como Tupac Amaru o los Miles, de Luis D’Elía, e incrementando la fractura y, sobre todo, negando el problema, aún cuando haya sido la causa del paro de colectivos –otro gremio oficialista- del viernes que perjudicó, como siempre, a los más humildes, que no conseguían regresar a sus casas bajo la intensa lluvia.

 

Lo propio sucede con el narcotráfico, del cual altísimos funcionarios son cómplices, por acción u omisión, y para “luchar” contra el cual se ha puesto a personas que se contradicen y que, por lo demás, ignoran cómo hacerlo, como es el caso del sacerdote al que han designado titular de SEDRONAR. La monumental cantidad de dinero generado por este comercio convierte en cómplices o vulnerables a políticos, jueces y policías, que constituyen el entramado de impunidad en que estas actividades se desarrollan, como lo prueba la financiación de los traficantes de efedrina a la campaña presidencial de doña Cristina. 

 

El tema, con certeza, estará resaltado en la agenda del almuerzo que mañana compartirán la Presidente y Su Santidad Francisco en Roma. El Papa no puede permitir que su propio rancho se incendie, más cuanto está enfrentando la resistencia de la Iglesia a aceptar y digerir los enormes cambios que está intentando en su estructura y en su imagen. Como dije la semana pasada, el clero, que cuenta con el más eficiente servicio de inteligencia del mundo, sobre todo porque la información va desde abajo hacia arriba, está muy preocupado por ese enfrentamiento social, que sólo resulta comparable a aquélla que dividió a peronistas y antis en los cincuenta, o a los terroristas y militares en los años setenta, y que puede transformarse, a corto plazo, en un súbito baño de sangre.

 

Mañana, el Gobierno enfrentará una pesada disyuntiva: deberá anunciar el índice de inflación (el nuevo IPCNU). Si vuelve a mentir –como hizo don Néstor (q.e.p.d.) desde enero de 2007, y continuó su viuda-, todo el andamiaje que lentamente está construyendo para recomponer su imagen frente a los mercados voluntarios de crédito se derrumbará y se disipará la ilusión de que entren los dólares frescos que necesita como el aire para el segundo semestre. Si, por el contrario, reconoce la cifra que dio a conocer esta semana el Congreso, que elaboran las distintas consultoras privadas antes perseguidas por el exportado Guillermo Moreno, tendrá un problemón con los gremios, ya que nadie estará dispuesto a aceptar los límites de incremento de salarios que Cristina pretende imponer, y el conflicto se profundizará.

 

Los maestros, que parecen dispuestos a cargar con la condena social que ya está produciendo una huelga que ya lleva ocho días, que ha dejado sin clases a casi cuatro millones de chicos y que amenazan con prolongar hasta el infinito, son nada más que la muestra más grande de lo que sucederá con el resto de los sindicatos en lo inmediato.

 

Los ancianos se han transformado en las primeras víctimas del salvaje ajuste que está encarando el Gobierno, aterrado por el deterioro profundo de la economía, que vive ya una estanflación. El aumento otorgado a los jubilados, 11,7% que cobrarán a partir de fin de mes, ya ha sido tragado por el incremento en los precios que se ha registrado desde diciembre, y con él deberán vivir hasta que, recién en septiembre, reciban otro. Desde otro ángulo, la deuda que el Estado ha adquirido con los pasivos, causa de los cientos de miles de juicios iniciados, ya alcanza la friolera de US$ 7.500 millones, y será una carga imposible de soportar para quien suceda a la Presidente.

 

Nuestro país, la Argentina, necesita imperiosamente una profunda refundación moral, que sólo podrán encabezar gobernantes probos; si no lo hace, si no encara esa difícil transformación, dejará de ser viable como entidad jurídico-política, es decir, desaparecerá de la faz de la tierra como nación independiente, y sus pedazos engrosarán el territorio de todos nuestros vecinos.

 

No soy ingenuo, y estimo que en casi todos los países existe corrupción, pero nos hemos convertido -por insignificantes y decadentes- en una sociedad en la cual el mundo ve reflejado lo peor de la civilización. Por eso, nadie moverá un dedo para defender nuestra integridad cuando llegue el momento final.
 

Foto de portada: Norberto Oyarbide, junto al actor Guillermo Francella | Crédito: Diario Clarín