Combatir la corrupción

Ha pasado ya la década kirchnerista, y una de las huellas más profundas hace a la Justicia y la corrupción. No es ninguna novedad que las instituciones fallaron -y no se trató de algo casual. En todo caso, fue una estrategia bien pergeñada. El Congreso de la Nación desvirtuó su rol, convirtiéndose prácticamente en una vulgar escribanía del Poder Ejecutivo, utilizada para dar legalidad a actos que, evidentemente, carecían de legitimidad. Aquellos legisladores que reconocían a viva voz que no estar de acuerdo con las leyes que sancionaban, confesaban que votaban los proyectos del Gobierno por estricta obediencia partidaria.

 

Las minorías fueron avasalladas por completo. Los organismos de control tampoco funcionaron. Los pocos que buscaron cumplir con su finalidad fueron desarticulados, o bien o sus funcionarios terminaron desafectados. Pero el peor defecto que tuvo esta década fue la descomposición padecida por el Poder Judicial. Apareció algo inédito en el país: la justicia militante. Por propia definición, justicia y militancia son conceptos antagónicos. Una procuradora 'militante', fiscales 'militantes' que alentaban a los jueces a hacer política en sus sentencias y jueces partidarios resultaron ser la antítesis del equilibrio y la objetividad que requiere la labor judicial.

 

Al igual que lo sucedido en el ámbito del Poder Legislativo, aquí también se echó mano del Poder Judicial para dar apariencia de legalidad a actos ciertamente ilegítimos. Así, hubo un sinfín de causas que involucraban a funcionarios o a empresarios vinculados al poder político -que rápidamente fueron desestimadas o archivadas, o sencillamente encajonadas. En el ínterim, hubo persecución y destituciones para aquellos jueces y fiscales que osaron cumplir con su deber. Con todo, también debe tenerse presente que esta 'Justicia militante' fue el caldo ideal para dar lugar a otros jueces que aprovecharon para lucrar con el poder económico -estos jueces que se presentaban como probos luchando contra el poder político; hacían su negocio por detrás con sentencias que favorecían a distintos grupos económicos poderosos enfrentados con el poder. Se conoce de un algún caso emblemático en donde algún tribunal interviene y resuelve en causas donde el cónyuge de uno de sus integrantes es reconocido abogado de una de las partes.

 

Este acentuado desmoronamiento de la Justicia alimentó una sensación de impunidad que rápidamente se hizo realidad. No tiene sentido enumerar los casos más emblemáticos, pues todos los conocen acabadamente. Sólo diré que el grado de corrupción al que hemos asistido es definitivamente alarmante. De la familia presidencial para abajo, le caben a funcionarios del más alto nivel todo tipo de denuncias; algunas, ciertamente muy graves; otras, escandalosas.

 

Con el nuevo Gobierno, llega la hora de borrar esa huella. El país pide a gritos terminar con la impunidad y castigar la corrupción. La República Argentina necesita recuperar la confianza y el equilibrio en su Poder Judicial. Hay que terminar con los jueces subrogantes a medida, o con los fiscales militantes, o con los jueces y los fiscales que sencillamente no cumplen con sus deberes de funcionarios públicos. Ni que hablar de los corruptos. El Gobierno de Mauricio Macri debe dar señales claras y concretas al respecto. Debe comenzar por exigir lo más sencillo, esto es, que se aplique la ley. Aunque es cierto que se deben modificar leyes; hay que otorgar mayor severidad a ciertos delitos que hacen a la corrupción del Estado. Hay que readecuar la prescripción para los delitos por corrupción, a los efectos de evitar que los protagonistas puedan evadirse de ellos con tanta facilidad. Hay que suprimir la 'probation' para los casos de corrupción. Pero, hasta tanto todo esto suceda, cuanto menos hay que exigir que se aplique la legislación vigente. Y castigar con juicio político al que no cumpla con los deberes del funcionario público o falle en la aplicación de la ley.

 

De cara a lo que viene, es fundamental que el nuevo Gobierno comprenda la importancia que tiene la recomposición judicial. En este orden, un paso importante en la lucha contra la corrupción, y un mensaje indubitado de la voluntad de dar combate a este flagelo, sería volver a otorgarle autarquía a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, aun cuando se la mantenga bajo la órbita del Ministerio Público, pero debidamente separada de la Procuración General de la Nación. La Fiscalía ha sido un organismo muy eficaz para investigar la corrupción del Estado. Hoy, se encuentra totalmente desaprovechada y prácticamente sin actividad. Sería un buen comienzo, y por cierto muy accesible, volver a motorizar esta Fiscalía en aras de facilitar que se investigue la corrupción en el ámbito de la administración pública.