Mar del Plata: La grieta judicial

El Poder Judicial en la Argentina atraviesa un período de fuerte cuestionamiento de parte de la ciudadanía. Cabría preguntarse, en semejante contexto, qué tanto han hecho en estos años jueces y fiscales para ser merecedores de ese castigo. La respuesta puede ser sólo una: hicieron demasiado.

 

Algunos de sus integrantes asumen posiciones camaleónicas, se erigen en pretendidos justicieros morales, y reclaman condenas ejemplificadoras para actos delictivos del pasado, mientras que suelen colocarse del lado del victimario en la comisión de delitos del presente. Pero existe algo más reprochable aún. Numerosos funcionarios judiciales poseen una remarcable capacidad para travestirse, ya sea por cuestiones meramente económicas o simplemente para mantener su poder. Así fue como en la última década se subieron al carro de los delitos por lesa humanidad, y hoy hacen lo propio con la variable de la trata de personas. Cuando, en rigor, el grueso de ellos se caracteriza por el nulo interés ante estas problemáticas.

 

Este travestismo toleró -y aún tolera- que causas tal vez nobles culminen prostituyéndose para convertirse en simples y espurios actos de venganzas personales, con el valor agregado, en muchos casos, de engordar la propia billetera. Jueces y Fiscales de dudosa moralidad someten a juicio a diferentes personas, algunas de las cuales acaso hayan sido pecadoras. Pero es imposible evadir la pregunta sobre si estos funcionarios tienen autoridad moral para juzgar al individuo que sea. La respuesta es claramente negativa, lo que produce, inexorablemente, que todo un proceso se vea viciado de nulidad absoluta, aún aquellos enmascarados en aparentes buenos propósitos.

 

El mote preferido para acusar a muchos es el de haber tenido algún grado de participación en la dictadura militar que asoló al país entre 1976 y 1983, cuando muchos de los acusadores también han ocupado algún cargo en aquellos años -aunque no por eso necesariamente hayan tenido algo que ver con alguna práctica homicida. El problema es que el kirchnerismo ha empleado este espurio argumento para acusar a cualquier persona ajena a su pensamiento.

 

La causa CNU (Concentración Nacionalista Universitaria) en la ciudad de Mar del Plata podría ser un gran ejemplo de ello. En el juicio en cuestión, se investigan ocho asesinatos perpetrados en la ciudad balnearia en 1975. Se acusa de estos crímenes a supuestos miembros de la agrupación mencionada ligada a la ortodoxia peronista. El principal acusado es el ex Fiscal de la ciudad en aquellos años Gustavo Demarchi.

 

La causa referida, desprendida de los Juicios por la Verdad iniciados en el año 2000, tuvo ya desde sus comienzos algunos cuestionamientos. La misma se inicia con la presentación de un amparo, “Turón de Toledo”. Según explican juristas consultados, los recursos de  amparo deben ser presentados en primera instancia pero, en el caso de referencia, se presentó directamente ante el Tribunal Oral Federal. Y van más allá cuando aclaran que por ley, quienes tenían competencia en la realización de los Juicios por la Verdad eran las Cámaras Federales de todo el país. Sin embargo, en este caso, se presentó ante el TOF. De hecho, dos fuentes confirmaron la siguiente versión: ya en los años kirchneristas, la por entonces flamante Jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco, en ocasión de una visita a la ciudad donde se entrevistó con importantes funcionarios judiciales, manifestó su sorpresa al ver que la causa CNU estaba siendo instruída por el Tribunal y no por la Cámara. Nadie se atrevió a responderle.

 

Es que aquí hay versiones encontradas. Mientras que el Dr. Demarchi manifiesta que los Jueces de la Cámara eludieron sus responsabilidades, sus integrantes aseguran que reclamaron la competencia de la causa, pero como se suscitó un conflicto, justamente, de competencia, laudó Casación, quien inclinó la balanza para el TOF. Lo cierto y concreto es que el Tribunal Oral Federal instruyó el proceso. Y esto, lejos de ser un problema de jurisdicción, es un detalle sumamente trascendente.

Dos de los tres integrantes del Tribunal son los Dres. Roberto Falcone y Mario Portela. En la famosa grabación que le hiciera el Dr. Federico Hooft, el por entonces Fiscal Subrogante Claudio Kishimoto asegura que “los organismos (de DDHH) los tienen como los conversos” (a los Jueces nombrados). La pregunta surge inevitable: ¿Por qué los conversos?

Promediando el mes de abril del año 1979, una joven fue detenida y alojada en el Destacamento Policial Femenino nro. 4, en Playa Grande. Allí se la sometió a distintos vejámenes: fue obligada a desnudarse en el patio delante de otras reclusas, a bañarse con detergente, cepillo de escoba y agua fría de la canilla, mientras era insultada por una oficial quien a la vez intentaba introducirle un palo de escoba en el ano. Paralelamente, otras dos oficiales tenían por costumbre sacar al patio a las detenidas a altas horas de la noche, incluyendo a menores, obligándolas a limpiar el patio de rodillas, a la intemperie y en ropa interior. En agosto de 1980 se conoció la sentencia: a la Oficial Ester Edith Ghisaura se le aplicó la pena de tres años de prisión, mientras que a las Oficiales Julia Inés Manes y Celina Beatriz Schwartzman, dos años y seis meses. El Juez de instrucción fue el Dr. Pedro Federico Hooft. El abogado defensor de dos de las agentes condenadas, el Dr. Roberto Atilio Falcone. 

 

Tal vez no sea cuestionable que, como abogado, a veces haya que defender a esta clase de personas. Al fin y al cabo, es parte del trabajo. El problema surge cuando se asumen posiciones en las que no se cree. Muchos recuerdan en Mar del Plata una frase pronunciada por Falcone en 1980: “Esa nefasta muletilla de los derechos humanos que tanto daño le hacen a la institución policial y al Poder Judicial”. Cuatro años después, el destino quiso que al actual Juez del TOF sea abogado defensor del terrorista de Estado Ciga Correa, detenido en Mar del Plata en 1984, y acusado de asesinar en Buenos Aires al general chileno Carlos Prats. Casualidades.

 

El 30 de agosto de 1977 a la una de la madrugada, en una casa de la calle Lebensohn 6218 en Mar del Plata, se presenta un grupo de cinco hombres aduciendo ser policías. Portaban armas cortas y vestían ropa de civil. Revisaron toda la casa y se llevaron al dueño de casa, el Escribano  Roberto Carlos Lavagna, diciéndole a su esposa que estaría detenido por 48 horas. Su padre, de igual nombre, radica la denuncia el 6 de septiembre, ante la no aparición de su hijo. Poco más de un mes después, más precisamente el 11 de octubre, se llega a una resolución: “No habiéndose podido individualizar al autor o los autores del delito de privación ilegítima de la libertad del que resultó víctima Roberto Carlos Lavagna sobreseese la presente causa”. El Juez firmante fue Jorge Simón Isacch. El Secretario, el Dr. Mario Alberto Portela. Hasta la fecha no se sabe nada del paradero de Lavagna. Resulta muy llamativo que no se haya investigado nada de este asunto en los Juicios por la Verdad. Conforme ya no sorprende, nadie se investiga a sí mismo.

 

En una reciente y alocada resolución, el Juez que instruye la causa Hooft, Dr. Martín Bava, llamará a indagatoria a distintos funcionarios judiciales que revestían funciones en 1977. De ese modo, fueron citados los Dres. Alicia Ramos Fondeville (famosa por el caso Monzón), Carlos Haller (de gran reputación en Mar del Plata) y Jorge García Collins. A su vez, también en el marco de la misma causa, fue llamado a indagatoria un ex Secretario del Juzgado del Dr. Hooft. Pero -con total seguridad- al Dr. Bava se le presentará un dilema: ¿se animará a citar a su colega Mario Portela? Quizá Bava apueste a que casi nadie recuerde que el actual Juez del Tribunal fue Secretario de Juzgado en el año en cuestión, 1977. El caso Lavagna podría servir de 'ayuda memoria' para muchos.

También es conocido en la ciudad que Mario Portela fue socio en un Estudio Jurídico con el Dr. Eduardo Cincotta (ver foto). Cincotta llegó al peronismo proveniente del desarrollismo en tiempos de Rogelio Frigerio, cuando el MID se incorporó al FreJuLi, que llevó a la presidencia de la Nación al Dr. Héctor Cámpora y posteriormente a Juan Domingo Perón, en 1973. Siempre hubo fuertes versiones que indicaban que el Dr. Cincotta, una vez producido el golpe militar de 1976, colaboró en tareas de inteligencia con el GADA 601, guarnición del Ejército ubicada en la Ruta 11 entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar. Por tal motivo, y en el marco de la causa CNU, fue detenido en el año 2008. Un año después, falleció en el penal de Batán consumido por un cáncer.

 

Pero antes de morir tuvo tiempo de hacer una presentación judicial donde detallaba los trabajos conjuntos con el Dr. Mario Portela. Allí, el fallecido abogado afirma: “Descontaba que en este juicio no me vería involucrado porque, de ser así, mi otrora socio, amigo, abogado, y a la vez cliente, el Dr. Mario Alberto Portela, se hubiera excusado”. Y cita algunos casos, como por ejemplo una partición de honorarios de los estudios jurídicos de la calle Santa Fé 2627 y Rivadavia 2850. Aunque luego detalla algunas causas en las que trabajaron juntos en contestaciones de demandas como apoderados de la firma CONO SUR SA, en los casos “Proto de Alcolea, Matilde Emma s/cumplimiento de contrato” y “Viale, Mariano”. También agrega un escrito de eximición de prisión a favor de Carolina Tuma, como asimismo sendos Poderes administrativos y judiciales otorgados a favor de ambos por las firmas SUN MAR AUTOMOTORES S.A. y CONO SUR SA, entre otras pruebas más. En el mismo escrito, denuncia que, a pesar de haber asumido el Dr. Portela como miembro del Tribunal en 1994, continuó ejerciendo su profesión en forma particular junto con el Dr. Cincotta, por intermedio de su yerno, el Dr. Néstor Santos Lazcano. La presentación posee más de cuarenta documentos que acreditan la sociedad entre ambos.

               

¿Esto exculpa la posible comisión de delitos por parte de los imputados? Absolutamente no. Pero permite arrojar un manto de duda y sospecha. Los hechos que hacen puntualmente al objeto procesal del Juicio son los cinco crímenes ocurridos la madrugada del 21 de marzo de 1975, en supuesta represalia por el asesinato del líder marplatense de CNU, el abogado Ernesto Piantoni, acribillado a balazos el día anterior mientras se dirigía a ver a su hija recién nacida a la Clínica. La muerte de Piantoni nunca se investigó, ni en aquellos años ni en la actualidad. Pareciera como que su crimen no le importara a nadie, cuando en verdad se trata de un hecho trascendente que, además de arruinar a una familia entera, determinó nada menos que los hechos investigados en la causa. 

 

Tras su velatorio, se sucedieron los asesinatos de un militar retirado y sus dos hijos adolescentes, un primo de estos a su vez hijo de un legislador peronista, y un ignoto médico cirujano, ajeno a la ciudad. El mito que se construyó alrededor de esta cacería fue bautizado como el “5x1”. Y lo que se siempre se afirmó es que fue una venganza de la derecha peronista, enmarcada en CNU, contra la “tendencia revolucionaria” del justicialismo. Pero lo que nadie jamás se quiso preguntar es qué tienen que ver un militar retirado, sus dos hijos de no más de 16 años y un cirujano que no era oriundo de Mar del Plata con la izquierda peronista. Tal vez nada. Como dice el Dr. Gustavo Demarchi: “No hay una sola declaración testimonial que coloque a alguno de los imputados en los lugares de los hechos”.

 

¿Qué sucedió entre el 20 y el 21 de marzo de 1975? Inquietantes versiones comenzaron a circular en referencia a aquella pregunta en el marco de las audiencias del juicio, que culminó recientemente con las testimoniales, y se prepara para las indagatorias de los diez imputados. Versiones que involucrarían a oscuros personajes vinculados a los servicios, civiles y militares, algunos conocidos en la ciudad. A extrañas visitas a Mar del Plata la tarde del 20 de marzo. A documentos filtrados de la ya disuelta DIPBA, la inteligencia de la Policía Bonaerense de Ramón Camps, uno de los cuales daría cuenta de la participación directa de comandos Montoneros en el asesinato de Piantoni. Documentos que, por otra parte, la Fiscalía introdujo en la última audiencia, y que, al presentarse totalmente sesgados y en la voz de una funcionaria militante de la agrupación H.I.J.O.S., terminó agrandando el cono de sombra sobre aquellos años de plomo.  

 

Pero lo cierto es que certezas hay pocas. Como suele decir un abogado participante del juicio: “Se perdieron de echar luz sobre hechos tan oscuros en la historia de la ciudad”. Ante esta afirmación, surge la cuestión sobre si realmente les interesaba hacerlo, o en el fondo hubo otras motivaciones. Cuando en las audiencias se observa la presencia constante del Fiscal Daniel Adler, a quien Kishimoto en sus famosas confesiones le endilga ser un soldado de la Procuradora Alejandra Gils Carbó, secundado por las Dras. Eugenia Montero y Laura Mazzaferri, cuya corta edad le impiden comprender la naturaleza violenta de aquellos años y la propia fisonomía de aquella Mar del Plata, es prácticamente inevitable permitirse dudar del proceso en cuestión.

 

Y esta duda se refuerza cuando se indaga en el pasado de los Jueces del Tribunal que iniciaron formalmente las actuaciones, Roberto Falcone y Mario Portela. Pero no hace falta irse al pasado. Basta con saber que el 18 de junio de 2015, se constituyó la filial local de Justicia Legítima en la ciudad balnearia, la facción judicial del kirchnerismo, donde se eligió como su Presidente al ya citado Daniel Adler, y como Vocales a los Dres. Falcone y Portela. Todo el mundillo jurídico de Mar del Plata asegura que la única y verdadera motivación de este juicio es vengarse de Gustavo Demarchi. Según este medio pudo constatar, aún aquellos juristas que nunca simpatizaron con el Dr. Demarchi, remarcan su absoluta inocencia en esta causa. Siempre se recuerda la afirmación de un importantísimo Juez Federal: “Yo escuché, y sé que fue así, a muchas personas decir que estaban tramando venganzas con el armado de causas contra Pedro Hooft y Gustavo Demarchi. Son dos personas totalmente distintas, pero por motivos diferentes se las tenían jurada”. 

 

El Juez que en 2010 ordenó tanto la detención de Demarchi como la de otros imputados fue el Dr. Rodolfo Pradas, quien revestía funciones como subrogante en aquel año, a la espera de la titularidad del Juzgado. Por motivos que en otros artículos se comentarán, finalmente no fue elegido para el cargo, a pesar de haber hecho méritos suficientes. Según se pudo reconstruir de tres fuentes fidedignas, Pradas ya tenía designado a sus colaboradores y tenía preparada una pequeña fiesta para festejar la designación. Al enterarse de su derrota, gritó ofuscado: “Metí en cana a todos los que me pidieron, y así me pagan”. Tiempo después, le confesó a una fuente consultada que “de algo insignificante, armaron una causa. Se les fue de las manos”, en obvia referencia al caso CNU. Otra de las fuentes consultadas afirma haberle anticipado a Pradas que no ordene las detenciones, ya que los organismos de Derechos Humanos no influyen en la designación de Jueces. El Magistrado elegido en su reemplazo fue el Dr. Santiago Inchausti, de quien dicen que es en extremo allegado a La Cámpora.

 

La herencia judicial del kirchnerismo es algo que aún pocos tratan con la profundidad que ameritaría -a pesar de que reviste una considerable gravedad, mano a mano con la económica y la política. Peor todavía: aquel legado de inacción y complacencia de parte de la administración de justicia conserva capacidad para ensanchar aún más la grieta.


* Foto: Mario Portela (izquierda), y Eduardo Cincotta (derecha) | Crédito: El Ojo Digital