Freiler y Gils Carbó: vidas paralelas

El fallido intento de suspender al camarista Eduardo Freiler por parte del Consejo de la Magistratura reveló, acaso una vez, más la indisimulable torpeza de la Gestión Mauricio Macri, a la hora de manejarse en determinados terrenos; claramente, la justicia es uno de ellos. 

 

Observa un prestigioso letrado que conoce en profundidad el mundillo judicial: 'Para suspender a un juez en el Consejo, hay dos causales principales: mal desempeño y la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. El mejor ejemplo es el de prevaricato, o cuando a un magistrado le redactan las sentencias. Pero, en el caso de Freiler se trata de enriquecimiento ilícito, que no tiene que ver en forma directa con sus funciones, sino más bien de manera indirecta, a través de "favores" que pudo haber hecho. Yo hubiera ido por otro lado'. La pregunta es inevitable: 'Debió haber intervenido la Corte Suprema”, afirma convencido. Y agrega: 'Es muy grave que éste hombre [Freiler] continúe en su cargo. Las acusaciones en su contra son muy pesadas y, además, él sabe que el gobierno lo quiso sacar. ¿Qué imparcialidad puede tener a partir de ahora?'.

 

Para ampliar su fino análisis, el abogado consultado refiere: 'La Constitución consagra que es preferible el riesgo de una suspensión injustificada antes que el daño a la administración de justicia, que implicaría la permanencia en el cargo de un funcionario público. La Corte debió suspenderlo hasta tanto se investigue. En este caso la carga de la prueba se invierte. Es absurdo circunscribir lo de Freiler al Consejo'. Y grafica esta situación con un ejemplo: 'Imagínese que un cajero de un banco esté sospechado de sustraer dinero. ¿Lo deja el banco en su puesto? No. Usted lo suspende, hasta averiguar más'.

 

Pero el teatro de operaciones judicial es mudo testigo de otra serie de batallas sordas entre oposición y oficialismo. La permanencia en el cargo de Alejandra Gils Carbó como Procuradora General de la Nación es perfectamente comparable a la de Eduardo Freiler como camarista. El hecho de que ambos se mantengan relativamente firmes en sitios clave de la justicia ilustra en gran parte la resistencia que aún ofrece el kirchnerismo, y las dificultades que aquejan a la Administración al momento de avanzar en su agenda. En ciudades del interior del país, la justicia federal continúa cooptada por el nucleamiento autodenominado Justicia Legítima, en especial las fiscalías -la Procuración tiene mucho que ver en ello. Los intentos oficiales por remover a Gils Carbó vienen fracasando sistemáticamente. Si bien la Comisión bicameral de seguimiento y control del Ministerio Público parece dar sus primeros pasos, el modus operandi del Gobierno Nacional se resume en 'prueba y error'.

La ofensiva contra Gils Carbó parece orientarse con el foco puesto en dos variables: denuncias de corrupción y designación arbitraria de fiscales. La primera refiere a la compra de un inmueble para la Procuración en la calle Perón 667 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya licitación habría estado digitada antes de ser pública para beneficio de terceros presuntamente ligados a la Procuradora, a lo que se agregan contratos de alquiler para mudar fiscalías en Mar del Plata a un edificio que aún no había sido construído. En este último caso, la denuncia del fiscal Juan Manuel Pettigiani, que mantuvo un fuerte litigio con Gils Carbó, fue hecha en 2016 y todavía no tiene juez que la investigue.  

 

El manejo discrecional en el nombramiento de fiscales es un tema altamente controvertido. Un reglamento interno de la Procuración habilitaba a Gils Carbó a efectuar designaciones sin previo acuerdo del Senado ni mediante la implementación de concursos. Pero el 9 de enero de 2015, la justicia federal declaró ilegal esta maniobra, en relación a las diecisiete nuevas fiscalías que creaba el nuevo Código Procesal Penal, que el Presidente Mauricio Macri dejó sin efecto apenas asumió a través de un decreto. Aunque la discusión aún no está zanjada, ya que siempre se encuentran 'atajos' para eludir una orden judicial. Gils Carbó continúa designando fiscales de su simpatía mediante concursos diseñados a medida. 'Lo que ocurre es que la burocracia estatal es infernal. Y la Procuradora se vale de eso para apurar designaciones con la excusa formal de la celeridad de la instrucción de las causas', razona el abogado consultado por el asunto de Freiler. Y agrega que, 'lamentablemente, la ley orgánica sólo dice que los fiscales nombrados deben tener igual fuero y jerarquía de aquellos a quienes reemplazan. Todo lo demás queda a criterio de la Procuradora. No es ilegal lo que hace. Está dentro de su potestad'.

 

Ante la consulta relativa a eventuales respuestas que pudieren servir a destrabar la situación, el experto no duda: 'La clave está en la federalización. El Artículo 120 de la Constitución no dice que el Ministerio Público deba ser único. Por lo que, tranquilamente, se lo puede dividir a través de distintas funciones. No puede ser que un mismo organismo se ocupe de todos los fueros. Es esto lo que genera la discrecionalidad. Por ejemplo, en un mismo juicio puede haber un fiscal y un defensor oficial. Velan por intereses contrapuestos pero los dos dependen de la Procuradora. Un disparate'. Este abogado confiesa haber remitido a Marcos Peña, Jefe de Gabinete de la Administración, un Proyecto de Reforma del Ministerio Público, pero consigna aún no haber recibido respuesta alguna.

La remoción de la Procuradora no parece nada sencilla. Conforme se aprecia, los propios juristas no se ponen de acuerdo en los mecanismos a activar para que ello suceda. Mientras tanto, las denuncias contra Carbó, que ya totalizan más de una veintena, se acumulan. Lo propio sucede con Freiler: acaba de sumar tres nuevas denuncias en el Consejo de la Magistratura.

 

Amén de la baja intensidad institucional de la república, los dos casos de referencia certifican que la Administración Macri se mueve con torpeza en cuestiones sensibles. Así lo observa el experto consultado: 'Vale la pena el riesgo de la suspensión injustificada. Te respalda la Constitución. Las permanencias de Gils Carbó y Freiler no dañan al Gobierno. Perjudican al Estado'.