Puerto de Mar del Plata: grave denuncia contra fiscales federales

La historia del dragado del puerto marplatense remite a una secuencia interminable de irregularidades, pasando por sobreprecios y obscenas erogaciones millonarias, y transitando por denuncias por contaminación y adulteración relativas a impacto ambiental. Ahora, se agrega un subcapítulo cuyos protagonistas son, ni más ni menos, tres de las cuatro fiscalías federales que funcionan en la localidada balnearia. Entre ellas, destaca el rol que habría desempeñado el Fiscal General y Coordinador del distrito Mar del Plata, Daniel Adler. Los otros letrados -sobre los cuales ya se ha profundizado en este mismo espacio- son Laura Mazzaferri [en la fotografía, a la derecha de Adler] y Nicolás Czizik.

 

El 31 de julio de 2017, el ciudadano y marino mercante Roberto Maturana oficializó una presentación judicial en la que se exige que 'se aparte a las Fiscalías Federales que dependen del fiscal Adler de la instrucción de la causa, se allanen las oficinas del Consorcio Portuario Regional de la ciudad a fin de secuestrar documentación ambiental, que se ha evitado sistemáticamente incorporar a estos actuados (...)'. En uno de sus párrafos más resonantes, el texto refiere que Adler ha facilitado un 'accionar criminal', por vía de la inserción de diferentes medidas dilatorias. El presidente del consorcio portuario es un funcionario designado por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Maturana -entendido en cuestiones vinculadas a actos de corrupción en la terminal portuaria marplatense- ha venido explicitando un cúmulo de serias irregularidades en el puerto marplatense, ya desde el año 2005. Pero, a partir de la sanción de la Ley 23.618 -publicada en el Boletín Oficial en fecha 13 de diciembre de 2007, esto es, tres días después de los comienzos de los mandatos de Cristina Kirchner en la Nación, Daniel Scioli en Buenos Aires y Gustavo Pulti en Gral Pueyrredón, que declara al puerto de Mar del Plata en 'emergencia'-, la situación tendió a agravarse, en conformidad con las acusaciones del denunciante. La citada legislación dispone la reasignación de una partida presupuestaria para el inmediato dragado del puerto en cuestión. Un dragado es, lisa y llanamente, una acción tendiente a facilitar el acceso a una terminal portuaria a los efectos de que puedan ingresar barcos de gran porte, como ser buques portacontenedores y cruceros. 

 

Desde la primera draga Mendoza, propiedad del Estado Nacional, que arribó en 2009, hasta la llegada del buque de bandera china Xin Hai Beng en 2014, se calcula que se gastaron aproximadamente $460 millones, es decir, más de US$ 25 millones. El valor de referencia mundial es de casi u$s3 por metro cúbico de dragado. Es decir que, de acuerdo a estas cifras, el resultado de la draga debió devolver como resultado un aproximado de 8.300.000 metros cúbicos. A efectos de ser claros, esto 'equivale a dragar cuatro años el puerto de Buenos Aires', afirma otro entendido en la medulosa materia. No obstante, desde el año 2009 se sucedieron dragas de corte, de succión y grúas -pero los trabajos jamás se completaron. A todas luces, los resultados se alejan de todo parámetro de normalidad. 'Pagamos la obra más cara de la historia y, encima, las batimetrías (medición y control del dragado) las realiza la misma empresa. Es una locura', consigna Maturana.  

 

Amén de los presuntos sobreprecios, otro aspecto controvertido y que hace a los sucesivos e inconclusos dragados conduce, necesariamente, a la contaminación que producen, derivada de la misma corrupción. 'Los vertidos ilegales de las obras de dragado se han hecho sin el más mínimo resguardo ambiental, sin Estudio de Impacto Ambiental, ni Plan de Gestión Ambiental, ni Protocolo de Contingencias, ni Programa de Monitoreo de la calidad del agua, sin cumplir con lo establecido por la Ley 24.051', explicita la denuncia. Dicha Ley, que tipifica sobre el tratamiento de 'residuos peligrosos', abarca a la generación, manipulación, transporte, tratamiento, y disposición final de ese pernicioso subproducto.

 

El 23 de junio de 2015, denuncióse el vertido de agua y lodos negros proveniente del dragado al espejo interior del puerto, impactando en zona de playas del Club Náutico -por vía de una tubería de descarga de barros. A posteriori de dicha denuncia -radicada ante la Fiscalía Federal 1, a cargo de Laura Mazzaferri-, las autoridades portuarias 'deciden tirar los vertidos contaminantes obtenidos del dragado en un predio del Estado Nacional, sin la debida autorización', refuerza Maturana. Dicho predio se encuentra detrás de los famosos silos lindantes con la terminal portuarioa, formándose unos 'piletones desbordantes de aguas y lodos contaminados escurriendo al mar y a las napas', reza la denuncia. Prosigue Maturana: 'Desde que realizo mi primera denuncia, en marzo de 2015, he acudido casi a diario a la Fiscalía de Mazzaferri. Y, a pesar de mis reiteradas consultas y denuncias, era evidente que la Fiscal retenía los expedientes en su despacho'.

Recién el 7 de julio de 2015, se caratula causa penal, calificando a los hechos denunciados como 'contaminación culposa'. Es decir que, 'para la Fiscalía, los responsables tiraban contaminantes al mar sin darse cuenta', afirma el denunciante. El mismo puntualiza: 'La demora en la formación de la causa penal permite a los denunciados continuar con su plan criminal'. En simultáneo, ante la Fiscalía 2 a cargo del fiscal subrogante Pablo Larriera, se tramitaba otra denuncia de Daniel Adler -similar a la de Maturana. 'Cuando existen dos denuncias similares, la más antigua absorbe a la nueva. Pero esto no pasó: tomaron la de Adler, para dilatar los procesos. Mazzaferri estaba empecinada en desviar la investigación', asegura Maturana. Larriera terminaría siendo reemplazado en su función por Nicolás Czizik, en el mes de agosto de 2015.

 

En febrero del aquel mismo año, cuando ya hacía seis años que se intentaba infructuosamente dragar el puerto, Daniel Adler firmó un convenio con el Consorcio, con miras a instalar en el seno del predio una oficina del Ministerio Público Fiscal. El objetivo: poder lograr 'un acercamiento a la realidad portuaria y un seguimiento de casos de narcoterrorismo que requieran la intervención de la justicia'. En palabras del propio Adler, 'el dragado iba a permitir el ingreso a puerto de buques portacontenedores'. La afirmación del funcionario resulta, cuanto menos, llamativa, conforme es de público conocimiento que los contenedores son utilizados por organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes para administrar el ingreso y egreso de la droga. Conforme ya se había explicado en un trabajo anterior, expertos argentinos y estadounidenses consultados por El Ojo Digital certifican que la ciudad de Mar del Plata ostenta el tristemente célebre logro de ser el tercer puerto exportador de cocaína del mundo. Para colmo, esa funesta actividad se ve facilitada por la salida de funcionamiento del escáner, desde hace ya dos años. Finalmente, la comentada oficina jamás se inauguró. Y emerge otro dato, también llamativo: uno de los funcionarios cuyo rol es inspeccionar la salida de mercadería del puerto (su identidad es conocida, y fue en su momento designado por el gobierno de Daniel Osvaldo Scioli) fue condenado en 1996 a doce años de prisión, dada su participación en la Operación Langostino.

 

La actuación del MPF, a través de la UFIMA (Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente), también supo nutrir el cúmulo de suspicacias. La fiscalía remitió las actuaciones a la UFIMA, a criterio de que se expidiese ante la solicitud de unas muestras que nunca se tomaron. El 8 de febrero de 2017, arribó el informe de la Unidad, cuyos apuntes referían que, dado que no ha tenido a disposición análisis químico alguno, no está en capacidad de dictaminar, por lo que da por concluída su intervención. Los analistas sabrán tomar debida nota: la UFIMA depende de la procuradora Alejandra Gils Carbó. 'La situación es clara: Adler es un soldado de Gils Carbó', concluye Maturana. 

 

'En lugar de ordenar la interrupción de las obras de dragado o de allanar el Consorcio, las fiscalías intervinientes dilatan claramente el proceso: emiten oficios, remiten lo actuado a Buenos Aires, no incorporan videos a la causa que yo presenté, ni le exigen a la OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) muestras actualizadas. Son parte de este entramado', asevera el denunciante. 'Primero, denuncié a las autoridades del Consorcio y a Prefectura. Ahora, a Daniel Adler por asociación ilícita', agrega.

 

Y cierra su exposición -tajante-: 'La vinculación es clara. Los millones gastados en dragados que nunca se hicieron, y las maniobras de contaminación ambiental, cumplían el único propósito de robarle dinero al Estado'. 

Información adicional (videos aportados por Roberto Maturana)

Draga Mendoza 259: youtu.be/dCYgxH5dOCI
Draga Xin Hai Beng: youtu.be/_ppbatx6CDA
Draga Victory I: youtube.com/watch?v=TfLOQr29lkk
Desastre ambiental, La Plata: youtube.com/watch?v=JIYKetbiIsM
Desastre ambiental, Dock Sud: youtube.com/watch?v=U9URBqQHvKo