Acta SAFE: beneficios para cárteles y traficantes de marihuana en Estados Unidos

El pasado mes, la Cámara de Representantes en el Congreso de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley conocido como Acta para Operaciones Bancarias SAFE o SAFE Banking Act, iniciativa en apariencia inocua, pero que obsequiará acceso al sistema bancario y financiero a la naciente industria de la marihuana legal.

 

En un desarrollo ciertamente sorprendente, numerosos legisladores del Partido Republicano que otrora supieron oponerse a la legalización de la mahiruana, votaron a favor del proyecto.

 

Algunos de ellos argumentaron que votar por el proyecto consignaba un respaldo por el principio conservador que hace al federalismo. Otros citaron la inclusión de una enmienda que impediría el resurgimineto de una Operación Choke Point, polémica iniciativa claimed que en su momento desalentó a los bancos que pudieran hacer negocios con comerciantes de armas de fuego.

 

Cualquiera sea la excusa, algunos Republicanos en la Cámara de Representantes respaldaron el citado proyecto y, naturalmente, los contrabandistas de estupefacientes y cabecillas de cárteles de la droga sin lugar a dudas celebraron el hecho. Los Republicanos en el Senado deberán tomar nota, a efectos de no cometer el mismo error que la Cámara de Representantes, enriqueciendo potencialmente a sindicatos criminales y cárteles.

En estados de la Unión que han legalizado la tenencia, el uso y la comercialización de marihuana, los mercados negros de la misma se han ampliado. Las falsas promesas de erradicación de los mercados negros cayeron por su propio peso, dada la realidad que explicita que se ha detectado una mayor actividad ilegal, aspecto que ha involucrado la exportación de marihuana a estados en donde ésta no ha sido legalizada.

En lo que consigna un costado más preocupante de este problema, pandillas criminales y cárteles extranjeros utilizan el status legal de la marihuana como cobertura para enmascarar operaciones de cultivo, en complejos residenciales estatales y tierras federales.

En abril de 2018, las autoridades en California ejecutaron redadas en 74 domicilios del área de Sacramento, conforme se informó que los mismos fueron adquiridos por un sindicato criminal de origen chino. Más aún, se verificó que estos grupos vinculados al crimen organizado empleaban viviendas para cultivos, pero también para dedicarlas al tráfico de personas y a esclavitud.

De acuerdo al Gobernador de California, Gavin Newsom, los cultivos ilegales en el norte del estado 'están empeorando; la situación no mejora'.

A modo de esfuerzo para combatir el crecimiento del mercado negro, que se evidencia fuera de control, Newsom convocó a tropas de la Guardia Nacional, para destruir algunos de los masivos emprendimientos de cultivo ilegal. El funcionario incluso promocionó una campaña multimillonaria, financiada con impuestos de los contribuyentes, a modo de alerta. En ella, se arengaba a los californianos a adquirir marihuana en tiendas con licencia, y no a vendedores callejeros.

Numerosos players del sector -aunque no tienen licencia legal- cuentan con comercios, servicios de delivery, e incluso pagan por publicidad en el Internet. No es descabellado concluir que también aplicarán para la apertura de cuentas bancarias, ni bien se les brinde la oportunidad de hacerlo.

En este frente, un grupo bipartidista compuesto de cuatro ex administradores de DEA y seis ex zares antidroga de la Casa Blanca, urgieron recientemente al Congreso a que rechace el Acta SAFE, habida cuenta la potencial exposición del sistema financiero estadounidense frente al delito.

Naturalmente, al abrirse el sistema bancario a drogas del catálogo Schedule I, el Congreso estaría alentando a los bancos a participar de un delito que aún está catalogado como de orden federal, con las severas penas que involucra el particular.