Los gastos de la política y las recurrentes crisis de la Argentina. La crisis de diciembre de 2001. La sombra de Eduardo Duhalde

Corrían los últimos años de la Administración Menem, y el propio riojano había comenzado a esforzarse para destruir los beneficios cosechados por él mismo. A partir de su reelección en 1995, Menem decidió, gradualmente, que su retiro en el 99 debía ser con todos los honores, y asegurarse de que su figura fuera recordada con tintes heroicos por la historia. Fue así como, luego de haberle quitado gran parte del poder a los gremios del país, comenzó a destinarle ingentes cantidades de fondos del Tesoro para rehacer su imagen entre los alicaídos popes del sector. Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y otras conocidas lacras de la corporación mafioso-gremialista de la nación se alzaron con notables dineros, y contribuyeron, como siempre, con manifestaciones públicas y movilizaciones en favor del de Anillaco. Nunca nadie hablará del origen de las riquezas malhabidas de Hugo Moyano y su hijo Pablo, construidas a base de la extorsión, el apriete y la administración de la violencia en sus escalas más elevadas. La Nación, Clarín y otros medios jamás mencionarán el detalle de las cuentas de Moyano en el exterior, ni de las propiedades inmobiliarias que ostentan bajo testaferros en la Argentina. Cuestiones aparte, las siete cabezas del monstruo de la crisis de 2001 comienza a mostrar los dientes, una vez que el déficit fiscal -en buena parte generado por Menem, pero alimentado con furor por los propios funcionarios de de la Rúa- alcanza cifras demenciales cercanas a los diez mil millones de dólares. Pocos lo dicen, pero es la propia corrupción política la que ha generado ese espeso agujero negro. Números más, números menos, el déficit político se ubica entre los 10 mil y los 12 mil millones de dólares anuales. Al año 2001, tal es la cifra que la política argentina utiliza de los presupuestos para solventar sus oscuras actividades, desde cobro de cometas, contratación de ñoquis y barrabravas, organización de manifestaciones para apuntalar la propia imagen pública, etc. En definitiva, tal es la cantidad con la que el Estado -todos los argentinos- contribuimos a soportar a nuestros dirigentes. Con tremendo agujero en las finanzas, aparece la figura de Domingo Cavallo, quien -preso de su soberbia- cree que su propia imagen bastará para generar un shock de confianza que detenga el sangrado de los fondos del Tesoro Nacional. Pero Cavallo también sabe que él no sólo no podrá "atentar" contra el propio sistema político corrupto. Es aquí cuando comete su error más grave : se comunica con los principales banqueros -locales y del exterior- para solicitar "amablemente" que ellos ayuden con sus dineros a financiar el déficil fiscal -que en realidad es el mencionado déficit político-. La respuesta del sistema no se hace esperar : los banqueros extranjeros envían órdenes a sus filiales en la Argentina para que inviten a sus titulares de cuenta a remitir sus fondos al exterior. En medio del contagio, el dato se filtra también a las instituciones locales y el pandemónium se apodera de todo y de todos : mientras en la calle los ciudadanos se toman a golpes de puño para extraer dinero de los cajeros automáticos, a Cavallo se le "escapan" -como por arte de magia- 20 mil millones de dólares en tres meses. El tiro de gracia ya ha sido ejecutado. Con la crisis en la calle, Eduardo Duhalde -quien nunca ha dejado de controlar al aparato mafioso-gremialista de La Matanza y otras zonas del Conurbano, así como también buena parte de la producción, logística y comercialización de cocaína y ahora "paco"- ve su oportunidad y comienza la ejecución del aceitado plan que lo depositará en el poder, tal como siempre lo había soñado. Horas después de su reunión con banqueros y otros elementos del establishment financiero, los saqueos están a la orden del día. Omnibus, micros y combis con agitadores profesionales comienzan a arribar a puntos estratégicos del Conurbano y la violencia urbana se dispara. Lo extraño es que la rebelión se observa solo en la provincia de Buenos Aires. En la Capital Federal se producen incidentes aislados. Solo Rosario -con su impresionante geografía plagada de villas miseria- puede compararse en parte al desastre del cinturón bonaerense. El escándalo se detiene ni bien Eduardo Duhalde es proclamado Presidente de la Nación. Los motivos de la súbita pacificación son obvios : Duhalde es el único que puede garantizarla. El nuevo presidente planea la salida desordenada y violenta de la convertibilidad junto con el industrial Ignacio de Mendiguren -verdadero monje negro, jamás señalado por los medios masivos-. El nuevo sistema garantizará la licuación de los pasivos en dólares de los grupos económicos del poder, entre los que se encuentra el Grupo Clarín. Sugestivamente, el Diario Clarín ejerce gran influencia para posicionar la figura de Eduardo Duhalde como "salvador" y "gran estadista". Por propiedad transitiva, los elogios se continúan luego hacia la figura de Néstor Carlos Kirchner, en forma de devolución de favores para con su padrino político, Duhalde. Cabe destacar que Kirchner también ha contribuído con leyes a la licuación de pasivos del Grupo Clarín, así como también ha contribuído a la extensión de su monopolio. El reclamo relacionado con la reforma política aún no se realiza y continúa siendo ignorado por la Administración Kirchner. Analistas dedicados incluso colocan al déficit político por encima de los mencionados 12 mil millones de dólares, citando un ejemplo : el presupuesto en materia de salud en épocas de convertibilidad era de 20 mil millones de dólares, pero al sistema sólo llegaba la mitad de ese dinero. El grueso se perdía en burocracia, ñoquis, coimas y favores políticos. Otros incluso ubican dentro del déficit de las políticas de indemnizaciones en materia de derechos humanos, que se ha llevado la suma demencial de 5 mil millones de dólares de las arcas del Estado. Indemnizaciones pagadas en forma reiterada a las mismas personas u otras que no desaparecieron ni tuvieron incidente alguno con la dictadura militar. Fondos negros ilimitados otorgados a falsas organizaciones derechohumanistas y ONGs a cambio de favores políticos y suavización de críticas. El déficit político sigue ocupando su puesto de privilegio y rara vez es puesto bajo la picota. No sorprende la falta de iniciativa de los políticos -sus beneficiarios directos-, pero sí sorprende la tolerancia de la prensa y de la sociedad.