Impuestos confiscatorios e inseguridad, la receta que los Kirchner aplican con admirable destreza

Ya hace tiempo que los analistas políticos y los comunicadores sociales vienen echando mano de conceptos académicos y con encumbrado rigor intelectual, con el fin de explicar aquello que es, en la práctica, mucho más sencillo. Néstor Kirchner y su esposa han decidido refugiarse en la última línea de defensa que les queda. Esto es, piqueteros afines, asociaciones de derechohumanistas, luchadores sociales y empresarios amigos. En definitiva, todo aquel al que todavía se pueda mantener a raya por la vía del subsidio o del favor para ingresar en nuevos negocios. Al matrimonio presidencial ni siquiera le queda ya la vetusta y oxidada herramienta de la ideología. Los discursos de la Presidente no convencen; alimentan cada vez más rechazo ciudadano. Las arengas de su marido solo pueden ser pronunciadas ante un frágil público que se enhebra, pacientemente, de la mano de la "caja chica" que se tenga a mano. Concluir que el matrimonio gobernante se ha alejado de los estratos medios no es novedad. Sí parece ser la novedad del caso, que la primera mandataria y su cónyuge se han decidido a castigar a esa porción de la sociedad que los rechaza. El "acampe" piquetero que se adueñó de las primeras planas de los medios de tirada masiva es el mejor ejemplo para ilustrar el desprecio de los Kirchner por los residentes de la Capital Federal, por citar un caso. La Policía Federal ha quedado relegada a una suerte de guardia pretoriana que impone el orden solo allí donde se le dice que debe hacerlo. Sus agentes solo se protegen a sí mismos y a sus reparticiones. Llega a su fin la vieja prerrogativa porteña que rezaba que el conurbano bonaerense es el ojo de la tormenta, en lo que a la inseguridad se refiere. Más tarde o más temprano, el síndrome de la tierra de nadie golpearía las puertas en este lado de la Avenida General Paz, para desconcierto del Jefe de Gobierno Mauricio Macri y los miles de comerciantes que -en muchos de los otrora barrios capitalinos "seguros"- ahora optan por cerrar más temprano y marchar para sus hogares cuando cae la luz. Porque no vale la pena intentar cerrar una última venta, si en el proceso se arriesga perder la recaudación del día con la llegada de un último cliente, arma de fuego en mano. O, tal vez, la propia vida. En la provincia de Buenos Aires, el drama alcanza ya una proporción intolerable. Pero ello no se debe al triste final del ex jugador Fernando Cáceres pues, desde hace tiempo que casos similares se venían cobrando las vidas de otros miles de personas de bien. El problema de las "zonas liberadas" va de la mano con una serie de factores no siempre contabilizados apropiadamente: corrupción e inacción policial y judicial, escasez de recursos para combatir el delito, episodios "armados" para perjudicar a intendentes opositores, saturación del sistema carcelario, acostumbramiento ciudadano a los episodios de violencia, y la cobardía de muchos magistrados que -ante la duda- prefieren no encarcelar a delincuentes por temor a sufrir represalias. El Gobernador kirchnerista Daniel Scioli parece dar muestras de acabada satisfacción en medio de este entorno lamentable: ya no oculta sus simpatías y apoyo por la carrera de Néstor Carlos Kirchner hacia la Presidencia en 2011. Sin importar los cientos o miles de muertos que la sociedad deba soportar en el proceso, a manos de una inseguridad fogoneada y alimentada con combustible de alto octanaje por los moradores de Balcarce 50. En esta Argentina de hoy, el delito no consiste en ser un marginal o un amigo de lo ajeno. Pareciera ser que el peor crimen es pretender trabajar a deshoras para llevar más dinero a la propia familia, o incluso encontrarse uno mismo transitando por sitios peligrosos -como si se estuviera obligado a conocer de memoria el "mapa de la inseguridad" de cada distrito-. Desgraciadamente, todo apunta a la triste confirmación de que un Néstor Kirchner sediento de venganza poselectoral es el único arquitecto de este sistema perverso que tiene a la ciudadanía por rehén. Existe una cruda analogía entre el comportamiento de la dirigencia actual del país y la del señor feudal que se presentaba como el dueño del destino y de las vidas de sus súbditos. Mientras tanto, y habida cuenta de que esta problemática no se amortiguará en el futuro cercano, cualquier argentino se pregunta si acaso no será él -o algún integrante de su núcleo familiar- la próxima víctima cuya desaparición ocupará algunos borroneados renglones en las páginas de algún periódico local. Desde luego, esta realidad jamás es padecida por los referentes de la oposición, dado que ninguno de ellos se traslada de un sitio a otro sin la respectiva custodia privada. De aquí que se presten a un cuestionable e insípido juego de estrategias de largo plazo para desgastar a los íconos principales del poder kirchnerista. Desde luego, la urgencia no golpea sus puertas. Tome nota, señor De Narváez. Acuse recibo, Dr. Duhalde. En un esquema de lóbrego sarcasmo, el sistema desprotege a los ciudadanos, pero los reprime severamente si estos se deciden a hacer justicia en mano propia. En una sucesión de incontables episodios, se ha certificado que la peor parte siempre la lleva aquel que tiene el infortunio de abatir un delincuente en ocasión del robo al propio hogar o comercio, puesto que luego deberá soportar el acoso de los parientes del malhechor, o el de sus propios socios en el delito. La Justicia termina enviando un claro mensaje a todos nosotros, víctimas potenciales: Su única alternativa es morir. En el mejor de los casos, someta su voluntad al delincuente, entregue sus bienes y evite resistirse. La victimización del delincuente -innegable aporte de la Doctrina Zaffaroni- cumple un papel preponderante a la hora de tergiversar los hechos. Aún cuando segara la vida de una familia entera, el homicida "mata por necesidad". A la postre -y en la consideración de los magistrados-, el asesino resulta ser apenas un incomprendido. Un pobre diablo al que las circunstancias han apaleado, arrojándole a un pozo de falta de oportunidades. Imposible negar que el Far West en que han trocado muchas localidades del país amerita -cuando menos en ciertas zonas de la provincia de Buenos Aires- la implementación de toques de queda o la declaración del Estado de Sitio, como medida preventiva para salvar vidas y coartar la libertad de una delincuencia estructural que opera con perturbadora impunidad. Pero lo cierto es que, casi siempre, en pro de salvaguardar las "libertades individuales", la sugerencia sobre este tipo de alternativas suele dejarse de lado. Nuevamente, sin importar cuántos nuevos decesos se produzcan. Sin embargo, el estado de situación se ve rematado con la voracidad del sistema tributario, que cada vez pide más pero devuelve menos. El Gobierno Nacional se ha empecinado en llevar la presión impositiva hasta límites impensados y que rozan el ridículo. Producir o dedicarse al comercio se han vuelto batallas perdidas, sin mencionar la variable omnipresente de un insostenible acoso gremial. Recientemente, la sociedad se encontró con la noticia de que los aportes para monotributistas se han encarecido en un promedio del 85%. Los organismos estatales han calculado el incremento recaudatorio del que se beneficiaría el Tesoro pero -al mismo tiempo- se deja de lado la consideración frente a cuántos monotributistas dejarían de aportar, confirmados los aumentos en las cuotas. Unos cuantos miles ya habían dejado de hacerlo, mucho antes de conocerse la novedad. La tarea del cuestionado Ricardo Echegaray en AFIP se caracteriza por una caza de contribuyentes desprevenidos. Cualquier camino lleva a conclusiones difícilmente rebatibles con respecto al retardo mental que caracteriza a los "cerebros" de las clases dirigentes de la República Argentina. La única vía posible para combatir efectivamente la evasión fiscal equivale a un plan simultáneo en el que se disminuya el IVA a la mitad, se eliminen los impuestos distorsivos, deje de penarse la importación y se reduzcan sensiblemente las retenciones para exportar cualquier tipo de productos, salvo tal vez los estratégicos -como el petróleo y sus derivados-. Políticas que eliminen todo tipo de restricciones para la instalación de fábricas y nuevas empresas o PyMEs deberían acompañar la iniciativa. Paralelamente -y, en vista de que pagar se volvería menos complejo, burocrático y confiscatorio-, se tornará imprescindible elaborar un nuevo esquema penal para castigar incluso con prisión efectiva a todo aquel que se empecine en continuar evadiendo. Sin importar que se trate de Amalia Lacroze de Fortabat, Franco Macri, Marcelo Tinelli o el almacenero de la esquina. Por sobre todo lo descripto, el remate fundamental para este Plan: que cada centavo recaudado sea devuelto a la sociedad, en forma de obras y mejoras comprobables de la infraestructura nacional. En este punto, la pregunta que rebota en las cabezas de muchos lectores es: ¿dónde van a parar los algo más de setenta mil millones de dólares que recauda el Estado Nacional anualmente? Otra noticia que ha terminado por arrojar las escasas expectativas que le quedaban a la Argentina de ser una nación seria y previsible ha sido la que refiere al "impuestazo tecnológico", cuyo ideólogo y configurador maestro ha sido el recalcitrante diputado oficialista por la provincia de Santa Fe, Gustavo Marconato. Marconato es bien conocido en aquel territorio por ser uno de los más fieles soldados de Kirchner en su batalla contra el sector agropecuario. A poco estuvo, hace pocas semanas, de ser apaleado sin piedad al ser comprobada su presencia en ocasión de un match de fútbol por el torneo local. El proyecto, ya aprobado sin la menor resistencia en un Congreso de la Nación que cada segundo se aleja más de los intereses de una sociedad que alega representar, encarecerá todos los electrodomésticos que no son manufacturados o ensamblados en Tierra del Fuego, en un promedio de 35 puntos porcentuales. La cuestión fue negociada con los legisladores de la Gobernadora -ahora oficialista- Fabiana Ríos en las Cámaras. Aquellos votarían por la Ley de Medios, y luego el kirchnerismo le garantizaría este nuevo mamarracho, gracias al cual el distrito menos poblado del país podría incorporar inversiones miserables por US$300 millones y apenas poco más de mil nuevos puestos de trabajo directos. En la Argentina del ridículo y del espanto, el escenario termina caracterizándose por un lamentable sálvese quien pueda: en desmedro de la actividad económica de todo un país, una provincia cierra acuerdos para garantizarse un puñado de fondos extra. Cuestión que solo se explica a partir de la innegable inoperancia de la Gobernadora Ríos frente a la administración de las finanzas de su territorio. Pero esta patética Ley de impuesto a electrónicos no pasará desapercibida. Millones de ciudadanos postergarán, irremediablemente, sus planes para equipar sus hogares, dado que los precios finales de los productos abarcados por la iniciativa del Congreso se habrán vuelto definitivamente inalcanzables. El impacto en la actividad económica será de incalculables proporciones y solo se comprobará a partir de 2010. Peor aún: muchos legisladores olvidaron que ciertos productos de informática y alta tecnología -computadoras de escritorio, teléfonos celulares y monitores- entran en la categoría de bienes de producción. Precisamente, aquellos productos que -en tiempos de crisis y caída de la producción industrial- deberían ser los últimos en verse afectados en sus precios finales. La Administración Kirchner -se trate de la Presidente Cristina Fernández o su marido- ha hecho de la irracionalidad un consensuado estilo de gobierno. Una forma que, con la venganza como principal motivación, termina convirtiéndose en una receta para el desastre. Por Matías Ruiz, para El Ojo Digital Política. E-mail: elojodigital.com -arroba- gmail.com.