Los intelectuales y la causa Malvinas

Un grupo de intelectuales acaba de dar a conocer un documento sobre la cuestión Malvinas, sugiriendo que se incluya a los actuales habitantes de las islas como “sujetos de Derecho”, invocando el principio de autodeterminación de los pueblos y la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, que ordena respetar su “modo de vida”. Además, relativiza la importancia de la causa e insta a evitar una “agitación nacionalista”.

Entiendo que esta postura carece de claridad en cuanto a la defensa de los derechos soberanos de nuestro país sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, pasando por alto la condición de potencia usurpadora del Reino Unido de la Gran Bretaña, hecho que se mantiene desde el 1833, en que invadió el archipiélago, ocupándolo por la fuerza.

Tampoco destaca la decisión de la Organización de las Naciones Unidas de 1965, que incluyó a las Malvinas dentro de las incumbencias del Comité de Descolonización, ordenando a Gran Bretaña a iniciar negociaciones por la soberanía con la República Argentina.

El documento coincide con la postura británica en la consideración de los habitantes de las islas como parte legítima en el conflicto, como si fueran “terceros”. En realidad, tras la guerra del Atlántico Sur, Gran Bretaña les dio a los malvinenses el mismo status que a los ciudadanos de la metrópoli, dejando su condición dekelpers o ciudadanos de segunda, por lo que mal pueden ser tratados como terceros, ya que para la Corona son tan británicos como los londinenses. Además, ése y no otro es el deseo de los habitantes de las islas.

Durante el gobierno de Carlos Menem, su canciller Guido Di Tella, ensayó una política de seducción a los habitantes de las islas, que incluyó métodos poco convencionales en la diplomacia. El resultado fue el total rechazo de los mismos a cualquier intento de aproximación argentina.

Quizás, aunque no lo menciona explícitamente, el documento sugiera que podría convenir a los intereses argentinos una eventual formación de un estado “independiente” en las islas. Si la Argentina fomentara esa posibilidad, comenzaría a abdicar para siempre de sus derechos soberanos sobre las islas.

El documento también condena la “aventura militar” de 1982. Está fuera de discusión que fue una decisión de una cruel dictadura, que había asaltado el poder en 1976, y se hallaba en un momento de franca decadencia.

Es tan cierto que el 2 de abril de 1982 representó –a la vez- tanto un acto de dignidad nacional, como un demencial desafío al orden internacional.

El desembarco no constituyó una “invasión” sino que fue una acción soberana de la nación argentina sobre territorios que reinvindica como propios.

Pero los hechos posteriores marcaron una notable incompetencia diplomática. Un día después del 2 de abril, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a través de la resolución 502, ordenó el retiro de tropas. Detrás de ello, toda Europa occidental se unió en sanciones económicas y militares contra la Argentina. Gran Bretaña decretó la zona de exclusión y Estados Unidos ofreció un gobierno tripartito en las islas, propuesta rechazada por el gobierno argentino. Tras ello, como era lógico, los norteamericanos se unieron a sus aliados ingleses.

Luego, con la guerra ya en marcha, se rechazó también la propuesta de Javier Pérez de Cuellar, Secretario General de la ONU, que exigía el retiro de tropas de ambos países e imponía una administración neutral en manos de dicho organismo internacional.

La Argentina quedó sola y Gran Bretaña triunfó en la guerra, con un gran costo de vidas humanas y pérdidas materiales para ambos bandos. La victoria le significó a Margaret Thatcher, quien se hallaba en un momento de debilidad, un relanzamiento de su liderazgo político que se extendió por más de una década.

La Argentina no debe renunciar por ningún motivo a sus derechos soberanos, por más que fácticamente hoy parezca imposible su materialización. En la historia reciente, la caída del Muro de Berlín, la desmembración soviética o la devolución de Hong Kong, también parecían imposibles en los hechos.

Nuestro país debe elaborar una política de Estado para la recuperación de las Islas Malvinas. Personalmente, no adhiero al actual gobierno argentino, pero creo que esta causa nacional implica una obligación conjunta del gobierno y de la oposición, por lo que es requisito la grandeza de ambos.

En cada foro internacional, deberá plantear el tema, convocando a sus aliados sudamericanos, en especial Brasil, a sumarse al reclamo, ya que también hace a la defensa de sus propios intereses geopolíticos.

Sólo si la Argentina recupera su rol de protagonista en el concierto de las naciones, a través de años de políticas coherentes en materia institucional, diplomática, económica y militar, estará en condiciones fácticas de restaurar su soberanía en las Malvinas.

Mientras tanto, no le sirve renunciar anticipadamente a sus derechos, y menos aún, andar con el rabo entre las patas por el mundo por los hechos vividos hace treinta años.