El templo de la corrupción

Como náufragos perdidos en el medio del mar, cualquier señal puede resultarnos esperanzadora. Un pequeño brillo a lo lejos puede ser un faro; por eso, nos dejamos guiar por su luminosidad. Un leve sonido puede ser una lancha; intentamos acercarnos al lugar de donde proviene.

 

A medida que nos aproximamos, pasamos del fervor a la decepción. Aquélla luz y esos sonidos escondían a un grupo de embaucadores que pretendían quedarse con nuestras pertenencias y aparecer como los salvadores.

 

Cualquier semejanza con la realidad argentina no es pura coincidencia.

 

Una de las mentiras que desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) se intenta transmitir es la de su condición de "salvador" de la Constitución, sobre todo después de que su presidente protagonizara el fallo de la Corte Suprema que puso un freno a la reforma del Consejo de la Magistratura.

 

Primero, es importante señalar que el CPACF no intervino en la acción que derivó en la sentencia dictada en la causa “Rizzo, Jorge Gabriel", sino que ella fue interpuesta por “Gente de Derecho”, una agrupación privada integrada por personas unidas voluntariamente.

 

En segundo lugar, el CPACF ha dado muestras de incumplimiento legal y desprecio por el funcionamiento institucional ante cada oportunidad se le ha presentado, y sería en extremo tedioso para los lectores realizar aquí un racconto de todas ellas.

 

Pero, para muestra, basta un botón:

 

Desde mayo de 2011, el CPACF no presenta su Memoria y Balance, además de otros documentos necesarios para evaluar la gestión de sus órganos de gobierno (existiendo la obligación legal y encontrándose vencido el plazo para hacerlo).

 

El último Balance presentado fue impugnado, entre otras cosas, porque no se brindó información a los integrantes de la Comisión encargada de revisarlo y porque quien la preside era la tesorera que lo había confeccionado y firmado, hoy cónyuge del actual tesorero.

 

El 23 de septiembre próximo-pasado, los delegados de la agrupación Bloque Constitucional presentamos un pedido de información pública para conocer en qué gasta los recursos públicos que administra el CPACF, para lo que invocamos el precedente de la Corte “Asociación Derechos Civiles c/ Estado Nacional – PAMI s/ Amparo” que reconoció el derecho de acceso “aún cuando el recurrente no posea naturaleza estatal”.

 

Recordemos que el CPACF es una entidad pública no estatal de pertenencia obligatoria para quienes ejercemos la abogacía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que maneja la recaudación de los tributos que impone, llamados “cuota de inscripción”, “cuota anual” y “bono de derecho fijo” (y cuyos aumentos fueron impugnados judicialmente).

 

El CPACF tenía diez días para contestar, que tampoco cumplió. Recién este martes 12 de noviembre se dignó a responder, con una negativa carente de fundamentación. Los abogados y la sociedad toda seguimos sin conocer en qué gasta los fondos públicos el CPACF.

 

A medida que nos interiorizamos sobre el CPACF, se advierte que la supuesta defensa de la Constitución no es tal, sino una fachada, detrás de la cual se esconden secretos que sólo pueden cobijarse en un templo de la corrupción.

 

* El autor es Abogado. Presidente de 'Bloque Constitucional'.