El carácter proteccionista de la Ley Jones perjudica a los puertorriqueños

Una obsoleta ley de Estados Unidos de 1920 conocida como la Ley Jones o Ley de Cabotaje hace que los habitantes de Puerto Rico sean más pobres, de acuerdo a un nuevo informe presentado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

La Ley de Marina Mercante de 1920 requiere que las personas que transporten bienes en barco entre dos puntos de Estados Unidos utilicen buques propiedad de Estados Unidos, construídos en los Estados Unidos y operados por los Estados Unidos, incluso si existen disponibles opciones más asequibles.

Según la Reserva Federal de Nueva York, la Ley Jones es especialmente perjudicial para Puerto Rico:

Se estima en $3,063 el costo de enviar un contenedor de veinte pies cargado con bienes domésticos y comerciales desde la Costa Este de Estados Unidos hasta Puerto Rico; el mismo flete cuesta $1,504 hasta el cercano Santo Domingo (República Dominicana) y $1,687 hasta Kingston (Jamaica), destinos que no están sujetos a las restricciones de la Ley Jones…

Enviar productos hacia y desde Puerto Rico cuesta considerablemente más que que enviarlos hacia y desde los vecinos regionales de la isla, imponiendo, de este modo, un importante sobrecosto a las empresas puertorriqueñas y ahogando la competitividad de su economía. Gran parte de este relativamente alto costo de los fletes se atribuye en gran medida a la Ley Jones.

Y ya se han contabilizado numerosas recomendaciones para corregir este perjuicio. El informe de la Reserva Federal sugería conceder a Puerto Rico una exención de la Ley Jones durante cinco años. Entonces y tras una revisión, la exención podría, o bien revocarse, o bien hacerla permanente.

Otra opción, propuesta por el Consejo de Compañías Navieras de Hawaii, es la Reforma de la Ley Jones para el Comercio entre Estados No Colindantes (NTJAR). Esta eximiría a Hawaii, Guam, Puerto Rico y Alaska del requisito de tener que utilizar para el transporte de mercancías grandes embarcaciones autopropulsadas de tipo transoceánico que hayan sido construídas en los Estados Unidos.

Pero aquí tienen una idea aún mejor: debería derogarse por completo la Ley Jones, además para todos los estadounidenses.

Cualesquiera de estas opciones les daría a los habitantes de Puerto Rico, al menos, una parte del remedio legal que tanto necesitan frente a los costos que les impone esta anticuada ley.