España y el legado de los políticos: 100% de deuda pública

La deuda pública española alcanzó la simbólica cifra del 100% del PIB, al cierre del primer trimestre de 2016: casi 1,1 billones de euros o 60.400 euros por familia. Se trata de la cantidad más elevada de nuestra historia y es el resultado de ocho años de una irresponsable gestión presupuestaria por parte de los distintos gobiernos de España: y es que, desde que arrancara la crisis, la deuda de las Administraciones Públicas se ha incrementado en más de 700.000 millones de euros. O dicho de otra forma, entre 2007 y la actualidad, las obligaciones financieras del Estado se han prácticamente triplicado.

 

Además, y en contra de lo que suele afirmarse, este brutal estallido de la deuda pública no se debe esencialmente al rescate de la banca, sino al desfase estructural entre ingresos y gastos presupuestarios. Más en particular, los pasivos estatales empleados en recapitalizar a las cajas españolas han ascendido a 50.000 millones de euros: por tanto, sólo el 7% de todo el incremento de deuda vivido desde 2007 se explica por los fondos inyectados en el sistema financiero; el otro 93% se debe al exceso de gasto estatal con respecto a la recaudación fiscal.

 

Por consiguiente, los políticos han colocado sobre las espaldas de cada familia española más de 60.000 euros de deuda por negarse a cuadrar las cuentas: y han sido incapaces de cuadrar las cuentas no por haber recortado demasiado el gasto —tal como el populismo asegura— sino por haberlo recortado demasiado poco.

 

Afortunadamente, mientras las Administraciones Públicas mostraban una indisciplina fiscal histórica, las familias y las empresas exhibían una austeridad ejemplar. Desde 2007, las familias han reducido su endeudamiento privado en 150.000 millones de euros y las empresas en 270.000 millones: en total, una minoración de sus obligaciones financieras de más de 420.000 millones.

 

Contrasten, pues, la irresponsabilidad del sector público con la diligencia del sector privado: en apenas ocho años, el primero nos ha endeudado en 700.000 millones de euros; los segundos se han desendeudado en 420.000. A saber, la labor de saneamiento financiero acometida por nuestras familias y empresas se ha visto en gran medida emborronada por nuestros políticos: no sólo porque las Administraciones Públicas se han endeudado durante los últimos años mucho más de lo que han logrado desapalancarse nuestras familias y empresas, sino también porque nuestros gobernantes han colocado enormes piedras en el camino de esas familias y empresas a la hora de amortizar su deuda.

 

A la postre, si nuestros mandatarios hubiesen querido contribuir en lo más mínimo a que el sector privado recompusiera su situación de endeudamiento, sus políticas habrían consistido en recortar el gasto público para, de este modo, bajar los impuestos a los ciudadanos: esas menores mordidas tributarias habrían incrementado su renta disponible y les habrían permitido destinar tales sumas de dinero a desapalancarse en mayor medida.

 

Pero la historia fue la opuesta: los políticos aumentaron primero el gasto y la deuda pública, y luego subieron los impuestos. Lejos de reducir el gasto, los impuestos y el endeudamiento, multiplicaron estas tres rúbricas. Y, como resultado de tan desnortada estrategia económica, a punto de estuvieron de quebrar España en 2012 de no haber sido por la intervención del Banco Central Europeo.

 

A día de hoy, la clase política sigue sin aprender la esencial lección de que no debemos continuar endeudando más y más a los españoles: de hecho, todos los partidos parecen haber entablado una carrera para demostrar a los votantes quién reniega más de la austeridad. No es de extrañar: no pagan ellos, sino nosotros.

 

El agujero de las pensiones

 

Que la Seguridad Social española presenta un importante agujero financiero que solo va a agravarse con el paso del tiempo es algo que muchos venimos repitiendo desde hace años y que los políticos han ignorado en igual medida desde entonces. Por desgracia para todos los implicados en ese esquema piramidal que es la Seguridad Social, las cotizaciones no alcanzan a cubrir los insostenibles compromisos pensionales asumidos por el sistema. Ante esta crítica coyuntura existen dos posibilidades: o ajustar los gastos a niveles más sostenibles y realistas o tratar de extraer más recursos de una sociedad ya extenuada por el pago de impuestos. El PSOE acaba de anunciar que optará por la segunda vía al prometer implantar un nuevo impuesto cuya recaudación irá específicamente dirigida a pagar las pensiones. En realidad, estamos ante un nuevo sablazo sobre los trabajadores españoles, los cuales sólo verán deteriorada su calidad de vida todavía más con el único propósito de mantener un sector público gigantesco y depredador.

 

La morosidad se reduce

 

Por primera vez desde agosto de 2012, la morosidad de los créditos bancarios se redujo por debajo del 10%, hasta ubicarse en 129.222 millones de euros. La cifra indica la progresiva digestión que han ido acometiendo las entidades financieras de los excesos de la burbuja inmobiliaria. Recordemos que, en 2007, casi el 70% de todo el crédito otorgado por bancos y cajas se concentraba en el sector del ladrillo, de manera que el pinchazo de la burbuja generó un gigantesco agujero financiero que las condujo a la bancarrota. Desde 2012, el gobierno emprendió un proceso de saneamiento bancario por la doble vía de, por un lado, inyectar nuevo capital y, por otro, adquirir todos los activos basura a través de la Sareb. Hasta la fecha, este saneamiento parece estar siendo exitoso, aunque lo ha sido a costa de los contribuyentes: esto es, de trasladar sobre los hombros de todos los españoles las pérdidas de las entidades financieras. Jamás quiso explorarse la auténtica alternativa al rescate estatal de la banca: imputar esas pérdidas a los inversores y los acreedores de los bancos.

 

El desastre venezolano

 

La economía venezolana se está descomponiendo a pasos agigantados. A la hiperinflación, la absoluta carestía de productos básicos o los cortes diarios del suministro eléctrico, se le une ahora la ocupación militar, ordenada por Maduro, de todas aquellas fábricas que no estén produciendo a su pleno potencial. El presidente de Venezuela, en lugar de rectificar todo el conjunto de desastrosas políticas económicas que ha implementado y que han conducido al país al caos más absoluto, ha optado por seguir huyendo hacia adelante: a saber, por avanzar hacia la completa nacionalización de la economía. No funcionará, como jamás ha funcionado en ningún lado el socialismo: ese mismo pauperizador sistema que tan populistamente quisieron implantar en Venezuela y que sólo ha contribuido a destruir el país. Todos aquellos que pretendieron vendernos la revolución bolivariana como un ejemplo en el que debería mirarse el resto de Latinoamérica —e incluso España— deberían reflexionar muy seriamente sobre el desastre que han propiciado. Los únicos culpables del colapso venezolano no son sus gobernantes, sino también sus cómplices intelectuales.