Reflexiones sobre los “hermanos latinoamericanos” que habitan suelo argentino

Desde hace casi dos décadas, los argentinos venimos padeciendo un fuerte deterioro en nuestra calidad de vida. Sin duda alguna, gran parte de ese deterioro se debe a la presencia de inmigrantes de países vecinos quienes, en silenciosa invasión, han ido llegando a nuestro país en forma desordenada y sin medios de subsistencia. La mayor parte de ellos se preocupó por tener uno o más hijos nacidos en nuestro territorio, a los efectos de asegurarse su residencia. A posteriori, y abusando de nuestra hospitalidad, comenzaron a congregarse en lugares de privilegio de la Capital Federal (Caso de la Villa 31 de Retiro) hasta convertirla en su propiedad. Desde su posición de ciudadanos (sin serlo realmente) han exigido “viviendas dignas” y gratuitas aunque, en algunos casos, aseguran que quieren pagar por ellas. Pero se caracterizan por carecer de dinero y medios económicos para justificarse. Menos aún poseen un trabajo o renta fijos, dado que tampoco se encuentran documentados. Nadie ignora que en nuestro país existen millones de argentinos que tampoco poseen vivienda propia: una porción importante de nuestros hermanos viven en condiciones infrahumanas. A pocos minutos de la Capital Federal, por ejemplo, cientos de miles de argentinos pasan sus días en la pobreza más extrema, mas no consideran apropiarse por la fuerza de aquello que no les pertenece. Huelga decir que gran parte de los ciudadanos que habitan en la Capital Federal -de la extracción social que fuera- no son propietarios, y no tienen otra alternativa que pagar elevados alquileres si acaso pretenden residir en cercanía de sus trabajos. Nuestros padres y abuelos, y muchos de nosotros -argentinos de bien- supimos tener nuestra casa en lugares retirados, con terrenos pagados cuota sobre cuota, ladrillo sobre ladrillo. Con años de sacrificios y privaciones, a los efectos de poder disfrutar de nuestro esfuerzo. Hoy, nos hemos acostumbrado a vivir tras las rejas para escapar a la inseguridad reinante. A fin de cuentas, resulta insólita la exigencia de tierras, viviendas y subsidios declamados por el inmigrante, quien no se resigna a vivir distante de la Capital Federal y que tampoco tiene entre sus intereses el esforzarse para edificar su vivienda. Los sin papeles de naciones limítrofes pretenden obtener subsidios de parte de la dirigencia, obviando que ese asistencialismo egresa del Tesoro Nacional y resulta un subproducto de la recaudación impositiva que luego ellos mismos se esfuerzan en evadir. Conclusión: en una actitud reprochable y parasitaria, el extranjero ilegal pretende que los ciudadanos argentinos paguen por sus viviendas y terrenos, sin importar que millones de nuestros propios compatriotas continúan en sus provincias y que padecen de una existencia insalubre, postergados en sus necesidades más elementales. Párrafo aparte merecen los punteros y dirigentes políticos que motorizan estas acciones, alentando a los usurpadores a acometer daños en perjuicio de la sociedad argentina en su conjunto. Los razonamientos de los ministros del Gabinete Nacional son hipócritas y mezquinos, al asegurar que otorgar viviendas a los extranjeros es responsabilidad del Jefe de Gobierno de la Ciudad. Bajo este esquema, y si -como se pretende desde el Gobierno Nacional- se le garantizara techo y terreno a los extranjeros sin papeles, en pocos años tendríamos a la totalidad de bolivianos y peruanos abandonando sus países para residir cómodamente en la Capital Federal y sus alrededores. Cuando menos, el Ministro Julio Alak debería ser sometido a juicio político por pretender cargar la responsabilidad de haber abandonado a su suerte a los vecinos de Villa Soldati y Lugano solamente en el Jefe de Gobierno Mauricio Macri y en la Policía Metropolitana. Estos políticos sin escrúpulos ni consciencia social solo saben jugar con la vida y la tranquilidad de la gente que tributa puntualmente sus impuestos y, por ende, sus magníficos sueldos. Nuestros representantes perciben elevados salarios y solo invierten su tiempo en dirimir sus diferencias políticas ante los medios de comunicación. La clase gobernante no ha podido llegar más bajo. Genera escalofríos escuchar las expresiones del Jefe de Gabinete de Ministros Aníbal Fernández quien, más cercano a los modales de barrabrava de Quilmes que de Ministro de la Nación, pretende faltar el respeto a la inteligencia de los argentinos a partir de razonamientos básicos y patoteriles que solo pueden tener la aprobación de sus fuerzas de choque rentadas. De más está recordar que este cuestionable funcionario apuntala abierta y públicamente el consumo de drogas, favoreciendo el narcotráfico. Si al aluvión de extranjeros que invadió silenciosamente pero sin pausa nuestro país durante las dos últimas décadas se les antojara vivir en conjunto en la Capital Federal, ¿acaso deberemos mudarnos todos los vecinos para liberarles la Ciudad a su antojo? Este escenario no exhibe exageración alguna, dado que esto fue precisamente lo que sucedió en Liniers: incontables vecinos debieron rematar a precio vil sus viviendas de toda la vida porque no pudieron tolerar las diferencias culturales y el modo de vida de los bolivianos y peruanos, conocidos por hacer sus necesidades en la vía pública. Quienes visitamos Liniers en la actualidad, experimentamos la sensación de estar en una ciudad del Altiplano. La "toma” de esa ciudad, que supo ser un punto de reunión de católicos asistentes asiduos de la basílica de San Cayetano, permite concluír que se ha tratado de una invasión silenciosa y organizada. Maniobra que actualmente ha ingresado en la etapa de conquista de los espacios remanentes a partir de la violencia. Se trata, en rigor, de una guerra no declarada pero que ya cuenta homicidios, heridos y daños colaterales de relevancia, como lo es la pérdida de valor de las viviendas vecinas a los lugares ocupados. Recordemos, pues, lo expresado en el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional: Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Gongreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino; invocando a la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina. Nuestra Carta Magna -históricamente amplia y generosa- invita a los hombres del mundo que quieran habitar nuestro suelo, mas respetando sus postulados: ... Con el objeto de constituír la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior. Es evidente que las conductas de gran parte los inmigrantes durante las últimas dos décadas han estado lejos de coincidir con lo expuesto por nuestra Constitución. Antes bien, estos reflejan conductas claramente contrarias a lo que nuestra Carta propone. Se atenta, en definitiva, contra la Paz y la Unión Nacional. Peor aún, muchos inmigrantes -apañados por la corrupción de los últimos gobiernos que padecemos los argentinos, levantando las banderas de los derechos humanos- se aprovechan y abusan de esa herramienta de fines políticos que se da en llamar INADI. Logran, de esta manera, vivir, pero declarándose víctimas de discriminación cuando en realidad su rol es el de victimarios del resto de la sociedad argentina. Prueba clara y contundente es el aumento del consumo y comercialización de la droga que se registró en los últimos veinte años, en la cual (de acuerdo a los medios de comunicación y crónicas policiales) los ciudadanos llegados de países limítrofes han tenido un rol preponderante. Aunque corresponde reconocer que mucho de ello es consecuencia directa de la complicidad de nuestra corrupta clase política dirigente, que pareciera justificar su existencia en garantizar el accionar delictivo. ... Promover el bienestar general. Sería eterno enumerar los grandes abusos cometidos por gran parte de los indocumentados de cara a este postulado de nuestra Constitución. No se requiere ser un gran observador para concluír que las comunidades extranjeras que habitan nuestro país se organizan para sus festejos, para la compra de inmuebles y así crear y desarrollar sus propios barrios (Liniers, Bajo Flores, etc.). También se caracterizan por nuclearse en la empresa y formación de negocios cuyo denominador común es la evasión impositiva. Allí está el tristemente célebre ejemplo de la feria “La Salada” que, de acuerdo a reportes conocidos, se trata de uno de los centros caracterizados por la más elevada evasión de impuestos, venta de artículos de dudosa procedencia y mayor corrupción de Sudamérica, sólo comparable a Ciudad del Este en tierra guaraní. Quienes allí se desempeñan, prácticamente han monopolizado la venta callejera. La consecuencia es directa, y tiene que ver con el grave perjuicio que sufren aquellos comerciantes debidamente instalados quienes, haciendo honor a sus contribuciones e impuestos, deben soportar que sus propias veredas sean utilizadas para ejercer una competencia desleal y de corte ventajista. Un daño colateral que resulta de la actividad de los "puesteros" de países limítrofes ha sido motivo de múltiples quejas, jamás atendidas: me refiero puntualmente a la suciedad que estos dejan en la vía pública y los sitios que ocupan periódicamente. Todo ello, con la obvia connivencia con magistrados y organismos de control de Salubridad y Espacio Público. Es conocida también otra problemática que involucra a los indocumentados que componen el elemento necesario para la instalación y explotación de talleres de costura clandestinos: participando como mano de obra esclava, el inmigrante ilegal contribuye a la burla de todos y cada uno de los artículos que hacen a nuestras leyes laborales. La falsificación de marcas genera un perjuicio tan importante a la sociedad argentina y un daño económico tal, que resulta de difícil evaluación. Firmas importantes y aportantes como Gatic S.A. (Fabricantes de indumentaria Adidas) y otras similares -a consecuencia directa de la imitación sin límites que deben combatir- debieron cerrar sus puertas y echar a la calle a miles de trabajadores correctamente incluídos en el sistema laboral. Estos compatriotas son reemplazados por obreros extranjeros esclavos que hacen el agosto de los regentes de talleres marginales. Por cierto que podríamos seguir contabilizando hasta el cansancio las conductas delictuales de los extranjeros a los que nuestra tierra brinda albergue y que, desde su llegada, no se detienen en su objetivo de deteriorar la calidad de vida de los argentinos. Pero se hace necesario aclarar a las oportunistas autoridades del INADI que el presente escenario lejos está de constituír un caso de "discriminación": de lo que se trata concretamente es de asumir la defensa de nuestra calidad de vida, nuestra seguridad y la de nuestras posteridades. Todas estas variables están siendo dañadas y violadas cabalmente, bajo el amparo y complicidad de la gestión oficial y la pretendida enfermedad ideológica del resto de los elementos del Gobierno Nacional. Los argentinos debemos exigir que el inmigrante ilegal deje de colmar la capacidad de nuestros hospitales, nuestros queridos colegios estatales y toda aquella estructura social que se mantenga con los impuestos y contribuciones por nosotros aportados. Se impone exigir al Gobierno Nacional que ponga punto final a esta connivencia tan destructiva. El ingreso indiscriminado de ciudadanos extranjeros no debe continuar, al tiempo que es fundamental detener el actual proceso de entrega de tierras y subsidios para ellos. Como ha quedado expuesto, la presente situación acusa graves injusticias, especialmente cuando el inmigrante sin papeles cosecha mayores beneficios en desmedro de la ciudadanía argentina. Por Carlos A. Morán Hidalgo, para El Ojo Digital Sociedad. e-Mail: